El Gobierno está obligado a buscar una mayoría política que acepte el recorte de prestaciones
La reforma del sistema de pensiones se debatirá en torno a las conclusiones
del documento elaborado por una comisión de 12 expertos cuyas líneas
fundamentales se conocen ya. El cambio que propondrá el Gobierno en el Pacto de
Toledo implica una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones que se
producirá a través de tres cambios decisivos: desvincular su cuantía del IPC y
ligarlas a la salud de las cuentas del sistema; vincular la cuantía de la
pensión a la esperanza de vida del nuevo pensionista (después de la jubilación,
se entiende); y abrir la posibilidad de que dichas condiciones sean aplicadas a
los pensionistas actuales, no solo a los que se jubilen después de que se
apruebe la nueva norma. Con estas líneas estratégicas, los pensionistas
perderían como mínimo un 6% de poder adquisitivo.
El recorte de las pensiones tiene fundamentos actuariales y demográficos muy
claros. Existe un amplio consenso en que el crecimiento demográfico a medio y
largo plazo predice un aumento del número de pensionistas, crecientemente más
longevos, que no puede ser financiado según los parámetros actuales; y, además,
el descenso del número de cotizantes y de la relación de jubilados sobre activos
presiona inmediatamente la sostenibilidad del sistema. El hundimiento del empleo
acelera el déficit, hasta el punto de que ya es necesario recurrir al Fondo de
Reserva
para pagar las mensualidades.
Las objeciones a una reforma restrictiva suelen basarse en un crecimiento
futuro de la productividad (discutible, pero en todo caso insuficiente según las
proyecciones actuariales) o, en algunos casos, la exigencia de que se aumenten
las cotizaciones, pero lo cierto es que tal decisión penalizaría la creación de
empleo.
Es de justicia observar que el debate sobre los límites y naturaleza de esta
reforma no se ha conducido con la transparencia y universalidad debida. Ante un
cambio de esta envergadura, hubiera sido conveniente proponer un Libro Blanco
que recogiera la opinión de las instituciones públicas y privadas y actuar en
consecuencia, en lugar de encargar un informe a una comisión cuya selección es
discutible y, en todo caso, ofrece opiniones restringidas. Por tanto, la
contrapartida a esta deficiente señal de arranque debe ser la negociación de un
pacto; no debería aprobarse el cambio sin un apoyo político mayoritario y, desde
luego, sin la aquiescencia de los agentes sociales.