Pese a los obstáculos del bipartidismo, la financiación ilegal terminará siendo delito

26 de Agosto de 2013

El pasado mes de marzo, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, a iniciativa de Unión Progreso y Democracia, a elaborar una reforma del Código Penal que contemplara el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. La mayoría de la cámara aprobó parcialmente una moción de UPyD – partido que ya había planteado la misma medida en 2012 – que contemplaba la tipificación de la financiación ilegal, así como del enriquecimiento ilícito de cargos públicos y de la falsedad en las cuentas de los partidos. Antes incluso, en febrero, ya se había aprobado una iniciativa similar tras en Debate sobre el Estado de la Nación. Medio año después, el Gobierno no ha atendido al mandato que le hizo el poder legislativo. La financiación ilegal sigue sin ser un delito recogido en nuestra legislación.

Ahora se dice a los ciudadanos que el PP ofrece un pacto al PSOE para tipificar el nuevo delito. El PP ya votó a favor de la iniciativa de UPyD (sin su mayoría absoluta, obviamente, no habría salido adelante). En cambio el PSOE se abstuvo. ¿Qué pacto necesita el PP cuando ya tiene un mandato del Congreso? ¿Qué espera conseguir el PSOE para apoyar ahora lo que rechazó entonces? Es inevitable pensar que si el Gobierno se dispone ahora a dar este paso se debe a la presión a la que está sometido por los graves casos de corrupción en el partido mayoritario, y que cuando el PP vota a favor de una iniciativa como la de UPyD lo hace de cara a la galería, sin que ello signifique un compromiso expreso del Ejecutivo. Ya son muchos los mandatos del Congreso al Gobierno que no terminan de llegar al BOE.

En enero de este año, UPyD presentó su Manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado en el que se contemplaba todo un conjunto de reformas destinadas a la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en la política. Junto a las medidas penales, el manifiesto contemplaba la despolitización de la Justicia, la independencia de los órganos reguladores, una nueva Ley Electoral, la reforma de la Constitución y una auténtica Ley de Transparencia. Por más que estas propuestas sean rechazadas insistentemente por el bipartidismo, su creciente apoyo popular y la debilidad de los viejos partidos acosados por la corrupción hace muy probable que poco a poco se vayan abriendo paso. La resistencia de PP y PSOE será numantina, pero el ejemplo de la financiación ilegal viene a demostrar que UPyD termina ganando los debates, pase lo que pase con las votaciones.

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