¿Cómo es posible que un delirio apoyado en mentiras flagrantes como es el secesionismo catalán haya logrado sumar a tanta gente a su causa? En realidad, y aunque los propios protagonistas no lo crean, no hay nada de especial en ello. Simplemente las fuerzas de la historia (la principal de las cuales es el azar) nos ha traído a este momento. Pero no hay nada diferencial en el ADN catalán, como demuestra, aparte de la ciencia y el sentido común, el hecho de que muchos de los más fervorosos independentistas tengan sus raíces, por ejemplo, en Andalucía.
¿Cambiarían las cosas si los partidarios de la ruptura tuvieran acceso a la verdad, si no estuvieran expuestos a la persistente propaganda nacionalista? Es probable que al menos en parte sí, y ese es uno de los motivos por los que Unión Progreso y Democracia ha apadrinado el informe El Coste de la No-España, en el que un grupo de expertos en diversas materias analiza lo que supondría en términos económicos, políticos, legales o, incluso, psicológicos, la ruptura del marco de convivencia. Se trata de un riguroso trabajo que no pretende hacer una predicción exacta, pero que aun así describe un paisaje desolador al día siguiente de la hipotética independencia.
Sencillamente, los ciudadanos vivirían mucho peor y se abriría un gran abismo de incertidumbre. De hecho, durante la presentación del informe que tuvo lugar ayer en Madrid, algunos de los intervinientes señalaron que ya existe un coste por la simple vigencia de la amenaza. Un coste económico, pero también psicológico, político y moral. Además, a la amenaza de la independencia se une ahora una nueva: la de la tercera vía. Fernando Savater, moderador del acto, subrayó que la independencia es para los nacionalistas como el cielo para los creyentes: "un lugar que está muy bien pero al que no hay ninguna prisa por llegar". La llamada tercera vía sería la forma en que los gestores de la secesión podrían volver – en condiciones más ventajosas que hasta hoy – a su eterno chantaje sin tener que asumir el ingrato gobierno de un país deprimido.
Pero el coste de la No-España no se limita, ni mucho menos, a Cataluña. Y de hecho no son los ciudadanos residentes en esta región los únicos destinatarios del informe.Todos los españoles pagaríamos muy cara la ruptura de nuestro orden constitucional. La amputación de parte de nuestro país sería un auténtico robo. Porque eso es el falaz 'derecho a decidir': un intento de robo, del mismo modo que la tercera vía es un intento de extorsión. Los efectos políticos y morales serían terribles, y los económicos ahondarían la crisis actual.
Y como siempre ocurre, no todos pagarían lo mismo. Aunque la secesión perjudicaría a todos los ciudadanos salvo a ciertas élites, los que menos tienen sufrirían las peores consecuencias. Cuando la igualdad entre españoles se está desmoronando, cuando se socava el Estado del Bienestar y se recortan los servicios públicos, los ricos tienen formas de mantenerse a flote. Los desfavorecidos, tanto en Cataluña como en el resto de España, se encontrarían en un Estado con menos recursos. La destrucción de la solidaridad no tendría sólo efectos territoriales. La postración de la izquierda en España se manifiesta de forma cristalina en el triste hecho de que haya ciudadanos catalanes pobres que crean que en un nuevo Estado gobernado por nacionalistas ellos saldrían ganando. Ocurriría exactamente lo contrario.
Frente a esto, urge una respuesta clara basada en unas cuantas verdades, la primera de ellas que la democracia no se basa en identidades locales ni en falaces derechos históricos, sino en la evidencia de que compartimos una misma naturaleza, que somos iguales en lo esencial. Por tanto, la democracia pide ampliar la comunidad política, no cercenarla. Pide, en el caso de España, más integración en Europa, y no la quiebra del Estado. Pide reformas que, como explicó el diputado Carlos Martínez Gorriarán, mejoren su calidad, ofreciendo a los ciudadanos más igualdad, más libertad, más transparencia, más justicia. Y pide que todos los españoles, vivan donde vivan, tomen conciencia de que el chantaje es a ellos, que no se trata de nada ajeno.
Como también se señaló en el acto, esto que hace UPyD es lo que debería hacer el Gobierno. Sobran los argumentos, pero ante la avalancha propagandística del nacionalismo, el Gobierno (y no digamos el PSOE) no hace sino mirar para otra parte. No basta con anunciar el cumplimiento de la ley. Es necesario explicar a todos los españoles lo que nos estamos jugando.