Serán los jueces los que tendrán que decidir si Luis Bárcenas y otros cargos del Partido Popular han cometido determinados delitos. Al extesorero le asisten las mismas garantías procesales que al resto de ciudadanos (aunque incluso desde el partido que lo tenía en nómina hasta enero se le considere ya un delincuente). Y lo mismo ocurre con sus superiores en el PP.
Pero lo que está practicando el PP es una vieja y perniciosa costumbre de la política española: vincular las responsabilidades políticas a las penales. En ocasiones parece que será necesario que la policía meta a Mariano Rajoy esposado en un furgón camino del juzgado para que alguien dé una explicación. Por supuesto, si se llegara a ese punto dicha explicación llegaría dramáticamente tarde.
La rendición de cuentas, las explicaciones sobre lo que hace y no hace el Gobierno y quienes lo forman, no es una gracia que se concede o se niega al pueblo. Es una obligación de todo mandatario democrático. Y el lugar que la Constitución contempla para tal menester es el Parlamento, la sede de la soberanía nacional. Allí, los representantes electos de los ciudadanos pueden plantear al Ejecutivo las preguntas que les parezcan oportunas.
El caso Bárcenas, sea cual sea su resultado penal (que, por otra parte, tardaremos años en conocer), es de indudable relevancia. Que la gente esté preocupada, y aun indignada, es perfectamente natural. Como ha destacado en varias ocasiones Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, incluso los votantes del PP están deseando que Rajoy se explique.
Si el Gobierno tiene una versión creíble de cómo el extesorero del PP llegó a acumular semejante fortuna, de que se haya hecho responsable de una contabilidad B elaborada durante dos décadas y de la asombrosa historia del despido en diferido, debería compartirla con todos los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Al no hacerlo, está privando a la Cámara de una de sus principales funciones. Con su silencio, Rajoy se desacredita a sí mismo, desacredita a su partido, desacredita al poder ejecutivo y desacredita al poder legislativo.
Las instituciones democráticas están en peligro. Antes de pedir la dimisión del presidente, es necesario forzarle a dar explicaciones. Y el único instrumento legal que sería útil en este sentido sería la moción de censura que pide UPyD. Algunos ya han echado las cuentas y dicen que la ganaría el PP. No es cierto: la ganarían los ciudadanos, que tendrían la posibilidad de ver cómo su Gobierno se explica y cómo sus representantes cumplen con su deber.
Como también ha señalado la portavoz de UPyD, Mariano Rajoy está – al contrario de lo que ha dicho - incumpliendo su mandato. Rendir cuentas es su responsabilidad política, y está faltando gravemente a ella. La corrupción siempre daña a las instituciones, pero cuando éstas quedan bloqueadas el daño puede ser irreversible. Este bloqueo, este silencio, este incumplimiento configuran el 'caso Rajoy'. Ningún juez juzgará nunca este comportamiento del presidente, pero de todos sus errores puede terminar siendo el que tenga peores consecuencias.