Por la investigación de más de 1.000 políticos
T.I. (Publicado en www.treinteresa.es, aquí)
- Afirma que "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales" con escaso control.
El diario 'The New York Times' lleva hoy a su portada en un extenso artículo la situación de corrupción en España, en el que afirma que los jueces españoles están investigando actualmente a "cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Gobierno".
La información toma como referencia el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el caso Urdangarin, la gestión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista "en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa".
Aunque 'The New York Times' asegura que España "no es en absoluto el más corrupto de Europa", también apunta que "mucho más está por venir". Para el diario, la corrupción en España "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta".
"Durante un almuerzo pueden decidir que vas a hacer con 100 millones de euros", explica al periódico Manuel Villoria, profesor del ciencias políticas de la Universidad Juan Carlos I, y añade que, ante esto, los dirigentes "podían pedir lo que querían". "A menudo no es para ellos, puede ser un apartamento para una hija o para los hijos de una hermana", apunta Villoria.
Además, 'The New York Times' ha destacado los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, "han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del 'boom' de la construcción".
Al respecto, Villoria ha explicado que, "pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar" de la construcción. Así, ha indicado que "el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar este lugar en el futuro, a menos que se realicen cambios".
Reforzar el sistema judicial
El diario estadounidense señala que en España "ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores". Pero, según subraya el periódico, "muchos expertos creen que aún queda mucho por hacer para reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años".
No es la primera vez que 'The New York Times' dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografía que, según explicaba, retrataban "la austeridad y el hambre" en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el "lujo" de la Semana Santa.
Para el diario, la corrupción "fue aceptada en el sur de Europa como un hecho normal, como una forma de distribuir el botín entre unas pocas persona, en muchos casos, los fiscales". A su juicio, ha sido la llegada de la crisis la que, al "estancar proyectos", acabó "por levantar el velo sobre los funcionarios corruptos, los sobornos, los pagos por favores y otros acuerdos que pocos imaginaban".
"En un momento en España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad de reducción del déficit a unos ciudadanos en apuros, estas revelaciones de corrupción política generalizada están avivando un amargo resentimiento, está desestabilizando gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto", apunta el texto.
En este sentido, el director general adjunto de Transparencia Internacional, Miklos Marschall, ha declarado al diario estadounidense que "la clase política no tiene sentido en el sur de Europa". Según ha señalado, "las instituciones públicas tienen que ser reconstruidas, paso a paso, para que el Gobierno pueda ser un actor creíble". "Este es el principal desafío", ha indicado.