El gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido al grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea que existen en la región40.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, como consecuencia del Decreto Ley aprobado por el PP en el Congreso de los Diputados en mayo del año pasado. Con la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012 de aquella norma, en España la sanidad dejó de ser universal para regresar al concepto de aseguramiento. Desde entonces, los gobiernos nacional y autonómicos del PP no han cesado de insistir en que nadie que viva en España deja de ser atendido por la sanidad pública. Esto es falso.
Cuando a alguien se le priva de tarjeta sanitaria, puede acudir a urgencias para ser atendido. Pero las urgencias no son la vía más adecuada para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades, especialmente de las más graves. De hecho, cuando un inmigrante sin tarjeta aparece por urgencias puede suceder que ya presente síntomas graves que podrían haberse evitado con un diagnóstico previo realizado por un médico de familia, que eventualmente podría haberle derivado a un especialista, haber solicitado determinadas pruebas, etc. En resumen, la atención sanitaria que reciben estas personas es de ínfima calidad, poniendo en riesgo su salud.
Aunque los distintos ejecutivos lo niegan, algunas ONG han denunciado que se están emitiendo facturas a inmigrantes desposeídos de la tarjeta sanitaria por la atención que reciben en urgencias. Se da la circunstancia de que, para recuperar sus plenos derechos, estas personas deben que acreditar que no tienen deudas con las administraciones españolas. Si en los archivos aparece que tienen una deuda de este tipo (que normalmente no pueden pagar), seguirán sin poder regularizar su situación. Es un círculo vicioso.
UPyD se ha mostrado radicalmente en contra de la liquidación de la sanidad universal. Durante el debate en el Congreso de los Diputados del Real Decreto, Rosa Díez señaló que se trataba de "un retroceso de años" en un debate de dos horas. El motivo esgrimido por el Gobierno para llevarlo a cabo era económico, pero como ha dicho el diputado madrileño de UPyD Enrique Normand, es más bien "una medida de inmigración que de ahorro sanitario".
En Madrid, como en otras CCAA, se está procediendo, además, a la privatización de la gestión de la sanidad pública. Y se está haciendo sin ningún tipo de transparencia ni garantías de que el servicio vaya a ser el mismo o, si fuera posible, mejor. En cambio,son innumerables los casos de despilfarro y mala gestión, vinculados muchas veces a las escandalosas "puertas giratorias" que permiten a antiguos ministros o consejeros encontrar acomodo en empresas del sector sanitario tras haber tenido responsabilidades en la materia.
Salvo que se contemple la política desde el sectarismo nacionalista, nada justifica excluir de derechos sociales tan básicos como la sanidad a determinados grupos de extranjeros. Todos los recortes del Gobierno se calculan para minimizar el daño electoral y el impacto en el partido. El PP cree que perderá pocos votos privando a ciertos inmigrantes de una asistencia sanitaria normal, mientras que de esta manera no tiene que acometer reformas que afectarían a su estructura. Hay valiosos grupos de voluntarios que están acompañando a las personas afectadas para ayudarles a ser atendidos. En la sala de espera, otro grupo debería explicar al inmigrante enfermo qué es una diputación provincial y por qué se mantiene mientras él no puede pedir cita con el oncólogo.