(Publicado en UPyD-Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid, aquí)
La desaparición de Caja Madrid se debe en gran parte a una gestión irresponsable no profesionalizada, dirigida por órganos de gobierno elegidos por PP, PSOE e IU en función de sus propios intereses partidistas, y no del interés general, que es lo esperable en una entidad cuyo fin principal es el social.
La ocupación de Caja Madrid por los partidos políticos supuso su utilización como una herramienta electoral, tanto por la Comunidad como por muchos de sus municipios, que la llevaron a acometer inversiones ruinosas, engordar la burbuja inmobiliaria o conceder créditos “de amigo”. Practicamente, el único futuro que aseguraron sus gestores fue el propio, al asignarse sueldos millonarios: 17 directivos cobraron 71 millones en 4 años.
Precisamente por esto último, UPyD -único partido que no formó parte del gobierno de las cajas, sino que reclamó desde su nacimiento la despolitización de las mismas-, presentó en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Caja Madrid, su Consejo de Administración y altos cargos por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, estafa y falsificación de cuentas.
En la Asamblea de Madrid, PP y PSOE se repartían cargos y ahora, culpas… pero todos estaban allí
No es de extrañar que, con estos antecedentes, ayer saltara la noticia de que el juez Elpidio José Silva ordenaba el ingreso en prisión provisional, bajo fianza de 2,5 millones, de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida. Detrás de ello está la adquisición del City National Bank of Florida, que se realizó el 7 de noviembre de 2008, por 927 millones de dólares: el doble que otras operaciones similares llevadas a cabo por otras entidades españolas.
En el Informe Anual del Gobierno Corporativo de Caja Madrid de 2008 puede verse reflejada esta controvertida operación, así como quiénes eran los miembros del Consejo de Administración de la entidad por aquel entonces: su presidente, Miguel Blesa, designado por el Partido Popular, y su vicepresidente, José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, así como otros consejeros, entre los que se encontraba Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, actualmente también en prisión. De hecho, según publica el diario Expansión, «esta compra fue aprobada por unanimidad del Consejo de Administración de Caja Madrid; es decir, con el voto de los ocho miembros del PP, cuatro del PSOE, uno de IU y cinco de CCOO y UGT».
Blesa, aterrizó en Caja Madrid de la mano de José María Aznar, del que fue compañero de oposición, apoyado por Alberto Ruiz-Gallardón. Presidió la Caja desde 1996 a 2010, año en que Rodrigo Rato tomó el mando de la entidad. Su salida de la misma podría calificarse turbulenta, debido a la guerra abierta entre Esperanza Aguirre y Gallardón por controlar los órganos de la Caja. De hecho, por este motivo, la ley de Cajas de la Comunidad fue modificada hasta seis veces en cinco años.
Esta “guerra por el control de Caja Madrid”se centró en la renovación de su Asamblea General y en la lucha por mantener o defenestrar a su entonces presidente, Miguel Blesa: mientras Aguirre lo quería fuera de la presidencia, Gallardón defendía su continuidad.
En la era post-Blesa, el Consejo de Administración de Caja Madrid quedó configurado de la siguiente manera:
No fue fácil llegar a esta tarta tan bién repartida entre todos, sino que a este resultado le precedió toda una serie de negociaciones y "tiras y aflojas" tendentes a que todos -políticos, sindicatos y organizaciones empresariales,entre otros- obtuvieran su parte del maná.
Esperanza Aguirre (PP) y Tomás Gómez (PSOE) pactaron una renovación del Consejo de Administración: la presidenta ofrecía al líder socialista la posibilidad de nombrar a cuatro de sus miembros, a cambio de que Gómez apoyase la candidatura de Ignacio González –actual presidente regional- como presidente la Caja.
Sin embargo, cuando el acuerdo entre la cúpula de PP y PSOE parece cerrado, el Partido Popular a nivel nacional expresa su rechazo a la candidatura de Ignacio González y propone otros nombres. Finalmente, Rodrigo Rato acepta ser candidato, a propuesta de Mariano Rajoy y con el beneplácito del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Esperanza Aguirre.
Posteriormente, Rodrigo Rato y Tomás Gómez alcanzan un acuerdo por el que, según información publicada en el diario El Mundo, “Rato se compromete a respetar el acuerdo alcanzado por el vicepresidente regional, Ignacio González, con PSOE y sindicatos, pero también deja atada una nueva reforma de la Ley de Cajas, que permita incrementar el número de consejeros del PP en el Consejo de Administración, aumentando el total de miembros hasta 24”. Además, según este acuerdo, Rato acepta asignar una vicepresidencia y dos consejeros a los socialistas, así como la presencia en empresas participadas y órganos de control de Caja Madrid por parte de uno de los sindicatos.
En junio de 2009, PP, CC.OO., IU y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC) firman un acuerdo que eleva de dos a tres el número de vicepresidencias en el Consejo de Administración de Caja Madrid, incrementa los miembros de la Comisión Ejecutiva de 10 a 12 y adjudica en exclusiva al partido político con mayoría la capacidad de proponer al candidato a la presidencia, con el compromiso del resto a apoyar dicha candidatura.
A finales de 2009 y a través de la Ley de Acompañamiento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovecha para modificar la Ley, de tal forma que, si en el futuro se propuesiese fusionar Caja Madrid con otra entidad, como así sucedió con Bankia, esta no precisaría de un informe del Banco de España sobre su pertinencia. Además, con esta reforma se lograba echar abajo la intención del Gobierno central y del Banco de España de arrebatar a las comunidades autónomas el poder de veto en las fusiones entre cajas de diferentes regiones.
En enero de 2010, representantes de PP, PSOE, CC.OO. y UGT firman incrementar la presencia de entidades sociales, empresariales y sindicales en la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control de Caja Madrid, así como votar por unanimidad la elección del presidente de la Caja. Además, se comprometían a respetar este acuerdo de cara a procesos electorales futuros.
Los pactos se van materializando. En febrero de 2010, Rato es finalmente nombrado –por unanimidad- presidente de Caja Madrid; es decir: con el voto a favor de PP, PSOE, IU y sindicatos. Y un año después, se reforma el artículo de la Ley de Cajas que permite aumentar el número de miembros del Consejo de Administración hasta los 24 que Rato ha pactado con Tomás Gómez.
No deja de sorprender: el candidato a presidente de una caja de ahorros pacta la reforma de una Ley regional para incrementar los cargos a repartir entre los miembros de un partido, lo que demuestra claramente la confusión de papeles entre partidos, instituciones autonómicas y cajas de ahorro; un cóctel explosivo que pone de relieve que detrás de las cajas se encontraban las direcciones regionales y nacionales de los principales partidos del país: PP, PSOE e IU, sus administradores ocultos.
Como se ha sabido más tarde, estos sucesivos pactos entre el partido con mayoría absoluta y los dos de la oposición no sólo dio frutos al Partido Popular, sino que tal y como desvela el diario digital La Información, PSOE e IU fueron, precisamente, los partidos que más dinero pidieron y recibieron de Bankia en la era Rato.
La toma de equivocadas decisiones económico-financieras por aquellos a quienes los partidos habían puesto al frente de Caja Madrid, y la intervención que las diferentes instituciones de la Comunidad habían tenido sobre la Caja para la configuración de su estructura institucional y el nombramiento de sus órganos, influyeron sin lugar a dudas en la mala situación de una entidad que acabó, junto con otras siete igualmente expuestas al “ladrillo” (Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de la Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia) fusionándose en BFA Bankia. De hecho, Caja Madrid tenía el 52% del capital de BFA, y éste a su vez, el 52% de Bankia, siendo Rodrigo Rato el presidente de ambas: de Caja Madrid y de Bankia.
Los hechos presentados cronológicamente evidencian que la Comunidad de Madrid influyó decisivamente en la bancarrota de Caja Madrid (y en la posterior caída de BFA-Bankia, que finalmente tuvo que ser nacionalizada y provocó que la UE tuviera que salir al rescate del sistema financiero español), tanto por las amplias competencias que sobre su organización le otorgaba la Ley de Cajas –funciones de control, inspección y sanción-, como por su capacidad para decidir sobre importantes inversiones. Como ejemplo: Aguirre, cerebro de la operación de Caja Madrid en Iberia: “Blesa era reacio a comprar”.
David contra Goliat: La batalla de UPyD en la Asamblea de Madrid por investigar y depurar responsabilidades en Caja Madrid
En los últimos meses, los medios de comunicación han sido escenario de un cruce de acusaciones entre representantes de unos y otros partidos sobre el hundimiento de Caja Madrid.
Sin embargo, y en vista de que nadie asumía responsabilidades, tuvo que ser el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (el más pequeño de la Cámara madrileña) el que intentara –a lo largo de todo el año 2012 y empleando cuantas herramientas ponía a su alcance el sistema parlamentario- que la Asamblea de Madrid debatiera, investigara y depurara responsabilidades políticas por el cataclismo de la Caja.
UPyD solicitó la apertura de una Comisión de Investigación sobre Caja Madrid, así como una interpelación y un Pleno extraordinario y monográfico sobre “el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid atribuyen al Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
Además, UPyD registró tres proposiciones no de ley; la primera de ellas, para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciara expedientes de investigación y sanción por la gestión de Caja Madrid, pusiera en conocimiento del Ministerio Fiscal los datos que conociera de los que pudiesen derivarse responsabilidades penales y destituyera al Consejo de Administración; y tanto la segunda como la tercera, para que la Asamblea de Madrid instara al Gobierno regional a impulsar una Comisión de Investigación que analizase y evaluase las responsabilidades políticas derivadas de la situación de Caja Madrid en el momento de la creación del Grupo BFA-Bankia, así como a ejercitar sus competencias para la defensa y protección de los consumidores y ahorradores perjudicados por las llamadas “participaciones preferentes”.
UPyD registró también las siguientes preguntas dirigidas a la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre (sólo la última fue admitida a trámite y por tanto, UPyD pudo formularla en el Pleno de la Asamblea de Madrid):
"¿Cómo califica la presidenta de la Comunidad de Madrid la situación actual de Bankia?".
"¿Cómo califica la situación actual de Bankia, por su relación con Caja Madrid, dado que Caja Madrid tiene el 52% del capital de BFA, y este a su vez el 52% del capital de Bankia?".
"¿Por qué razón ha pasado de considerar la fusión de Caja Madrid como "una noticia positiva para todo el sistema financiero español" a "un matrimonio a punta de pistola"?".
Sin embargo [a excepción de esa única pregunta dirigida a Aguirre que UPyD pudo formular], todas y cada una de estas iniciativas fueron rechazadas por la implacable mayoría del Partido Popular en la Mesa; siempre, con la misma peregrina excusa: la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre Caja Madrid (?). Por eso, UPyD ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y permanece a la espera de respuesta sobre su tramitación.
Durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado en septiembre de 2012, PP e IU se aliaron para votar en contra de una propuesta de resolución presentada por UPyD que pedía exigir responsabilidades políticas y penales por la gestión de Caja Madrid.
Como hecho “anecdótico”, cabe recordar, además, que en la votación de las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013, la enmienda 58 de UPyD, relativa a la exigencia de responsabilidades penales por la gestión de Caja Madrid, no salió adelante por el voto en contra del PP y la abstención de IU.
Durante el año 2013, UPyD sigue intentando que los atropellos cometidos no queden impunes y registra una Proposición No de Ley que pide a la Asamblea instar a la Comunidad de Madrid a iniciar acciones legales contra los responsables de la venta de preferentes en Caja Madrid. Y de nuevo, la mayoría absoluta del PP en la Cámara madrileña tumba la iniciativa, impidiendo que sea debatida en Pleno y que los grupos parlamentarios voten sobre su contenido.
Las querellas de UPyD contra Bankia y contra los gestores de las preferentes
Bankia simboliza el establishment político y financiero español, la confusión entre intereses públicos y privados y el intento de eludir cualquier responsabilidad. Por eso y ante la aparente impunidad de quienes habían perpetrado la ruina de Caja Madrid, así como la entrada fraudulenta de Bankia en Bolsa, UPyD presentó ante la Audiencia Nacional –el 11 de junio de 2012- una querella contra los consejeros de Bankia y BFA. Resultaron imputados 33 altos cargos de Bankia y BFA. El proceso sigue abierto.
En la primavera de 2013, y en ausencia de la Fiscalía -que tendría que encargarse por iniciativa propia de iniciar este tipo de procesos con el fin de depurar responsabilidades-, UPyD sigue dando la batalla judicial y esta vez se querella contra los gestores de las preferentes -"la mayor estafa de la democracia española" en palabras de la portavoz, Rosa Díez.
Esta nueva querella se dirige contra el expresidente de la CNMV, Julio Segura; el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y los directivos de Bankia, Bancaja, Caja Madrid, Bancaja Eurocapital y el Banco Financiero y de Ahorros. Unos por acción y otros por omisión, permitieron, promovieron o estimularon la comercialización de las preferentes: un robo de la banca a los más débiles.