"Nunca es tan terca la obstinación como cuando mantiene una creencia equivocada" S.Butler
¿Cuál es el principal problema que tenemos en España, al que podemos atribuir ser uno de los causantes de nuestro deterioro económico y de las tensiones internas por las que hoy está pasando el país? Puede que alguien insista en que se trata de la cuestión de la crisis y de sus consecuencias en el empleo y, seguramente, estará en lo cierto pero, si nos remontamos a las causas remotas, el por qué de que se haya llegado a la delicada situación por la que estamos pasando y a la evidente tensión que hoy existe entre el Estado y algunas comunidades autonómicas y, por qué no decirlo, entre las mismas autonomías y sus propios ciudadanos, descontentos con la gestión de sus gobernantes que, ajenos a las necesidades más urgentes de sus gobernados, han ido insistiendo en desarrollar y llevar adelante empeños políticos, ambiciones personales, planes rupturistas y aspiraciones nacionalistas, que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos y sí, mucho, con el intento de provocar enfrentamientos, generar malestares, revivir viejas rencillas y remover rencores, que nada bueno pueden suponer para la legítima ambición de superar la recesión, recobrar el sosiego devolver la paz a todos los españoles, evitando la tentación de reincidir en la aventura de las dos Españas.
Es posible que la intención de los "padres de la patria", cuando redactaron la vigente Constitución de 1.978, fuera la de intentar limar asperezas, buscar una transición sin sobresaltos, contentar dentro de lo posible viejas aspiraciones territoriales y dar una salida a determinados sectores reacios a aceptar que, la desaparición de la dictadura, mantuviera en stand by las viejas aspiraciones de ciertas comunidades, que se han otorgado a si mismas la calificación de "Históricas" ( como si el resto no lo fueran con los mismos derechos), por aquello de tener idiomas distintos al castellano; una circunstancia que, sin duda, les ha permitido a Catalunya y País vasco, intentar inventarse una historia apócrifa que les sirviera de base para reclamar la secesión de España, después de más de 5 siglos de formar parte de ella.
El hecho cierto es que, ante la imposibilidad del Gobierno de interferir en determinadas competencias transferidas a las comunidades autónomas, sus posibilidades de establecer una política general de austeridad quedan limitadas a lo que, los distintos gobiernos autónomos, quieran aceptar, por lo que nada más le queda el recurso de recortar las ayudas que aquellas reciben del Estado, algo que no siempre es fácil de hacer y que, en algunos casos, incluso parece que no está dispuesto a poner en práctica, por cuestiones puramente políticas; como es el caso flagrante de Catalunya donde, pese a las amenazas constantes de la consulta popular (en virtud del auto atribuido "derecho a decidir") y la declaración unilateral de la independencia de España; están logrando que se les de un trato especial y se les financie con cantidades muy superiores a las que reciben otras regiones, como es el caso lacerante de la propia comunidad Madrileña que, pese a haber cumplido con el objetivo fijado por el Gobierno de déficit público, sin embargo, es de las comunidades que menos ayudas recibe del Estado.
Y en esta situación, gracias a la absoluta falta de sintonía entre los dos partidos, hasta ahora mayoritarios, a sus luchas a cara de perro, por su absoluta falta de respeto por España y por sus ciudadanos, hartos de contemplar como ambos se dedican a descalificarse y a acusarse, mutuamente, de ser los culpables de la precaria situación de la nación; empeñados en anteponer sus réditos electorales a lo que sería beneficioso para la recuperación del país; no han sido capaces de lograr un acuerdo para reformar el Capítulo VIII de la Constitución con el que poner freno a los dislates, cada vez más atrevidos, amenazadores, descarados y ofensivos para el resto de España y los españoles, cometidos por estos políticos secesionistas que han conseguido soliviantar, en contra del resto de los ciudadanos de la nación, a una parte importante del pueblo catalán; valiéndose de métodos torticeros, como el de divulgar el infundio de que España está robando al pueblo catalán, olvidándose de que quienes tuvieron la culpa de la crítica situación económica de esta autonomía, fue el gobierno del Tripartito formado por ERC, el PSC e ICyV que, cuando abandonaron el gobierno, dejaron al señor Mas una deuda de más de 40.000 millones de euros que, el nuevo gobierno de CIU, ha conseguido incrementar hasta los 58.000 millones de euros, gracias a preocuparse más del tema del autogobierno y la independencia que de solucionar los verdaderos problemas que afectan a esta región.
Los fiascos de las cajas de ahorro catalanas ( la única que se salva de la quema, La Caixa, gracias a la prudente labor de sus dirigentes), muchas de ellas a punto de declararse en quiebra, ha obligado al Estado, a través del FROB, a ir inyectando en ellas millones de euros; últimamente a cuenta de las ayudas europeas a la banca española (40.000 millones de euros), sin que, en algunos casos, la eficacia de estas ayudas parezca suficiente para solucionar los efectos de las actividades especulativas a las que se dedicaron cuando la burbuja inmobiliaria iba creciendo, sin que nadie pudiera pensar que estaba al borde del gran crack en el que acabó. Claro que esto no lo conoce una gran parte de estas personas que se han dejado engatusar por los proyectos soberanistas que, según el señor Más, van a convertir, por arte de magia, a Catalunya, en una de las nuevas naciones más prósperas del continente. Lo que no dicen es a qué precio van a tener que pagar esta utopía destinada al fracaso más rotundo, en unos mementos en que Europa corre hacia la globalización, la unidad bancaria, la supresión de fronteras, el libre tráfico de mercaderías, una fiscalidad común y, en su momento oportuno, una Constitución que valga para todos los países incluidos en la UE.
Y es que, en la actualidad, no es sólo que existan autonomías como Catalunya, el País Vasco o la misma Andalucía, que se han rebelado contra el Gobierno central, negándose a cooperar en una política de austeridad que, para ellos, significa "retroceder en las ventajas conseguidas", sino que tampoco en el resto de ellas, contando con algunas del propio partido del Gobierno, que ya han enseñado los dientes antes determinadas decisiones del Ejecutivo. Un Gobierno lastrado por el peso de 17 autonomías, incapaz de poner orden en todas ellas y dependiendo, en muchas de aquellas propuestas necesarias e imprescindibles para disminuir el coste exagerado del aparato administrativo, así como de la alegría con la que determinadas autonomías despilfarran el dinero de los contribuyentes para dedicarlo a subvenciones, gastos absurdos, obras innecesarias, empleos en sociedades públicas carentes de la más mínima utilidad y perfectamente prescindibles y, a todo ello, en el caso de Catalunya, los miles de millones invertidos en la promoción del catalán; en las embajadas y oficinas comerciales en el extranjero; en informes absurdos para favorecer a personas adictas; en sueldos a los enchufados en multitud de comisiones, subcomisiones y demás mamandurrias de las que viven miles de sujetos, adictos a los partidos gobernantes.
Sólo amarrando corto, dosificando la financiación y recuperando transferencias; actuando con valentía y usando los mecanismos constitucionales existentes para reprimir los excesos a los que nos tienen acostumbrados algunos gobiernos autónomos especialmente díscolos e infractores de las normas constitucionales; España tendrá la posibilidad de rehacerse y conservar su unidad. En caso contrario, difícilmente el país será gobernable. O así es como veo, señores, el problema autonómico en España.
Miguel Massanet Bosch