"En la Justicia siempre hay peligro: o por parte de la Ley o por parte de los jueces" H.Bordeadoux.
Cuidado señores, con las armas que se les proporcionan a los jueces. La independencia de la que gozan los miembros de la judicatura, las amplias facultades que se les conceden para decidir sobre si una ley se cumple o no y las consecuencias que se pueden derivar de que la tercera columna del Estado, el poder Judicial, se pronuncie en un sentido u otro, en cuanto a la aplicación correcta de una norma en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos a no ser coaccionados, amedrentados, amenazados o chantajeados por grupos de ciudadanos perfectamente organizados, pertrechados, dogmatizados y aleccionados para interferir en las legítimas actuaciones de políticos, perfectamente legitimados en las urnas, utilizando, para ello, métodos totalitarios que nos hacen recordar tiempos en los que, para determinadas personas, el circular por las calles constituía afrontar el albur de no volver jamás a su hogar.
No sé quien será el juez que ha archivado la denuncia presentada por el marido de la señora Saez de Santamría contra los autores de las coacciones que tuvieron lugar ante su domicilio particular; de modo que mantuvieron a la familia de la vicepresidenta del Gobierno encerrados durante 20 minutos, sin poder moverse de su domicilio so pena de exponerse a recibir alguna agresión por parte de unos energúmenos, que no estaban allí para otra cosa que para asustar y poner en entredicho el derecho de todo ciudadano de poderse mover por España sin tener exponerse a ser atacado por el primer progre al que se le crucen los cables. En todo caso, lo que sí puedo afirmar es que, a mi criterio, este señor le ha hecho un flaco favor a la Justicia al sentar las bases para que, amparándose en su resolución, estos que pretenden convertir las calles en un sucedáneo del poder, aunque la representación que se atribuyen apenas cuenta con el apoyo de algunos pocos desnortados como ellos que, al carecer de argumentos convincentes para refutar las normas a las que se oponen ni facultad alguna para modificar las funciones de las cámaras de representación popular; deciden ejercer la, nada democrática, opción de imponer sus ideas por medio de la algarada callejera, atacando y asediando los domicilios particulares de los políticos del PP y sus familias…
No creo equivocarme si catalogo a este señor juez de Instrucción del juzgado nº 4 de Madrid, como uno más de estos jueces progresistas, de izquierdas, que, junto a otro número considerable de fiscales, con los que comparten la idea de que las leyes se han de aplicar en cada momento según sean las ideologías predominantes, que tanto daño han venido haciendo al concepto que los ciudadanos tienen de la Justicia, a la que se la considera, y con razón, politizada y al servicio de los intereses partidistas; donde predominan los de ideas izquierdistas, más preocupados por implantar un gobierno progresista que por mantener la legalidad vigente.
Parece, a la vista de las actuaciones de algunos de estos funcionarios de la Justicia que, en unos momentos en que el futuro de España está sobre el fiel de la balanza, pendiente de que nuestro país cumpla con los deberes que se nos han puesto desde Bruselas y que, en consecuencia, debiera de existir una tregua que permitiera dar la sensación de unidad; desde el defenestrado juez Garzón hasta la mayoría de estos llamados Jueces para la Democracia y organizaciones afines de jueces y fiscales de tendencia de izquierdas, en lugar de aceptar el veredicto claro de las urnas que le dio el poder al PP; hacen todo lo posible para, desde el poder judicial, segarle la hierba al Gobierno, mediante los habituales trucos de la izquierda, uno de los cuales es crear problemas en la calle para debilitar la credibilidad de los ciudadanos en el legítimo Gobierno.
Como ciudadano de a pie discrepo de que, tanto el derecho de reunión como el derecho de expresión, sean ilimitados, prevalezcan sobre los otros derechos de los ciudadanos y puedan ser utilizados para cometer delitos que, por lo visto, lo son para la mayoría de los ciudadanos españoles pero que, para determinados jueces y fiscales, no son más que "meras molestias", a las que deben someterse aquellas personas que tienen la desgracia de que nuestra Administración de Justicia este trufada de funcionarios que le conceden más importancia a que los habituales agitadores, perturbadores del orden, demagogos propagandistas, antisistemas y demás revolucionarios, puedan desempeñar con tranquilidad sus acosos y coacciones a que, los ciudadanos partidarios del orden y de la libertad, puedan ejercer sus derechos sin verse obstaculizados para ello.
Y es que, al señor juez, no le importó que el acosado no pudiera sacar a pasear a su hijo ni le pareció mal que a la vicepresidenta le gritaran "no son suicidios, son asesinatos", como si fuera culpa suya que las Ley Hipotecaria estuviera redactada de la forma en la que lo está; sin que, durante el año 2011, bajo el gobierno del PSOE, nadie se quejara de que se desalojaran, mediante su aplicación, nada menos que 58.241 familias, un 21'8% más que en el año 2010. ¿Por qué Ada Colau no salió con su banda a acosar a los miembros del gobierno del PSOE?, o ¿acaso las familias desahuciadas no tenían el mismo derecho, que las que lo son en la actualidad, del apoyo de la PAH?
En todo caso, no es que la Administración de Justicia esté entre las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Al contrario, son demasiados los errores de quienes la imparten; demasiadas las varas de medir según que los encausados sean de izquierdas o de derechas; demasiados los jueces que pretenden sobresalir sobre los demás y demasiados los fiscales de tendencias izquierdistas para que, la opinión pública, pueda emitir un dictamen favorable a lo que ha sido, durante los últimos años, el balance de la actividad de este colectivo de jueces, magistrados y fiscales. Penoso.
Lo que sucede es que, cuando un país pierde la fe en sus instituciones; se percata de que la Justicia no es lo que debiera ser y se utiliza, en más ocasiones de lo que sería de desear, para favorecer a sectores de la sociedad en detrimento del resto de los españoles; cuando no se respetan las reglas del juego y, cuando un partido de izquierdas es el que gobierna, la oposición se limita a ejercer sus funciones en el Congreso y en el Senado dentro del marco de la Constitución y, no obstante, cuando son las izquierdas las que están en la oposición no tienen empacho alguno a recurrir a todos los medios, legales e ilegales, para intentar derribar al gobierno de las derechas Y ¿a esto se le puede denominar democracia?. No, sin duda alguna que no; a esto se lo conoce en cualquier civilizado como el ejercicio ilegal de la función opositora. La deslealtad manifiesta de partidos que reclaman la democracia dentro de las cámaras de representación popular, al tiempo que se valen, fuera de ellas, de los procedimientos totalitarios y absolutistas que tan característicos son de aquellos estados en los que la democracia no es más que una cubierta endeble con la que se intenta disimular el bolchevismo más dictatorial.
No me cansaré de repetirlo aunque no se me haga caso: de seguir por este camino, mientras la justicia apoye a los delincuentes y abandone a las personas honradas; mientras se respeten escrupulosamente los derechos de los facinerosos, etarras, alborotadores y depredadores del orden y, a cambio, se relajen en cuanto se refieran a las personas de orden, a los ciudadanos honrados que exigen que se los proteja y se haga oídos sordos a los que piden una justicia independiente, apolítica y respetuosa con el espíritu de las leyes; todos corremos el peligro de que, a la postre, los españoles se cansen de las injusticias, algo que, por desgracia, ocurrió en otra ocasión, con nefatos resultados. O así es como veo, señores, a esta Justicia, sin venda sobre los ojos.
Miguel Massanet Bosch