Un herido o un muerto les permite acusar a las autoridades de "fascistas", "plutócratas" e insensibles ante la "indefensión" del pueblo.
Decía el inefable poeta, don Ramón de Campoamor, lo siguiente "La conciencia a los culpados ahorca tan pronto y bien, que hay muy pocos que no estén dentro de su pecho ahorcados". Y estos día tenemos ocasión de observar como, aquellos mismos que dieron la luz al llamado "desahucio exprés" (Ley 19/2009 de 23 de noviembre), para facilitar la agilización de los desahucios por impago de alquileres, en pleno gobierno del PSOE, ahora se llevan las manos a la cabeza clamando en contra del PP, porque aquellas facilidades con las que estuvieron conformes y que permitían que familias en situación económica precaria fueran lanzadas a la calle ahora, en virtud de la Ley Hipotecaria, se dan en los casos de propietarios con hipotecas que no pagan a sus acreedores, con las mismas consecuencias: personas desalojadas de sus domicilios.
Lo que está ocurriendo en España, lo que se está permitiendo que suceda en nuestro país es que, la izquierda, ante su fracaso en las urnas, no hace otra cosa que buscar trasladar a las calles el evidente descontento de los españoles, causado por una crisis galopante que parece que no tiene visos de solucionarse. Los viejos tópicos del comunismo soviético, los eslóganes frente populistas de los meses anteriores a la guerra y la facilidad que las técnicas modernas de comunicación les prestan a todos aquellos que buscan, por los medios que fueren, movilizar a las masas, servirse de aquellos más directamente afectados por la crisis y crear un ambiente de caos permanente que le sea imposible de controlar al Gobierno a no ser con el empleo de la fuerza pública; algo que, inevitablemente, conduce a que, en un determinado momento, se puedan producir víctimas un resultado que, en realidad, es el querido por los alborotadores. Un herido o un muerto les permite acusar a las autoridades de "fascistas", "plutócratas" e insensibles ante la indefensión del "pueblo"; lo que siempre acaba acusando, a las fuerzas de orden, de actuar con abuso de fuerza, brutalidad y usar medios inhumanos.
Todo ello, que puede que a las generaciones actuales no les diga nada ni les advierta del peligro de una amenaza de una involución sumamente peligrosa, no obstante, para aquellos que vivimos las consecuencias de la Guerra Civil nos causa un profundo desasosiego, ya que recuerda aquellos hechos luctuosos y aquellas algaradas en las que las calles se convertían en campos de batalla en aquellos meses previos al levantamiento del Ejército de Marruecos el 18 de julio de 1.936. Puede que, para muchos, pueda parecer exagerado lo que estamos diciendo, incluso habrá algunos que dirán que en los tiempos actuales aquello no sería posible, pero lo cierto es que los enfrentamientos entre compatriotas empiezan con desencuentros de poca monta que, como está sucediendo hoy en día, poco a poco, se van radicalizando las divergencias hasta que llega un momento en que, los miembros de un partido son acosados por grupos incontrolados, el tono de los discursos de los políticos y de los agitadores callejeros se va elevando de tono y las descalificaciones acaban tornándose amenazas y, de aquí a que se llegue a las manos o se produzca algún "accidente" mortal, ya es sólo una cuestión de tiempo.
Y dentro de este ambiente enrarecido sólo faltaba que, esta institución a la que tantas veces hemos criticado por la indolencia con la que se enfrenta a temas sumamente delicados, por su evidente politización, por la inoportunidad de algunas de sus declaraciones y la poca efectividad en el desarrollo de las funciones que realmente le competen, el Consejo General del Poder Judicial, sale a la palestra, cuando nadie se lo pedía y, removiendo las brasas de esta hoguera en la que se ha convertido el tema de los desahucios, se permite, por medio de su portavoz, doña Gabriela Bravo, meterse en un tema más político que judicial, ya que nadie puede reclamar contra unas leyes que están vigentes ( en todo caso pedir que sean revisadas o derogadas)a las que, en todo caso, se les deberán aplicar las correcciones de la resolución del Tribunal Europeo para adaptarlas a la legislación comunitaria. La obviedad de decir que "les parece bien" la decisión del señor Griñán de Andalucia, de expropiar las viviendas propiedad de los bancos para darlas en alquiler temporalmente (todos sabemos lo que significa en este término en España), siempre que "encaje con el ordenamiento jurídico español" es, con perdón, una verdad de Perogrullo o dicho de otra forma: una obviedad.
A nadie le interesa que los jueces del CGPJ nos den su particular opinión sobre si les parece bien o mal la decisión de la Junta de Andalucía imponiendo, por Decreto, una expropiación sobre bienes propiedad de los bancos y sí, en cambio, hubiera sido interesante conocer si, al criterio de dicha institución, este Decreto sobre la privación, aunque sea temporal, de la nuda propiedad de bienes sobre los cuales sus propietarios pudieran decidir cual es el mejor destino que se les pudiere dar, de conformidad con la política económica de cada entidad; se puede o no considerar un acto constitucional o bien, como muchos pensamos, sólo nos hallamos ante un acto arbitrario, de cara a la galería, que excede de las facultades de la CC.AA en esta materia. Son demasiado reiterativas las intromisiones de, los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y de administrar Justicia; en ámbitos que tienen un componente político aunque, como individuos, tienen derecho a opinar como les parezca.
Estamos dejando que, en España, la diferenciación e independencia de los tres poderes que Rousseau dejó establecidos como referencia de un sistema de gobierno ideal: el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; se vayan acostumbrando a interferir en las responsabilidades atribuidas a los otros, de modo que, al final, uno no sabe si la Justicia es independiente o bien está condicionada en sus resoluciones por el gobierno de turno; los partidos políticos; los Sindicatos o por las manifestaciones o algaradas callejeras o si, el Ejecutivo, en el ejercicio legítimo de su política en virtud del mandato de las urnas, se ha de ver mediatizado por interpretaciones legales, tan peregrinas como han salido de tribunales tan importantes como es el caso del TC, que fue capaz de legalizar a una organización de marcado carácter terrorista por la ideología de un grupo mayoritario de sus componentes – el caso flagrante de la legalización de Bildu, cuando los informes policíacos denunciaban, tajantemente, sus estrechas relaciones con Batasuna y ETA y el empecinamiento en negarse a revisar aquella resolución, a pesar de que, con posterioridad, las actuaciones de aquella formación han demostrado fehacientemente que no es más que una rama política de la banda terrorista – o si, el Legislativo, el encargado de promulgar las leyes, se rige por la ética y busca el beneficio de los ciudadanos que los votaron o si, cada partido, se empeña en conseguir, a costa de los intereses de la ciudadanía, arrimar el ascua a su sardina, aunque ello pueda conducir a la nación a una situación de ingobernabilidad y caos social.
En todo caso, tengo la desagradable sensación de estar viviendo, en España, un momento de absoluta descomposición de los principios tradicionales, que parecen diluirse en el líquido corrosivo de la insumisión, el desprecio por las leyes, el individualismo antisolidario, la laicidad combativa, el apoyo a la insurrección y el regreso a una especie de anarquismo, dentro de una sociedad que parece haber perdido el sentido común. O así es, señores, como valoro a esta España en plena desintegración.
Miguel Massanet Bosch