(Publicado en El País-Caffe Reggio, aquí)
COLUMNA
Ayer se cumplió el aniversario de la Segunda República cuando la opinión publicada alerta sobre la crisis sistémica que afecta a nuestro país. Una crisis a la vez económica (la segunda recensión), social (6 millones de parados, 3 millones de pobres severos y 30.000 familias desahuciadas el año pasado), política (con los partidos como principal problema para un tercio de la ciudadanía), institucional (con la corrupción como primer problema para el 45%), territorial (por el auge del secesionismo catalán) y monárquica (por la deslegitimación de la familia real). De ahí que muchos conservadores auguren una crisis agónica del régimen como hace 82 años. Pero ¿hay para tanto?
A pesar del aniversario republicano, la crisis de la monarquía parlamentaria no parece un asunto demasiado serio. Pues si España sobrevive con gobiernos tan lamentables como los que soportamos, ¿cómo no habría de hacerlo con monarcas incluso más impopulares, dada la función ceremonial y decorativa de la realeza? Por lo demás, la crisis de nuestro sistema constitucional es crónica más que aguda, dada la inercia histórica de una cultura política basada en el sectarismo y el ajuste de cuentas. ¿Alguien puede esperar que con otro sistema electoral o autonómico se regenere nuestra vida política? Y en cuanto a la crisis económica, hace tiempo que escapó del control de nuestros gobernantes, invitados de piedra al juego de las potencias europeas de las que depende nuestra suerte. Como se ha dicho, desde 2010 nuestra democracia se ha convertido en una exocracia.
Pero hay dos crisis que sí tenemos que tomarnos en serio, que son la crisis social del empobrecimiento masivo y la crisis institucional de la corrupción: las dos caras de una misma moneda (el euro). En términos analíticos, una crisis se caracteriza por la suspensión o el incumplimiento de las reglas de juego. Y en efecto, eso es lo que está ocurriendo. Las clases acomodadas y las élites dirigentes están incumpliendo impunemente las reglas de juego, como revelan su masiva evasión tributaria, su fuga de capitales a los paraísos fiscales, el fraudulento saqueo bancario sufragado con cargo al contribuyente, la de-predación de las administraciones locales por parte de sus redes clientelares y la clamorosa financiación ilegal de los partidos.
Por su parte, los tribunales se lavan las manos sin decidirse a investigar a fondo intimidados por los poderes fácticos (como sucede con Ruz o Castro, que tras el precedente de Garzón no se atreven a registrar los domicilios de Bárcenas o Urdangarin) y dejando que los procesos se pudran a la espera del sobreseimiento, la prescripción o el indulto gubernamental. España ha dejado de ser un Estado social y de derecho para devenir un Estado asocial de impunidad justificada.
Paralelamente, a las clases populares se les violan sus derechos laborales y sociales, dada la privatización y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Y ante el ejemplo que dan las irregularidades de las élites dirigentes, no ha de extrañar que también la población marginada se atreva a imitarles rompiendo simbólicamente las reglas de juego, como hacen desahuciados y preferentistas con sus escraches en protesta ritual contra la brutal injusticia de que se les hace objeto.
Los escraches. Una modesta performance que busca sacudir con su catarsis la conciencia del público espectador. Y como tal, una fórmula tradicional de resistencia simbólica, como la cencerrada, el charivari o la cacerolada, que forma parte del repertorio de protesta de las clases populares. Lean, por favor, a E. P. Thompson (La economía moral de la multitud) o a Chuck Tilly (Los movimientos sociales) y no caigan en el desvarío de comparar los escraches (el derecho al pataleo de los pobres desahuciados) con el acoso de los matones fascistas (tipo Aurora dorada), como hacen los charlatanes neocon.
Pero la derecha no se conforma con condenar verbalmente los escraches, pues además los criminaliza para culpar a las víctimas, como ya hizo el año pasado con el movimiento 15-S. Entonces se prohibió acercarse a 500 metros del Congreso y ahora se prohíbe acercarse a 300 metros de sus casas, como si su familia fuera más sagrada que la de los desahuciados. Parece que los diputados pueden insultarse con inmunidad entre sí, pero si el pueblo les insulta se escandalizan y se hacen las víctimas de un delito de lesa majestad. Así crean un falso conflicto inventado, el de los escraches, para hacer desaparecer el verdadero conflicto real: el que enfrenta a los bancos acreedores con sus deudores hipotecarios, a los que se aplica una arcaica legislación que ya ha sido declarada injusta por el Tribunal de Justicia Europeo y por el Consejo General del Poder Judicial.