Si hemos de serles sinceros alucinamos. Si, señores, casi no nos podemos creer que dos ministros del PP hayan tenido las agallas de liarse la manta a la cabeza y acometer, cada uno de acuerdo con las funciones que le competen, en virtud del cargo que ocupan, unas reformas imprescindibles, con valentía y sin miedo a las reacciones, previsibles por otra parte, de una oposición marcada indeleblemente por los fracaso cosechados durante los más de siete años en los que ocuparon el poder o de aquellos otros partidos que quisieron prosperar siguiéndoles la corriente a los vencedores, de los que se contentaban con recibir prebendas económicas o favores políticos; como ocurrió con los partidos separatistas del País Vasco y Catalunya, que supieron vaciar las ubres de aquellos que los utilizaron para poder gobernar de una manera despótica y, evidentemente, desastrosa si debemos atenernos a la situación de extrema penuria en la que dejaron a nuestra nación.
Lo curioso es que las reacciones a las reformas en Justicia y educación propiciadas por los ministros Gallardón y Wert, resulta que, insólitamente, vienen de colectivos que no se destacaron por sus críticas al PSOE, que no fueron capaces de poner sobre el tapete sus carencias o lo hicieron con sordina, cuando tuvieron ocasión de hacerlo. Ahora, no obstante, lo hacen lanzándose a las calles, parando en el trabajo o amenazando con ir a la huelga aunque sea un procedimiento que nunca se había utilizado por ambos colectivos. Debemos admitir que, en estas protestas, en las descalificaciones a las nuevas leyes, formuladas desde los colectivos de educadores o de los encargados de impartir la Justicia, como son los jueces, fiscales y otros servidores de la ley, llevadas a las calles por medio de manifiestos u otras soflamas, poco propias de quienes tienen una función ejemplarizante para el resto de ciudadanos o de la propia juventud; existe un componente menos profesional, podríamos decir que poco altruista y desinteresado, que es lo que yace en el fondo de tanto sarao: el hecho de que les han sido recortados los salarios, se han suprimido pagas extras y se han abolido determinadas gabelas inherentes a la función que cada uno de ellos tenía encomendada.
Lo que sucede es que el gobierno del señor Rajoy carece de un buen sistema de propagar sus propuestas, de airear aquello que convendría que los ciudadanos conocieran y de explicar con claridad las causas, las circunstancias, los compromisos y las obligaciones a las que se ha de enfrentar un gobierno, que se ve en la tesitura de intentar reducir el déficit interno, atender al pago de la deuda y de sus intereses, pagar a más de 5 millones de parados, sostener a los pensionistas y bregar con las autonomías, algunas de ellas que, en lugar de facilitar las cosas y colaborar en la gobernanza del país, se esmeran en ponerle todas las dificultades, reclamar más dinero del Gobierno y amenazar, casi impunemente, con constituirse en un estado independiente.
Pero el PP siempre se ha caracterizado por no saber vender a los ciudadanos aquellas cosas que son buenas para el país, dejándoles a la oposición, que sí son maestros en eso de la propaganda y disponen la mayoría de medios de comunicación, incluidas las TV, el camino libre para que puedan poner en la picota incluso a aquellas políticas que son un acierto para el ejecutivo. Por ello, por ejemplo, refiriéndose al caso de las reclamaciones de jueces y fiscales, el señor Gallardón ha explicado en una cadena de radio que, antes de que se aprobara la nueva ley de reforma de la Justicia, algunas asociaciones de jueces se habían mostrado favorables al encarecimiento de las tasas judiciales siempre que, cosa curiosa, el importe que se recaudara fuera destinado a mejorar su fondo de pensiones. ¡Mucho pretendido altruismo para evitar que los ciudadanos quedaran "indefensos" para ejercer sus reclamaciones que, visto lo visto, no tenía otro objetivo que ser una actuación meramente corporativa para asegurarse unas pensiones mejores! ¡Vaya, vaya con nuestros jueces!
Y es que, señores, lo que subyace debajo de estas insólitas reclamaciones callejeras, tanto de jueces y fiscales como de los funcionarios de colegios públicos y personal directivo de las universidades, no es más que puro egoísmo, porque lo que, verdaderamente, les duele a estos señores es que les hayan rebajado, como a todos los funcionarios, sus retribuciones, subvenciones, horas extras y otras gabelas de las que disfrutaban antes de los recortes del gobierno de Rajoy. Pero todos aquellos que amenazan con que la Justicia saldrá perdiendo y se refieren, falsamente, a ciudadanos que no podrán litigar por no poder pagar las nuevas tasas son, a la vez, los que llevan años convirtiendo la Justicia en una caja de truenos dentro de la cual se ve zarandeado cualquier infeliz ciudadano que se embarque en un litigio del que se puede pasar 6 o 7 años yendo de juzgado en juzgado antes de que consiga que se le imparta la justicia reclamada.
Tampoco explican el porqué de determinadas sentencias evidentemente politizadas y de dudosa constitucionalidad, emanadas de tribunales como el TC y otros tribunales de Justicia autonómicos en los que se les nota su clara influencia del separatismo. O de los evidentes y poco claros casos de fiscales que se vienen extralimitando en sus funciones cuando se trata de humillar a presuntos imputados de las derechas y, en cambio, no tienen ninguna objeción o reparo cuando han de apoyar, por ser de izquierdas, a un juez prevaricador como ha resultado ser el señor Garzón. ¿O es que la preocupación de los ciudadanos que tanto se recoge en las encuestas del CIS, por el mal funcionamiento de la Justicia; no debiera de haber hecho reflexionar a estos señores que ahora reclaman cuando un ministro intenta poner orden dentro de tanta porquería? No, señores, se trata de mantener los juzgados y tribunales mechados de infiltrados que ayuden a la causa progresista sin que, el derecho a una Justicia justa y equitativa, prevalezca ante las ideas totalitarias y sectarias que practican algunos jueces, evidentemente indignos del cargo que ocupan.
Y si hablamos de las Universidades y colegios públicos, que tanto se quejan por los recortes que les ha hecho el gobierno de Rajoy, dentro de un plan necesario de austeridad, convendría recordarles los malos resultados de nuestros jóvenes, el número extraordinario de abandono escolar (un 30%) y la baja calidad, como se nos ha comunicado desde Europa, de los resultados académicos de los estudiantes que, por lo visto, entre los peores de toda la UE. No hablemos ya de la indisciplina, la benevolencia de los rectores con aquellos estudiantes profesionales del desorden y el adoctrinamiento de izquierdas en las universidades, así como de la indisciplina en las aulas y la calidad de profesores, más interesados en trasmitir sus ideas progresistas que en enseñar a los alumnos la asignatura que imparte. Huelgas, mítines, reuniones y asambleas; todo menos estudiar y aprovechar el tiempo que, no lo olviden ustedes, pagamos todos lo ciudadanos con nuestros impuestos y que, en el mejor de los casos, los pocos estudiantes que consiguen su licenciatura con buenas notas, en lugar de quedarse en España para que les podamos sacar el jugo, emigran a otros países donde saben que serán mejor apreciados. ¿Qué reclama estos señores si no son capaces de cumplir con los deberes de su cargo? Sobran universidades en España y ninguna de ellas ha podido bajar del puesto 200 del ranking mundial ¡Una vergüenza!
¿Y todavía protestan y amenazan cuando debieran haber sido expulsados de sus puestos por incompetentes? Créanme, apesta a tufo de la más rancia y vetusta izquierda. O esta es, señores, mi forma de entender esta desagradable circunstancia.
Miguel Massanet Bosch