Editorial de UPyD (Ver aquí)
Acción. Los funcionarios verán de nuevo cómo se congela su salario en 2014. De todas las cosas fáciles que puede hacer el Gobierno, esta es quizás la más fácil. Los empleados públicos, otrora un nutrido sector del electorado al que se cortejaba con buenas palabras, se convirtieron en las víctimas recurrentes del Ejecutivo (antes del socialista, ahora del popular) en cuanto comenzó la crisis y se hizo patente el inmenso agujero en las cuentas públicas.
Como ya señaló hace pocas semanas el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, toda la obsesión de nuestros gobernantes es ganar competitividad por la vía de la devaluación interna. Lo que pasa es que no lo han reconocido. Dijeron que hacían una reforma laboral para crear empleo, pero era mentira. Ese nunca ha sido el objetivo. El objetivo era que bajaran los sueldos y que a las grandes empresas no les costara tanto dinero despedir empleados. La devaluación de los salarios había comenzado años antes con los empleados públicos, que cobran directamente de los Presupuestos del Estado (o de otros niveles de la administración).
Pero, como ya señaló en su momento Irene Lozano, también diputada magenta, el zarpazo a sus recursos va precedido de la difamación de la víctima. Los funcionarios se han visto vilipendiados y caricaturizados sin que sus jefes, que a la vez son sus legítimos representantes, les defiendan. El estereotipo de la persona que detrás de una ventanilla se limita a poner sellos y a dormitar, oculta la realidad: funcionarios son los policías, los guardias civiles, los profesores, los médicos y enfermeras, los bomberos, y sí, también quien detrás de una ventanilla hace un trabajo farragoso que es el reflejo del caos administrativo del Estado autonómico, sobre el cual el funcionario no tiene ninguna responsabilidad. Esta es la acción típica del bipartidismo: ir contra los más débiles y después, como dice Rosa Díez, llamarlo coraje.
Omisión. UPyD ha pedido que se regulen los numerosos aspectos de la corona – es decir, de la jefatura del Estado – que hasta la fecha han quedado al arbitrio del propio rey. La iniciativa pide desarrollar en una Ley Orgánica el título II de la Constitución a fin de aumentar la seguridad jurídica y el carácter parlamentario de la monarquía. Como ha quedado totalmente claro, a día de hoy existe sobre todo incertidumbre.
La respuesta del partido que sustenta al Gobierno ha sido que se trata de algo "frívolo", que requeriría consenso y que no se arregla "en una tarde". Y es probable que no se arregle en una tarde (UPyD plantea un plazo de seis meses), pero desde luego no se arreglará nunca si nadie se pone manos a la obra. En cuanto al consenso, el PP lo usa – y no es nada original, como explica hoy Irene Lozano - como excusa cuando no piensa hacer nada. El mismo truco está utilizando el PSOE asturiano en su amago de echarse atrás en la reforma electoral.
Este estilo de hacer lo fácil y evitar lo difícil – o más bien lo que no conviene tocar -, unido al disimulo y a las mentiras, será lo que se recuerde de este Gobierno.