Republica.com | 05.06.2013 (Publicado en Grupo Parlamentario UPyD Asamblea de Madrid, aquí)
Los dos náufragos son -seguro que Ud., lector, ya lo había adivinado- el PP y el PSOE, los partidos del actual Régimen: así, con mayúscula; los partidos de esta nueva Restauración, los nuevos Cánovas y Sagasta. Eso sí, con la adherencia de sus inseparables acompañantes, los grandes beneficiados del sistema, a los que hace tiempo entregaron la llave de la gobernabilidad: Convergencia y Unión (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Han visto las encuestas (seguro que tienen las propias que les confirman sus temores), han visto lo que pasa en el resto de Europa y han visto la insoportable levedad del bipartidismo y la inexorabilidad de su caída. Han olido el peligro mayor, que es la pérdida de parcelas importantes de poder. Dicho de una manera que se entiende mejor, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, de chollos para ellos y los suyos. Ese es el tema, aquí no se trata de proyectos ni de ideologías, es algo mucho más pedestre y vulgar.
No se trata sólo de esos dos partidos y sus adheridos. El bipartidismo es mucho más que eso y por eso su declive es mucho más complicado. En torno a ellos, múltiples y poderosos intereses de toda laya: desde financieros hasta mediáticos. Eso que se llama el establishment que ya está poniendo en circulación, a través de sus múltiples y poderosos altavoces, la nueva milonga de "bipartidismo o caos" .
Es en este contexto en el que hay que situar el señuelo del Pacto, aquí también con mayúscula. La primera muestra del mismo indica claramente por dónde van los tiros. La famosa transparencia -y su vergonzante proyecto- ha permitido la escenificación de ese abrazo con la entusiasta colaboración de los nacionalistas que, una vez más, han obtenido lo que querían. Vamos camino de un texto frustrante, o mejor dicho, de 17 textos de “transparencia y buen gobierno”, uno por cada autonomía. Este comienzo en un asunto central define bien el camino por donde quieren llevarnos.
¿Por qué no pactan reformar la Ley electoral con proporcionalidad (una reciente encuesta muestra que eso es lo que quiere cerca del 80% de los encuestados), luchar decididamente contra la corrupción -tanto política como penalmente-, no controlar el poder judicial y los organismos reguladores y supervisores -incluido el Tribunal de Cuentas-, reformar a fondo las administraciones autonómicas y locales, adecuándolas en su tamaño y funciones a las posibilidades y necesidades reales del país, entre otras muchas más cosas, (la lista no es exhaustiva)? ¿Por qué no acuerdan una reforma de la Constitución que haga posible la imprescindible regeneración democrática y la refundación del Estado que pide la ciudadanía? Al fin y al cabo, hace muy poco acordaron una modificación clave de la Constitución, en 24 horas, con nocturnidad y alevosía.
No dejemos que nos engañen. En los próximos meses, vamos asistir a una ceremonia, orquestada y con amplio respaldo en los medios dominantes, de búsqueda e incluso logro de un consenso que buscará preservar lo fundamental: su pacto de hierro para mantener la alternancia, a cambio de retoques de fachada y migajas. Pero queda el obstáculo de una ciudadanía que conoce mucho mejor a los protagonistas y su doblez y que no estará dispuesta a que los pirómanos se disfracen y quieran actuar como bomberos. Esperemos que así sea.