Al margen de la ley (por Antonio Elorza)

Son tiempos de crisis, y no solo económica, sino también de la democracia y
del Estado de derecho. Uno de los rasgos más claros en este último orden de
cosas es el regreso del privilegio, esto es, la tendencia a constituir en
beneficio propio, desde posiciones de poder, un ámbito propio de decisión o
normativo, donde se incumple la legalidad vigente. En su Ensayo sobre los
privilegios, lo definió el abate Sieyès: “Todos los privilegios tienen por
objeto, bien dispensar de la ley, bien conferir un derecho exclusivo a algo que
no está prohibido por la ley; la esencia del privilegio es estar fuera del
derecho común”. Y como en la Europa actual esta recreación del privilegio carece
de toda legitimidad, toca a legistas ad hoc calificar torticeramente
aquellas situaciones para las cuales, si no en la forma, en el fondo, convenga
que la condición privilegiada sea reconocida.

El caso más exacerbado de esta orientación es, en nuestro entorno y sin la
menor duda, el del expresidente italiano Berlusconi. Con millones de euros
gastados en abogados defensores, y con el uso desatentado de sus televisiones y
periódicos, al encontrarse ante el riesgo de condenas en serie, ha decidido
pasar por su cuenta a la ofensiva, procesando y condenando a la magistratura.
Toda su actuación presionando al Gobierno Letta responde a este fin. El
privilegio de su impunidad debe ser la ley. La última escena de Il
caimano (2006), de Nanni Moretti, resultó profética: el cavaliere
está dispuesto a asaltar —ya lo ensayaron sus diputados y senadores en Milán— y
a incendiar el Palacio de Justicia si la ley le es aplicada.

Sin llegar ni de lejos a tal exceso, y con mucha mayor discreción, la sombra
del privilegio planea también sobre otros países europeos, concretamente sobre
el nuestro. Basta mencionar el auto de la Audiencia de Palma sobre doña Cristina
de Borbón y las reacciones de relevantes autoridades ante el mismo. El fiscal
general del Estado “se alegra”, y un ministro estalla de gozo al subrayar que la
persona liberada de la imputación “¡es una infanta de España!”. Nada tiene de
extrañar el efecto bumerán suscitado, con efectos inevitables sobre el decaído
prestigio de la Corona: un 80% de españoles la estiman ya culpable. Los dos
magistrados que deciden contra la imputación se mueven en aquel registro, al
poner implícitamente de relieve que no están enjuiciando a un ciudadano como
cualquier otro —incluido el juez instructor, cuyo trabajo ven aquejado de
“debilidad, inconsistencia”—, sino a “la infanta Cristina”, o simplemente “la
Infanta”. Actitud reverencial que puede traducirse en una voluntad exculpatoria.
De un lado, como subraya el juez Jiménez en su voto particular, al plantear el
tema exagerando el significado de la eventual declaración, que “no es la
determinación de los hechos que se le imputan”; de otro, al fragmentar el
análisis de las posibles pruebas. Por eso pueden concluir que “no hay indicios
vehementes” para la imputación. El juez Jiménez se refiere siempre a “doña
Cristina de Borbón”: ciudadanía frente a residuos del privilegio.

En Nóos se trataba tal vez de una dispensación de la ley, pero también es
posible encontrar ejemplos de la segunda variante, la asunción de un derecho
exclusivo, dejando de lado la ley común. Es lo que sucede con los procedimientos
implementados para asegurar el éxito de la vía catalana hacia la independencia.
Lo recordaba Carme Chacón en su carta al jefe de los socialistas catalanes, al
desaconsejar la asistencia a todo acto en que la presencia del PSC legitimase
las actuaciones de Artur Mas, realizadas “de espaldas a lo que establece la
ley”. “Es conveniente que un partido hable con una sola voz”, declaró Pere
Navarro a El Mundo y ya sabemos, por los medios cercanos a la dirección del
PSOE, que Carme Chacón es una trepadora. Pero el problema deviene capital a la
vista de los proyectos del recién establecido Consejo de Transición Nacional,
donde el jurista, aquí nada menos que un exvocal del Constitucional, traza la
cortina de humo sobre la finalidad esencial, preparar la independencia.
Coartada: es el escenario “menos estudiado hasta la actualidad”. Y por supuesto,
toca preparar “la consulta”, incluidas pregunta y fecha, y “a los cambios que se
deberán hacer para adaptarse a la nueva realidad”. La Constitución ya es
irrelevante en Cataluña, y lo que es peor, también lo es una información y un
debate democrático que dé voz al gran número de catalanes no independentistas.
De nuevo, privilegio frente a ley.