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Interior del Congreso. Imagen: Archivo
Ayer lunes saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce
empresarios por blanquear dinero en Suiza. El pasado jueves 6 de junio le tocó a
la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por
irregularidades en la compra del City National Bank of Florida. 15 días atrás
los protagonistas fueron los ERE de Andalucía: la juez Alaya encarcela a cuatro
detenidos, entre ellos el sindicalista de UGT Juan Lanzas, por cobro de
comisiones… No hay semana en España que no salga a la luz un nueva imputación
o caso de corrupción vinculado a dinero público. Paro, corrupción y economía no dejan dormir
Según los cálculos de este periódico, actualmente se contabilizan en nuestro
país alrededor de 300 imputados por casos de corrupción, en todas las
comunidades autónomas.
La malversación de caudales públicos, el blanqueo de capitales y el desvío
de fondos de todos estos casos suman ya una cantidad que se acerca a los 1.200
millones de euros. Tan sólo el caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al
reparto de un fondo de reptiles de una cantidad que podría rondar los 712
millones de euros en la última década, pero es que la cifra global podría ser
aún mayor porque no incluye ni las supuestas comisiones del 3 por ciento o más
que habría cobrado en Cataluña CiU al frente de la Generalitat por otorgar
contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, en Marbella, muy difíciles
de cuantificar.
Las investigaciones en marcha y los informes policiales apuntan que una gran
parte del dinero salido de la corrupción podría haber acabado en Suiza. Es el
caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP; de empresarios como Gerardo Díaz
Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueño del grupo Viajes Marsans o de la
familia Ruiz-Mateos; del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y posiblemente
también de la familia Pujol y de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.
La corrupción salpica a todos los partidos y en todos los ámbitos de la
administración. La mayor parte se queda en el ámbito municipal, pero hay también
escándalos como el del caso Nóos, el caso Gürtel y los supuestos sobresueldos en
el PP, el de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía o la presunta
financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música que amenazan
incluso los propios cimientos del sistema.
144 investigaciones
En conjunto, y de acuerdo con los cálculos y estimaciones realizados por este
periódico, la lista la encabeza el Partido Popular, con un total de 144 casos
bajo investigación judicial desde que empezó la crisis. Pero tampoco el PSOE se
queda atrás, con otros 112 más y subiendo, pese a haber perdido una gran cuota
de poder, en el mapa de la corrupción. Algo ya más alejados aparecen CiU e
Izquierda Unida, con diez casos más cada uno; el PNV con siete; y Coalición
Canaria y Unió Mallorquina con otros seis también cada uno de ellos.
Por comunidades autónomas, la región más afectada por las corruptelas
políticas, con gran diferencia sobre las demás, es Andalucía. Acapara 89 casos,
lo que supone casi un tercio del total. Especialmente señaladas aparecen también
Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares.
Gao Ping y las primas del Rey
La última imputación salpicó ayer, de nuevo, a la Casa Real. El juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer lunes y
hasta el próximo 17 de junio a doce empresarios y tres primas lejanas del Rey Juan Carlos por participar
presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china
dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza
gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda
pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el
constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres
parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana
María Inmaculada, y la hija de esta última, María Ilia García de Sáez.
Nuevos datos de Urdangarin
En el caso Urdangarin, la investigación que más ha sacudido a la sociedad
española desde el pasado año, ayer se conoció -según publicaba el diario El
País- que el duque de Palma ordenó falsear facturas para cobrar hasta 240.000
euros al Gobierno de la Comunidad Valenciana. El dato lo dio ayer al juez Castro
-que instruye el caso- el publicista valenciano Miguel Zorío, dueño de Lobby de
Comunicación, e imputado en el caso Nóos.
Zorío afirmó que desde el Instituto Nóos -el duque de Palma, concretamente-
se le hizo modificar el concepto de las facturas presentadas a la Generalitat
Valenciana de Francisco Camps una vez que se rechazara una partida. El convenio
de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la
Generalitat pagó 382.203 euros, pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos 2
millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.
El empresario Zorío, que mantuvo intensas relaciones y negocios con el
Instituto Nóos, modificó las facturas de asesoría para el proyecto no realizado
de los Juegos Europeos, unos trabajos que no se habían realizado, según la
acusación. Zorío detalló que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el
Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar
los Juegos Europeos, con un compromiso de cobro de dos millones de euros en
cuatro aportaciones.
También en este caso, ayer la agencia Europa Press informó que el empresario
Álex Sánchez Mollinger, que fue interrogado ayer como testigo por el juez
Castro, reveló que tanto él como el Duque de Palma cobraron unos 10.000 euros
del Valencia Club de Fútbol por cada reunión que mantuvieron -tres en total-
para buscar patrocinadores al equipo valencianista.
Hay que recordar que Iñaki Urdangarin también percibió unos 600.000 euros de
otro club, el Villarreal CF, por un informe dirigido a buscar un patrocinador
para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se
esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como
puso de manifiesto en su día el presidente del club recién ascendido a Primera
División, Fernando Roig.
Blesa y los 100 millones
La entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la
semana pasada, confirmó las noticias publicadas por este periódico sobre la
gestiones irregulares del banquero. El titular del juzgado de instrucción
número 9 de Madrid Elpidio José Silva acordó la prisión incondicional sin fianza
de Blesa en la causa en la que investiga la compra del City
National Bank (CNB) de Florida (EEUU) por parte de Caja Madrid en 2008. Se trata
de la segunda vez que el expresidente de Caja Madrid ingresaba en prisión, ya
que fue encarcelado por esta misma causa el pasado 16 de mayo, aunque el juez le
fijó en esa ocasión una fianza de 2,5 millones de euros, que el banquero abonó
al día siguiente.
El ingreso en prisión bajo fianza de Miguel Blesa supuso un hito en el
desarrollo de la crisis financiera y el primero desde la entrada de Mario Conde
por el caso Banesto. Desde entonces, en nuestro país, a diferencia de otros como
Reino Unido o Islandia, ningún banquero ha sido condenado a la cárcel por su
gestión al frente de una entidad que ha tenido que ser rescatada con cuantiosas
ayudas.
De todas formas, los tribunales investigan a día de hoy a cerca de un
centenar de banqueros (90) por su responsabilidad al frente de las antiguas
cajas de ahorros