Aunque solemos hablar de "caso Bankia", "caso Banca Cívica", o "caso de las preferentes", lo cierto es que sólo hay un caso: el del sistema financiero español. Un sistema que se hundió (y con él, la ya tocada economía española) por la politización de las cajas de ahorros, por la connivencia de los órganos supervisores como el Banco de España o como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la complicidad de los gobiernos (nacionales y autonómicos) socialista y popular y por la inercia fatal del bipartidismo.
El interés general es lo único que justifica la existencia de las instituciones. Cuando éstas fracasan en la detección y prevención de la crisis, el asunto es grave y exige una profunda revisión de su funcionamiento. Pero cuando – como es el caso – es su propia actuación la que agrava y hasta cierto punto propicia la crisis española en sus aspectos más característicos, entonces el problema toma otra dimensión. El colapso del sistema financiero español es, junto con la corrupción, el fenómeno que mejor ejemplifica la ruina de nuestras instituciones. Una ruina de la que son culpables los partidos viejos.
Si por ellos fuera, no se habría hecho nada. Como denunció ayer Andrés Herzog, miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia, la fiscalía "lidera las defensas" de los imputados en el caso Bankia y en otros cuya investigación se está llevando a cabo gracias a las acciones judiciales de UPyD. Su interés en aclarar lo sucedido es nulo, y llegan al extremo de negar la realidad más evidente, como la inexistencia de un mercado secundario en regla donde poder negociar las participaciones preferentes. El bipartidismo trata por todos los medios de evitar que las responsabilidades penales puedan alcanzar a los gerifaltes que colocaron en los consejos de administración.
Herzog anunció ayer la petición al juez Andreu de una nueva batería de pruebas paraprofundizar en la investigación. Se pide, entre otras cosas, la incorporación de la querella presentada por UPyD contra Caja Madrid ante la fiscalía, y de la que nada se ha sabido después de tres meses. También pide que la Audiencia Nacional asuma las diligencias en relación con el caso Blesa, investigado hasta ahora por el juez de instrucción Elpidio Silva; la investigación de operaciones sospechosas denunciadas por la propia Bankia; la comparecencia como testigos de directivos de Bankia, inspectores del Banco de España, representantes de JP Morgan (que jugó un papel relevante en la salida a bolsa de la entidad); y otra serie de pruebas perfectamente justificadas que, como las anteriores, podría haber pedido la fiscalía de haber tenido la voluntad.
La quiebra del sistema financiero no se produjo como la extinción de los dinosaurios, por la caída de un meteorito. Es responsabilidad del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los nacionalistas y de sindicatos y patronales. Ellos controlaban los consejos y las decisiones más relevantes. Y sus consecuencias han sido que España ha tenido que destinar a su rescate el dinero que podría haber paliado la creciente pobreza de nuestro país o haber servido de base para una recuperación económica que no parece llegar nunca. Las responsabilidades penales se dirimirán en los tribunales. Las responsabilidades políticas son tan evidentes como las de la corrupción, y escamotearlas a los ciudadanos es añadir el insulto a la incompetencia.