Antes de que el sistema financiero español tuviera que ser rescatado con más de 40.000 millones de euros procedentes de Europa (ya que España no tenía ese dinero), ya se habían practicado otras fórmulas para salir del apuro. Cientos de miles de ciudadanos (la inmensa mayoría, pensionistas) compraron participaciones preferentes por un valor de 30.000 millones. Casi todos lo hicieron engañados, creyendo que eran otra cosa. Fue una estafa perpetrada en las entidades bancarias que contó con la colaboración del gobierno socialista (bajo su mandato comenzó), del Banco de España (que animó a la comercialización), de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (que debía vigilar y prefirió guardar los informes en un cajón) y del gobierno del PP (que no ha instado a la fiscalía a investigar y que pretende dar carpetazo al asunto con un Real Decreto). Sobrevolando todo el entramado se encuentran las dos columnas del bipartidismo español. PSOE y PP controlaban las cajas de ahorros (las que más preferentes vendieron), formaron los sucesivos gobiernos colaboracionistas o encubridores y tenían colonizados los organismos supervisores que miraron para otra parte.
La diputada de Unión Progreso y Democracia Irene Lozano anunció ayer en el Congreso de los Diputados que su partido presentará una querella criminal por la estafa de las preferentes. Rosa Díez, portavoz del partido, confirmó por la tarde que se presentaría el lunes 15 de abril. Aunque el engaño es conocido desde hace tiempo, hay un elemento nuevo que resulta especialmente escandaloso: un informe de la CNMV en el que se describen las artimañas de Caja Madrid y Bancaja para mantener el precio de las preferentes artificialmente alto. Resumidamente, la treta consistía en utilizar para la compraventa de las participaciones unos procedimientos (un mercado) que no estaba pensado para ellas. Con un retraso injustificable, la CNMV impulsó la creación de un mercado transparente, similar al de la Bolsa. Aún así, Bankia siguió manipulando los precios en su propio mercado. Tres años después, todavía no se han resuelto los expedientes. Consta, además, que otras entidades también tienen investigaciones abiertas, aunque no se sabe (de momento) cuáles son.
El asunto de las preferentes es una pieza más de un monumental entramado que se ha venido abajo con la crisis. En este entramado podemos encontrar a cada paso las huellas rojiazules del bipartidismo español. Casi todas los bancos se vieron afectados por la crisis tras la borrachera inmobiliaria de la burbuja, pero las cajas de ahorros, controladas sobre todo por PP y PSOE (sin olvidar la connivencia de IU, nacionalistas de variado pelaje, sindicatos y patronales) habían incurrido en riesgos mucho mayores. El motivo es la falta de profesionalización de sus órganos de gobierno y las interferencias políticas.
Aunque los inspectores del Banco de España hicieron su trabajo y alertaron sobre el deterioro que reflejaban los balances de las cajas (hay documentos negativos sobre Caja Madrid de 2006, siendo gobernador Jaime Caruana), el regulador bancario no tomó ninguna decisión temprana. Y cuando lo hizo fue peor, promoviendo fusiones catastróficas. El Banco de España ha dilapidado todo su prestigio por plegarse a intereses políticos.
Es al comienzo de la crisis cuando se perpetra la estafa, perfectamente organizada, de las preferentes, que sólo en España se han vendido a particulares. Las cajas se encontraron con enormes agujeros, y diseñaron un sistema para engañar a sus clientes de más confianza. La CNMV, como hemos explicado, miró para otro lado. Hoy, preside el organismo una exdiputada y exministra del PP: Elvira Rodríguez. Otro órgano colonizado por los partidos.
Aunque ahora sus cargos ensayen poses crispadas por una fingida indignación, el PSOE era el partido que gobernaba España cuando todo esto ocurrió. Y ellos habían elegido al gobernador del Banco de España (M.A. Fernández Ordóñez, uno de los protagonistas más penosos de la trama) que animaba a la comercialización del artefacto financiero.
A Bankia ni siquiera le bastó con lo captado mediante preferentes. Salió a bolsa y volvió a captar ahorro privado. Ese ahorro, el de los que compraron acciones de la entidad, también se ha evaporado. Este suceso está siendo investigado judicialmente gracias a la querella que presentó UPyD, y ha servido para sacar a la luz la nefasta politización de la entidad y de los supervisores. De nuevo, el Banco de España y la CNMV miraron para otro lado. Que era lo que interesaba a PP, PSOE y satélites.
En el verano de 2012, la Unión Europea rescata al sistema bancario español con un crédito de dinero público que los españoles devolveremos con nuestros impuestos. Como condiciones por el rescate, se imponen pérdidas a los accionistas y a los poseedores de preferentes. El Gobierno no entiende que haya lugar a responsabilidades de los administradores ( en realidad comisarios políticos) de las entidades.
En marzo de 2013, el Gobierno promulga un Real Decreto que se vende como una solución aunque aplica grandes pérdidas a los poseedores de preferentes, tal como explicó el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo. La norma no establece ningún tipo de responsabilidad. Es, como la definió Irene Lozano con justa indignación, "el decreto del encubrimiento, del enterramiento de las responsabilidades y de la complicidad".
La responsabilidad del bipartidismo en el desastre financiero y en los engaños con que trató de taparse es clamorosa. Aquellos ciudadanos que todavía sienten apego hacia las fuerzas políticas a las que siempre han votado, deben reflexionar. Si no confían en este relato de los hechos, que investiguen por su cuenta. Mientras tanto, UPyD entiende que hay responsabilidades penales por depurar. Y, como ha escrito Rosa Díez, las obligaciones de los partidos no se limitan al ámbito parlamentario, sino que deben llegar hasta el final de los asuntos que, como éste, afectan gravemente a los derechos de los ciudadanos.