EDITORIAL
(Publicado en Temas para el debate, Núm. 230-231, Enero-Febrero de 2014, pp. 3-5)
España es un país con una historia dilatada y rica, que ha atravesado períodos de dificultades e inestabilidades y que se dotó en 1978 de una Constitución consensuada, que parecía que abría un ciclo constructivo de lealtad mutua y de amplias posibilidades de autogobierno. A partir de esta base histórica positiva, España se implicó en un proceso de integración europea, que obedecía a las exigencias y posibilidades de una nueva época en la que se impone sumar y no dividir.
La vocación de alcanzar en España la democracia y la libertad se vinculó estrechamente con los valores europeístas. Hoy Europa se encuentra ante el reto de definir y asentar el proyecto hacia el que orientar las instituciones y el sentido de la propia unión. A ello se suma una situación económica de incertidumbre.
Venimos, pues, de una historia, de una transición política democratizadora y de un proceso de integración europea de amplio alcance, y es en este contexto en el que, a los problemas actuales, se ha incorporado un debate independentista que puede multiplicar las dificultades y hacer perder el rumbo, y el sentido, de lo verdaderamente necesario.
La idea de la independencia de Cataluña propuesta por los nacionalistas catalanes constituye un error gravísimo y, tanto para España como para Europa, una pésima noticia tanto por el fondo como por la forma en la que se está planteando.
Cataluña necesita a España y a Europa y todos necesitamos a Cataluña. Así ha sido durante una secular trayectoria histórica. Las diferencias, a pesar de las exageraciones interesadas de los nacionalistas más radicales, son mínimas. Ni nuestros valores comunes, ni nuestras necesidades similares, ni nuestros afectos mutuos, que son mayoritarios, justificarían ahora una separación. Y, menos aún, si esta se plantea de manera traumática y desleal.
El proceso de secesión, suscitado por el actual Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y por el líder de Esquerra Republicana, abre una crisis de enormes dimensiones cuyas consecuencias podrían ser altamente perniciosas para todos, catalanes y resto de españoles.
Para Cataluña, porque fuera de España sería una entidad mediocre y marginal en el mundo; para España, porque sin Cataluña se perdería parte de su esencia y se empobrecería en todos los sentidos; para los ciudadanos de uno y otro lado del Ebro, porque sufrirían durante largo tiempo demasiadas consecuencias negativas.
Lo cierto es que Cataluña y el resto de España se necesitan y durante muchos años se han sentido mayoritariamente parte del mismo proyecto de convivencia.
¿Qué está ocurriendo, pues, para que tamaño propósito se haya planteado? ¿Por qué algunos pretenden ser extranjeros entre nosotros?
Cualquier proceso de desarrollo
constitucional debe partir de la
realidad histórica de España y de su
actual proyección en Europa, y debe
plantearse desde un marco de lealtad
mutua, con voluntad de consenso y
con respeto a las leyes.
Desde una óptica de izquierdas, que tratamos de representar en esta revista, no se puede compartir semejante intento de secesión, de la misma forma que tampoco resulta aceptable que se quiera conducir la propuesta separatista por cauces ajenos a la legalidad constitucional y prescindiendo del derecho a decidir de todos los españoles, en la medida que la amputación territorial de una parte de España es algo que obviamente nos concierne y afecta a todos.
Al margen de los impenitentes y exclusivistas deseos de una parte de las élites de Cataluña de considerar como propio y exclusivo el derecho a administrar y representar a toda la comunidad catalana, tan diversa y compleja, es difícil entender cómo la tentación secesionista podría facilitar la solución de alguno de los problemas que tiene la mayoría de la población de esa comunidad. No hay razón histórica, que sin falsificar la historia, justifique dicha pretensión.
Cuesta creer que en unos momentos en los que las derechas reaccionarias de todo el mundo –también en España– tratan de destruir las políticas de bienestar social, de redistribución y de igualdad, algunos puedan pensar que los ciudadanos vayan a mejorar sus expectativas de recibir en una hipotética Cataluña independiente una mejor sanidad, educación universal o bienestar en la vejez. Más allá de ensoñaciones engañosas y propagandas irreales, lo cierto es que una sanidad pública potente y competente, una educación universal y un sistema de pensiones digno no son posibles en países fragmentados y en desunión.
Es difícil entender cómo la tentación
secesionista podría facilitar en estos
momentos la solución de alguno de los
problemas que tiene la mayoría de la
población de Cataluña.
Hay que reconocer que con la responsabilidad de muchos, también de la izquierda en Cataluña, se ha ido forjando una sensibilidad que parece considerar equivocadamente– que desde la pequeñez y la independencia la suerte de los débiles y de las clases medias mejorará. Son muchos los factores que han contribuido a generar desconfianza y debemos corregirlos con una buena terapia jurídica y política, desde la conciencia de que la crisis actual y las medidas regresivas adoptadas están contribuyendo poderosamente a la desafección.
La ciudadanía española percibe con enorme preocupación el fenómeno secesionista. Se trata de un problema ante el que no podemos asistir como espectadores pasivos sin alzar la voz en favor de ese proyecto común que ha sido y es España. Un proyecto que quedaría incompleto sin Cataluña, comunidad amada y apreciada. Y Cataluña no tendría viabilidad ni en Europa ni en el mundo fuera de España.
Frente a las pretensiones de las élites que dentro de Cataluña intentan usurpar la voluntad de todos, es preciso recordar que el problema de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles hoy en día no está precisamente centrado en las cuestiones de soberanía territorial, sino en encontrar un proyecto socio-económico que nos devuelva el trabajo, la vida con dignidad, los derechos sociales y un sistema político preocupado por los ciudadanos, digno, decente, participativo y tolerante. Por ello, los ciudadanos españoles, todos nosotros, debiéramos buscar en estos momentos elementos de coincidencia y cohesión, conscientes de que en la vida diaria a lo largo del tiempo han surgido y surgirán innumerables elementos de proximidad y necesidad mutua entre Cataluña y el resto de España. Así ha sido históricamente, como en estas páginas de la revista Temas autores autorizados resaltan.
No es la hipotética independencia unilateral de un territorio lo que devolverá a los ciudadanos vías institucionales y formas políticas satisfactorias, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte. Ese no es el camino para el necesario perfeccionamiento del orden establecido.
La crisis económica actual, las inaceptables medidas regresivas que con tan poca fortuna se han aplicado, la pérdida de equidad en el reparto de bienes y servicios y una actitud despectiva del Gobierno del PP ante los ciudadanos han favorecido que una población insatisfecha tenga la tentación de buscar salidas por los derroteros de un nacionalismo separador que exacerba las diferencias y que es básicamente insolidario en lo personal y en lo inter-territorial. Algo que está en las antípodas del pensamiento y de la sensibilidad de las izquierdas.
Tampoco es posible encontrar en ningún análisis económico riguroso una sola razón de peso que justifique el debate separatista. A clarificar estas cuestiones dedica esta revista sus páginas centrales.
Entre personas serias y leales, no se puede pensar en ninguna salida razonable que no pase por el respeto a la ley. Es la ley la que nos constituye en ciudadanos libres y no en masa o pueblo genérico. No somos una tribu, sino un país constitucional. La ley debe regir nuestra convivencia, nuestros procesos. Sin ley, seríamos habitantes de la selva. Y la ley en este caso tiene una resonancia indiscutible: todos podemos opinar y decidir. No hay derecho a la secesión. Este es un problema que tienen que superar y reenfocar el Gobierno y los actuales líderes políticos y sociales.
En el fondo, la dinámica de secesión que algunos plantean alimenta un retroceso del espíritu europeísta genuino. No puede defenderse a la vez la idea de una Europa unida y operativa, la búsqueda de procesos de solidaridad recíproca y de integración internacional, y el independentismo unilateral de una parte de España.
Esto no significa que no sea plausible, e incluso conveniente, que se puedan revisar en el marco de un acuerdo muy amplio, sustentado por grandes mayorías y consensos suficientes, aquellos aspectos que en la actual Constitución española hayan devenido mejorables y requieran ajustes y adaptaciones. En este marco consensuado y razonable es en el que los elementos de identificación más específicos de Cataluña pueden cobrar un lugar satisfactorio para los ciudadanos catalanes, con un posible desarrollo federal de nuestra actual Constitución.
Un nacionalismo separatista que
sea insolidario en lo personal y
en lo inter-territorial está en las
antípodas del pensamiento y la
sensibilidad de las izquierdas.
Por ello, es necesario que hablemos entre todos, en el seno de las instituciones y en la vida civil. Debemos agotar la capacidad de diálogo, tomando el tiempo que sea necesario para afrontar lealmente las reformas que puedan resultar necesarias y que ofrezcan perspectivas de estabilidad. Pero hay dos límites y un requisito procesal en esta posibilidad: el requisito es el abandono de cualquier pretensión independentista unilateral y no consensuada. Los límites son la solidaridad y la igualdad de todos los ciudadanos, y el respeto a la ley. TEMAS