"Es mejor volverse atrás que perderse en el camino" Proverbio chino.
Resulta imposible de entender, para el común de los españoles y, digo españoles, en el doble sentido que se le puede dar al término: como ciudadano del reino de España y como patriota español; el que, a unos señores que han dicho, por activa y por pasiva, que no quieren seguir siendo españoles y que han anunciado, dentro de España y fuera de ella, que desean que se les de la independencia, para poder constituirse en una nación emancipada y libre, fuera de la propia nación española; se les permita seguir jugando con dos barajas y haciendo trampas, en temas de tanta enjundia y trascendencia como son la unidad del territorio español y la financiación asimétrica que, algunas autonomías. Reclaman, para recibir más apoyo del Estado que el resto de ellas.
El hecho de que, el señor don Arturo Mas, el presidente de la Generalitat catalana, esté reclamando que el Estado aporte más dinero a la autonomía catalana; que pidan a Madrid que, a través del FLA, se les ayude a financiar el pago del vencimiento de los famosos "bonos patrióticos", que la Generalitat tuvo que emitir para poder atender el pago de sus deudas (solo en el pasado 2012 recibieron más de 6.200 millones a cargo de dicho fondo), con una parte de la cantidad presupuestada para el citado FLA que, para este 2013, parece que va a bordear los 10.000 millones de euros (sólo para la comunidad catalana) y, a la vez, esté negociando bilateralmente por medio del señor Mas Colell, una financiación asimétrica que beneficie a la comunidad catalana, aunque ello no parezca agradarles demasiado al resto de comunidades que ven, en este trato especial, un incumplimiento de las promesas del Gobierno de no establecer diferencias entre las unas y las otras.
No entendemos que esta actitud de petición de apoyo económico se pueda avenir, en manera alguna, con esta postura chulesca, levantisca y despreciativa que, el mismo señor Mas y todo su equipo de CIU, con el apoyo de la mayoría de partidos del Parlamento catalán, excluidos el PP y Ciutatans, mantiene en Catalunya, reclamando el famoso "derecho a decidir", que no es más que una de las estupideces, una peligrosa y utópica petición que, si el señor Rajoy y su equipo no se la toman en serio, puede que acabe por crear una situación en la que no basten los buenos oficios de la política para solventarla. Y es que, señores, si uno se asombra de que, en esta pretendidamente boyante Catalunya –que se considera autosuficiente para enfrentarse, por si sola, a la recesión y se permite tener a más de 600.000 parados sin que ello parezca preocuparles demasiado, amén de soportar una deuda que se acerca a los 58.000 millones de euros – los políticos se permitan ignorar las resoluciones del TC; mofarse de las leyes estatales y de la Constitución española; negarse a cumplir las sentencias del TS y de la propia Audiencia de Catalunya, amenazando al Gobierno de la nación y criticando las advertencias del Ejecutivo respecto a la ilegalidad de sus resoluciones soberanistas ( la Abogacía del Estado ha sido concluyente calificando la declaración institucional del Parlament catalán como un acto inconstitucional) y quejándose de que no se respeten sus apetencias de decidir lo que les de la gana sobre el futuro de esta autonomía.
Que el señor Mas, el señor Homs, el señor Pujol y todo su séquito de ilusos independentistas, sigan empeñados en convencer al pueblo catalán de que su porvenir se encuentra lejos de España, sin que haya dicho de que medios se van a valer sin el apoyo de ésta; sin la oportunidad de poder entrar en Europa; sin la posibilidad de conseguir financiarse, debido a la baja calificación que las agencias de rating han hecho de la deuda pública catalana; sin una moneda propia; viéndose obligados a pagar en euros las importaciones; con unas pymes en apuros que van reclamando auxilio debido a que la Generalitat no les paga dentro de los 30 días establecidos por la ley, sino que tarda varios meses, en el mejor de los casos; y si no se lo creen que se lo pregunten a las 5.000 farmacias que están esperando que les paguen las deudas que les debe la Seguridad Social catalana, que superan los 6 meses de retraso, y, sin embargo, siga empeñado en mantener las famosa "embajadas catalanas" en el extranjero, a pesar del alto costo de su sostenimiento y los escasos resultados de tales delegaciones.
Estas llamadas "embajadas autonómicas" no han gestionado más que un intento de propaganda malévola encaminada a sostener que, la "nación catalana", es una de las primeras "potencias" económicas de Europa y que España no existiría comercialmente sin Catalunya. Lo que se olvidan de decir es el coste de las lujosas oficinas en Rockefeller Center de Nueva Cork o de hablar de nombramientos, para tales puestos, de familiares como el señor Appeles Carod-Rovira. Pero esta situación no se permite en ningún otro país de Europa, que no admiten que sus regiones tengan embajadas por un simple criterio de ahorro de costes. Es el Estado quien debe asumir la función, a través de sus embajadas, de promover el comercio de sus autonomías. Enchufismo, dilapidación y gasto innecesario, al duplicar funciones que ya ejercita el Estado.
Así que, mientras el Gobierno del señor Rajoy sigue inmutable, pretendiendo desconocer lo que sucede en Catalunya; manteniendo las ayudas que se le piden y sosteniendo conversaciones bilaterales con Catalunya; cuando debieran celebrarse con todas las autonomías a la vez (algo que ya se le recuerda desde Extremadura y Madrid); la deriva independentista sigue como si nada ocurriera. Ya han dilapidado demasiado tiempo consultando al Consejo de Estado y a la abogacía del Estado sobre la famosa declaración del Parlamento catalán. Las conclusiones de ambas instituciones han sido claras y diáfanas: "La declaración de soberanía tiene efectos políticos y jurídicos". Ahora no cabe más que tomar las medidas oportunas, las que quedan establecidas en la Constitución y aquellas a las que está obligado el Parlamento, de acuerdo con las normas constitucionales. ¿A qué están esperando para actuar? El recurso de inconstitucionalidad debiera ya estar presentado ante el TC. ¿Para cuándo el relevo de los miembros de dicha institución?
Con este apoyo jurídico ¿a qué se espera para cortar las alas a estos independentistas que, por si fuera poco, están sirviendo de ejemplo a los vascos, que ya parece que siguen sus pasos para apuntarse al independentismo catalán, tan pronto como consideren oportuno? ¡Sólo existe una soberanía, la del pueblo español! No, como pretende el señor Junqueras de ERC, de "la del pueblo catalán". Nuestra democracia no se puede dividir, ni cuartear o ponerle un número de ciudadanos, a partir del cual se pueda decidir. Somos todos los españoles, por medio de un referéndum, los que debiéramos, en su caso, decidir sobre la suerte de Catalunya y el País vasco, por una gran mayoría y no con la mayoría obtenida por los simples votos de minorías regionales. No sirven las campañas de descrédito a España que están llevando a cabo las famosas "embajadas"; no valen los viajes del señor Mas a Bruselas para intentar convencer a la UE de que ellos son una nación, que chocan con el muro de las leyes europeas y con el disgusto de aquellos con los que se dialoga. Ha llegado el momento de acabar con tanta estupidez y reafirmar la unidad, sin excepciones, de España. O así es, señores, como pienso se debiera actuar, sin más dilaciones.
Miguel Massanet Bosch