La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, reivindicaba el papel de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas sociales el 3 de julio de 2013, durante su intervención en el acto de su nombramiento como madrina de la Federación de entidades pro personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de Toledo (Marsodeto), ya que, como recordó, "en el ámbito de los servicios sociales la mayoría de entidades que prestan un servicio, al que la Administración no ha llegado con anterioridad, son entidades privadas como vosotros, pura sociedad civil que visteis un problema y decidisteis luchar y poner los medios para sacarlo hacia adelante". Para ella, los conceptos de solidaridad, humanidad y servicios sociales "no son patrimonio de nadie sino de todos y, fundamentalmente, de unas sociedades avanzadas como la española y la europea que son abanderadas en la defensa de los derechos y las libertades del ser humano".
Sin embargo, en su boca son simples palabras hueras e insípidas, contradictorias y discordantes, que cada día se ponen de manifiesto y que trasladan a la sociedad todos sus consejeros y los altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convencidos de que no hay gobierno de esta Comunidad autónoma para su ciudadanía, sino "Gobierno de Cospedal" –así se repiten continuamente, en todas y cada una de sus declaraciones a los medios de comunicación- para su parroquia más allegada, pero nunca encarado para implementar políticas públicas más impulsoras y diligentes que las puestas en marcha por ellos.
Como han dicho los profesionales de la intervención social en sus "Consideraciones previas sobre la situación social actual y el papel de los profesionales de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha", la lucha contra el desempleo debe ser la variable independiente de la política económica, porque al contrario de lo que algunos dicen, piensan dichos expertos que sin empleo no hay desarrollo económico y que, por tanto, la insistencia en las políticas de austeridad en el gasto público y los recortes que suponen directa e indirectamente despidos masivos, no son las respuestas más adecuadas para salir de la crisis, sino que están siendo un importante activador de la misma, no solo por las repercusiones lamentables en su lado más humano, sino porque frenan en seco las expectativas laborales, precisamente, uno de los factores más importantes para la recuperación económica y para sacar al país de la depresión en la que se encuentra.
Las políticas de austeridad componen meras ambigüedades que se esgrimen para hablar de reducciones de gasto público, aunque en realidad tienen una gran incidencia en la disminución de los recursos a invertir en la sociedad, de ahí que exterioricen un gran cúmulo de recortes sociales y de supresión de derechos sociales adquiridos. Por lo mismo, la alusión leporina que nos traslada siempre la expresión del "Gobierno de Cospedal", repetida hasta la saciedad y con ignorancia arbitraria por sus fingidores alabanceros, encierre una locución punible, que intenta diluir o diseminar las entrañas de esas políticas tan cuestionadas, objetadas "por sus repercusiones directas en el malestar de la ciudadanía, por su cara más inhumana, por su sesgo ideológico, pero también por su propia inutilidad para salir de la crisis", como subrayan en el lado contrario los profesionales de los Servicios Sociales.
Cada día se critica más la política de la derecha en España, que, como al perderse en la falacia del "Gobierno de Cospedal", ha puesto de manifiesto esa culturilla de club denunciada por Pablo Simón en Politikon. Así se encierra en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la cual gira en torno a un único punto: la reducción del número de diputados autonómicos y nos dice mucho de los actores que están implicadas en ella. Ciertamente el Partido Popular tiene claro el texto y el subtexto; es decir, "los políticos sobran, la democracia y sus instituciones son caras. No nos la podemos permitir, hay que ajustarse el cinturón como los ciudadanos. Esperemos a crecer al 3% para aumentar diputados, recemos por salir pronto de la crisis y no terminar con uno solo", amonesta sarcásticamente Simón al abrirnos los ojos de que esta es la primera gran reforma electoral autonómica desde que arrancó la crisis. Muy clarificadora de las cosas que nos cuentan a los ciudadanos todo lo que tienen en mente las mentiras de los populares. Yendo en detrimento de la pluralidad democrática, el corrosivo "Gobierno de Cospedal" (GC en lo sucesivo) está aprovechándose de la débil imagen de las instituciones constitucionales del 78, y, conforme al estilo opresor del conservadurismo más déspota, utiliza la fórmula del "rebaje" (recorte también del número de diputados autonómicos) como un punto de apoyo para afianzarse en el poder
Pero es factible, si el conjunto de partidos de la oposición saben combatir con un enfurecido cabreo –que no pare hasta el mismo día de después de las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha- esta acción atentatoria contra la representación democrática. Pugilato que ensalive al tiempo a su desgraciadoneoliberalismo, ese que sólo tira hacia el mercado y cuya consecuencia es evidente:en el último año la situación social en España ha empeorado tanto que el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, señaló que «la fractura social se ha instalado entre nosotros». Lo dijo al presentar el informe Desigualdad y derechos sociales de la Fundación Foessa, que deja muy mal parado al país. Por ejemplo, si en el trabajo del 2012 se detectaba «una pobreza más extensa, intensa y crónica» que en ejercicios anteriores, ahora «el incremento severo de la desigualdad social nos muestra una sociedad fracturada».
Esto es más palpable aún en Castilla-La Mancha, lo que denota el tremendo fracaso del "GC", que está ahogándose en esa política donde la renta media española ha retrocedido diez años, con una caída de ingresos del 4 % frente a una subida de precios del 10 %. Quienes tienen menos ingresos ven cómo su renta cae un 5 % cada año, mientras que los más ricos son los que más aumentan sus ingresos. Es decir, la distancia entre los ricos -que están por encima de percentil 80- y los pobres -por debajo del percentil 20- ha crecido un 30 % durante esta crisis.
Según observan los profesionales en Servicios Sociales castellano-manchegos, contra el atragantado y confundido marketing de tonos políticos descompuestos del "GC", en los planteamientos económicos de éste hay un importante desconocimiento de la realidad social, de las condiciones de vida de la gente, de las terribles desigualdades, del importante capital humano desaprovechado y de las considerables potencialidades que tiene la gente para encontrar un lugar en el mundo y contribuir de verdad a mejorar la situación económica y social del país". Por eso critican el economicismo con el que se toman medidas que tienen un importante calado social, sin evaluar su impacto y sus consecuencias personales y sociales, a veces, irreparables. "Nos resulta preocupante que desde posiciones academicistas se hable de economía sin hablar de sociedad, elevando a la categoría de dogma planteamientos que reflejan cuadros macroeconómicos que sólo miden la producción y determinados datos económicos cuantificables, despreciando con cierta ignorancia aspectos fundamentales de la realidad social que tienen su peso en la actividad económica y que, posiblemente, sean los que expliquen en parte el fracaso de sus propias predicciones". Vaticinios y promesas en los que se ahoga toda la política salida del trastornado e inconsciente "GC".
Frente a las embobadas declaraciones de este último, toda su gente -como muy bien amonestan los sociólogos y los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha- debe entender que "la realidad social existe por más que se quiera ocultar y está ahí, muchas personas la sufren directamente, otros asisten con impotencia al dolor de su gente más próxima, otros, desde planteamientos de solidaridad, hacen lo que pueden"; en definitiva, los ciudadanos de esta Comunidad autónoma tienen que aproximar sus posiciones a las de los profesionales de la intervención social, que ven como las situaciones de necesidad, pobreza o de exclusión social aumentan y se sienten desarmados por la falta de recursos. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía observa estas situaciones desde la distancia, ante la imposibilidad de no poder hacer casi nada, salvo la acción humanitaria que realizan algunas entidades sociales, poco ayudadas por el "GC", que está llevando a cabo la peor política social jamás vivida en la España democrática.
Juan Andrés Buedo