David Ortega Gutiérrez (Publicado en El Imparcial, aquí)
Los resultados de la encuesta del CIS del pasado mes de septiembre consolidan una muy alarmante tendencia: la corrupción política continúa en ascenso como el segundo problema que perciben los españoles, con un 37,1%. Solo es superada por el paro que lógicamente es la principal preocupación de los españoles, con un 77,3%.
Es evidente que tenemos un serio problema, que precisa de alguna reflexión. No deja de ser curioso que seamos de los pocos países de Europa que no tengamos aún una ley de transparencia. Parece que en breve se solventará esta laguna, pero temo seriamente por la verdadera eficacia de la nueva ley, que nace de la mano de la mayoría absoluta del Partido Popular. Como es bien sabido, el primer antídoto contra la corrupción se encuentra en la clásica expresión: luz y taquígrafos, esto es, transparencia. La clave de la transparencia es que el ciudadano tenga libre acceso a la información, especialmente a la más sensible. Con buen acceso a la información más delicada de nuestros gobiernos o ejecutivos en sus tres niveles: nacional, autonómico y local, ya ganaríamos mucho.
Junto con ello, es también determinante la independencia de los órganos supervisores, controladores o fiscalizadores: tribunales o cámaras de cuentas, comisiones técnicas supervisoras o interventores y secretarios. Si su elección, como ocurre en muchos casos en la actualidad, depende de los partidos políticos que dominan los órganos a quien tienen que controlar, obviamente tenemos un grave obstáculo. La independencia es la esencia de la transparencia y del buen gobierno y, en no pocos casos a través de la libre designación, se está controlando en los ayuntamientos a tres figuras claves para su buen funcionamiento: secretarios, interventores y tesoreros. Por cierto, ¿por qué las fundaciones de ámbito nacional y autonómico sí rinden cuentas al Tribunal de Cuentas y las de ámbito local no?
Cierra lógicamente este círculo la básica y esencial independencia del poder judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho y de una verdadera democracia. Hasta que no garanticemos la independencia de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, no avanzaremos por el camino adecuado para paliar la lacra de la corrupción. Incluso también nuestro Legislador o Parlamento tiene que dar un paso decidido en las diferentes leyes, especialmente en el Código Penal.
Tenemos a nivel institucional un panorama complicado en España. La madurez de un país para su buen gobierno se aprecia en tres escalones esenciales y consecutivos: 1. La información que proporcionan sus gobernantes; 2. La explicación que ofrecen de sus decisiones; y 3. La asunción de responsabilidad que asumen por las acciones cometidas. Si España aspira a ser un país serio y democrático tiene que exigir sin descanso y con perseverancia estos tres pilares: información, explicación y responsabilidad. Evidentemente si fallamos en el primer escalón, se no cae todo el edificio. La información es la clave, de ahí lo vital de la transparencia. Sin ella, no avanzaremos en nuestra lucha contra la corrupción. Los ciudadanos en este campo tenemos que ser firmes y muy perseverantes, la responsabilidad es básica para una democracia moderna y madura. Los ciudadanos también somos responsables de a quién elegimos, pues esos representantes que elijamos pueden aumentar o disminuir muy considerablemente esta lacra de la corrupción.
Nos jugamos mucho y es preciso ser responsables y, aunque duela decirlo, tenemos los gobernantes que hemos elegido y, en alguna medida, tenemos parte de responsabilidad en la corrupción producida. No como sujetos activos, lógicamente, pero sí la responsabilidad en la elección. Nosotros -como legítimo cuerpo electoral- les hemos puesto ahí.