«Es la hora de acabar con las medias tintas, ahora tenemos que decidir si somos españoles sin traumas o nos hacemos catalanes de verdad. Esta situación de coitus interruptus permanente y de esquizofrenia es mala para la salud».
(Joan Carretero, médico y presidente del partido separatista de reciente creación, Reagrupament).
Mientras el señor Artur Mas, padre del independentismo catalán, con el permiso de don Jordi Pujol; está haciendo «patria» por el Brasil en un intento de convencer a los mandatarios de aquellos países que los catalanes son un pueblo, al estilo de los indígenas brasileños sojuzgados por los conquistadores portugueses del siglo XVI, que se habían asentado en la costa, y realizaban prácticas llamadas «Bandeiras» o «Razzias de Esclavos»; que sigue «oprimido» por España que los está «exprimiendo» y robándoles; algo que, según unas recientes encuestas , parece que ha conseguido hacer creer a más del 80% de los catalanes, que están convencidos de que, el Estado español les está esquilmando.
Lo que, seguramente, don Artur se calla es que, Catalunya, tuvo que acudir a pedir árnica al Gobierno para poder pagar los famosos bonos patrióticos, que habían emitido a un interés insostenible y con unas primas de emisión del 25%. Cuando llegó su vencimiento la Generalitad tuvo que reconocer que no podía afrontar aquel pago ni el de sus intereses y tuvo que ser el Gobierno central el que proveyera las cantidades precisas para evitar que se tuvieran que declarar en quiebra.La doble táctica que utilizan los políticos catalanes es la del victimismo y quejarse continuamente de la falta de financiamiento, por parte del Estado, de aquellas estructuras que ellos consideran necesarias e imprescindibles para el desarrollo de su comunidad y, por otra parte, la amenaza constante de declararse unilateralmente independientes de España. Últimamente, por desgracia, la amenaza secesionista cada vez ha adquirido más virulencia y la unión de CIU y ERC ha formado un tándem imparable, lanzado en un sprint hacia lo que ellos denominan el «derecho a decidir», que no es más que un referéndum para declararse autónomos formando una nueva nación. Las facilidades que les han dado desde el gobierno del PP para que se saltaran las sentencias de los tribunales, incumplieran los fallos del TC y se pasaran por el forrillo de los pantalones la obligación constitucional de enseñar a los que lo pidieran en castellano; no hay duda de que ha contribuido de una manera determinante a que, muchos catalanes dubitativos, decidieran apuntarse al carro independentista.
La confianza que llegaron a alcanzar los nacionalistas catalanes les indujo a aumentar su apuesta soberanista, hasta el punto de hacer una declaración en el Parlamento catalán del siguiente tenor: «Catalunya es sujeto político y jurídico soberano» (23 enero2013) y, con posterioridad, el día 13 de marzo, el mismo Parlamento aprobó por una amplia mayoría «iniciar el diálogo» con el gobierno del Estado para poder celebrar una consulta de autodeterminación en Catalunya. El TC pidió que se le aclarara si la segunda propuesta sustituía a la primera o las dos continuaban vigentes; siendo confirmada la segunda postura por las Cortes catalanas. El. TC acordó el 7 de mayo con efectos de 8 de marzo, fecha en la que el Gobierno impugnó el acuerdo, la suspensión cautelar del acuerdo catalán del 23 de enero. Contra esta resolución recurrieron los abogados de la Generalitat, recurso que ha sido rechazado por el alto tribunal acordando, con fecha de hoy jueves, 11 de julio, mantener la suspensión del acuerdo del Parlamento catalán en el que «se aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya«. Con ello se les cortan las alas a los nacionalistas, impidiéndoles convocar, de momento, una consulta para el derecho a decidir que, naturalmente, no se trata de poder decidir sobre la posible letra de una sardana sino, algo que es mucho más trascendental y, evidentemente, inconstitucional, al querer prescindir del resto de los españoles en una consulta que nos afecta a todos y no sólo a una autonomía, por muy rebelde que sea. Si Catalunya no quiere continuar siendo española, incluso en el caso de que la Constitución lo hubiera permitido, que no es así; debería consultarse a todo el pueblo español y no a una parte de él; dado que forma parte de España desde la unión de Castilla y Aragón, en el siglo XV.
Sin embargo, señores, la postura equívoca de un PSOE que está haciendo funambulismos en el alambre de su división interna; incapaz de encontrar el sitio que le corresponde en la actual política española, necesitado de una reconversión profunda para poner en orden sus prioridades y la clase de socialismo que quieren ofrecer a sus seguidores; que sea distinto, por supuesto, de las ofertas de IU o de otras formaciones más extremistas, que ya tienen ocupado este espacio y crecen, precisamente a costa de esta desorientado PSOE; impide que, en su afán de destruir al PP, en su obcecación para echarse hacia la izquierda; en lugar de buscar situarse en la onda de los partidos socialistas europeos, más moderados, mejor dirigidos, más realistas y, por supuesto, más actualizados y bien informados que sus colegas españoles; hace imposible que se consiga un acuerdo en el que se defienda la unidad de España y, si fuera preciso, se modificara lo que hiciera falta del Título VIII de la Constitución, para evitar que el sistema autonómico pudiera, en un momento determinado, destruir la unidad de nuestra nación.
Tampoco, la forma de enfocar este tema por el Gobierno del señor Rajoy, con sus evidentes flaquezas cuando se trata de poner orden en las autonomías, que no dudan en rebelarse abiertamente contra el sistema establecido; la pereza o cobardía a la hora de utilizar los mecanismos que la propia Constitución tiene establecidos para impedir que, los nacionalistas puedan llegar a situaciones, tan extremas, como las que han conseguido los separatistas catalanes y el no utilizar, contra el chantaje y las amenazas de los políticos catalanes, el método de cerrar la espita de la financiación y obligarles a que sean ellos mismos, sin ayuda alguna, los que hagan frente a los compromisos que, tan alegremente, adquirieron, confiando en que siempre obtendrían el respaldo del resto de los españoles, en caso de apuro.
Todas las palabras grandilocuentes; todas las promesas de aplicar duras medidas a las autonomías que no cumplieran con el déficit público; todas las amenazas de intervenciones por el Estado de los gobierno autonómicos que no respetaran los compromisos adquiridos, han quedado o van camino de quedar en agua de borrajas.
El señor Montoro se ha ido encogiendo hasta admitir pactar la financiación de forma bilateral con Catalunya y el señor Wert, autor de la primera ley de educación con sentido común y despolitizada; se ha visto obligado, probablemente por presiones de su propia dirección, a ir cediendo; de modo que, si al final se aprueba, es posible que siga con las mismas deficiencias, carencias e insolvencia de la famosa LOGSE, de tan triste recuerdo y tan fatales resultados. Por algo estamos a la cola de Europa.
Al menos nos queda el consuelo del TC. Esperamos que en esta nueva etapa, con los cambios sufridos y conocedores del desafío catalán a la propia Constitución, su veredicto final de al traste, de una vez, con los intentos nacionalistas de acabar con España. O esta es, señores, mi particular visión sobre tan trascendental cuestión.
Miguel Massanet Bosch