"Por buena que sea la cuna, mejor es la buena crianza" Proverbio escocés
Decía Confucio que "donde hay educación no hay distinción de clases" y seguramente cuando hizo esta afirmación se debería referir a la educación en el sentido más amplio de la expresión. Lo cierto es que parece que, las izquierdas, han querido instalar, como muestra de su desprecio por las formas o expresión de su espíritu rebelde contra todo lo que pueda constituir una muestra de la "decadente" burguesía; unas nuevas costumbres parlamentarias, un lenguaje más al estilo de los bajos fondos de la sociedad o una imitación a la clase de "expresión barriobajera" que tanto éxito ha venido teniendo en las películas españolas de última generación, en las que los guionistas se recrean en la utilización del lenguaje soez más "refinado", intentando darle la máxima credibilidad a sus personajes. Sólo así podríamos entender el inusitado comportamiento de una diputada de Amaiur, Onintza Enbeitia, que estando en el uso de la palabra, mientras se trataba de la Ley del aborto, se despachó a sus anchas profiriendo la siguiente boutade: "Las mujeres no somos incubadoras… en mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo" ¡Admirable sutileza, poética oratoria y qué respeto por el resto de congresistas y ciudadanía del país!
Pero no acaba aquí la "cortesía" y "el respeto" de nuestras políticas con quienes no comulgan con sus ideas porque, vean ustedes como, en Barcelona, la diputada del CUP, Isabel Vallet, hablando de un manifiesto de un grupo de directivos alemanes que han alertado de que "la independencia sería nefasta para Catalunya", ha tenido la cara dura y falta de diplomacia, propia de un asno con orejeras, de atreverse a contestar, sin el más mínimo reparo: "que a su formación se la trae floja, lo que digan". Seguramente el señor Mas y el señor Junqueras piensan que, tratando así a los empresarios que todavía siguen en Catalunya, aumentando tasas e impuestos y obligándoles a hablar y escribir en catalán, van a conseguir atraer la simpatía de las empresas foráneas hacia la causa independentista catalana. En todo caso, esto de convertir las cámaras de representación ciudadana, tanto nacionales como autonómicas, en poco menos que burdeles en los cuales se pueden pronunciar palabras zafias, ofensivas o denigrantes, no es más que una más de las muchas señales de que nuestra patria está entrando en una peligrosa decadencia de todas sus instituciones.
La vestimenta desastrada e impropia con la que se permite que algunos parlamentarios se presenten en el Parlamento; las repetidas llamadas al orden que el presidente de la cámara se ve obligado a hacer; la falta de orden en las tribunas de invitados y la evidente concomitancia de los partidos de izquierdas con los alborotadores que alteran el orden de la sala; las exhibiciones de carteles reivindicativos, incluso los que ha mostrado hoy Amaiur, en los que apoyaban a los presos de ETA; nos hacen pensar que, cuando en el lugar donde reside la soberanía del pueblo ya no se guardan las formas, es obvio que mucho menos se mantendrán en el resto de dependencias gubernamentales o autonómicas. Convendría, llegados a este punto, hacer una reflexión sobre determinados comentarios de algunos de los portavoces y líderes de la oposición.
Estamos en un país democrático que, por tanto, debe regirse por las normas de toda democracia que, en realidad, lo sea. El gobierno, que debe regir los destinos de la nación se elije a través de los votos de los ciudadanos depositados en las urnas. De acuerdo con el sistema electoral que escogieron los españoles, la ley de Hont, los resultados del escrutinio se convierten en escaños para los distintos partidos que logren obtener representación parlamentaria y son, los que obtienen más número de escaños, a quienes les corresponde la formación del gobierno. Si, ningún partido consigue la mayoría absoluta, entonces se debe recurrir a las coaliciones entre aquellas formaciones con las que se consiga un número de escaños lo suficientemente amplio para lograr la mayoría en cada una de las cámaras. Pero ¡cuidado! tanta legitimidad tiene para implantar su propia política y promulgar leyes de acuerdo con el sentir de quienes lo votaron, aquellos que lograron la mayoría mediante la alianza de dos o más formaciones políticas; como aquella otra formación que, con los votos logrados, consiguió la mayoría absoluta sin necesidad de coalición alguna.
Si uno escucha al señor Rubalcaba, a la señora Soraya Rodríguez, al ínclito señor Llamazares, a los de Amaiur o el PNV, sin dejarnos el tintero a los separatistas catalanes; todos ellos, señores, hablan de la voluntad de los ciudadanos, de que el PP legisla "en contra de la voluntad de la ciudadanía"; que las manifestaciones en las calles o en las plazas de las ciudades de España son el reflejo de el "descontento" de los españoles etc. Todos ellos mienten a sabiendas, , quieren engañar a los españoles y se olvidan de los más elementales principios democráticos, dando por probado el que, unos cuantos miles o cientos de miles de manifestantes, representan la manera de pensar de los millones de españoles que se quedan en sus casas, que siguen trabajando, que van al cine o a los bares sabiendo que, en todo caso, los que deberán decidir el destino de la nación, son aquellos que ganaron las elecciones que, mientras no se demuestre lo contrario en unos nuevos comicios, son los que tienen la legitimidad que les concede el haber sido elegidos mayoritariamente por el pueblo.¡Cállense quienes, sin tenerla, presumen de tener la representación de los ciudadanos cuando en la elecciones fueron espectacularmente derrotados, como ocurrió con el PSOE del señor Rubalcaba o los mismos de CIU!
Debemos recordar, una vez más, que la política no se ejerce ni en las calles, ni en los mítines, ni en las universidades ni en los teatros, bailes o cadenas de TV, tampoco, como algunos jueces, fiscales o magistrados parecen intentar hacer, desde los tribunales de justicia. La democracia establece las competencias de cada institución, sus funciones y sus límites. Quienes intenten alterar la independencia de alguna de ellas no hace más que atentar contra la democracia y el orden establecido. La Constitución es nuestra Carta Magna y todos los españoles sin distinción alguna, debemos respetarla, obedecerla y ocuparnos de que sea incumplida por aquellos cuyas intenciones están bien claras. El Gobierno tiene la obligación de velar para que aquellos que intentan dividirnos no consigan con sus marrullerías, sus desafíos, sus incumplimientos de las normas y sus pretensiones de alterar la seguridad y libre convivencia de la ciudadanía se salgan con su objetivo.
Es evidente de que, ya hace bastante tiempo que la legalizada irresponsablemente por el TC, Amaiur viene dando muestras lo suficientemente explícitas y públicas, con sus manifestaciones callejeras, con su apoyo a los etarras y su defensa de las presos de ETA, que son, sin duda alguna, la línea directa de la banda terrorista; sin embargo, para el Gobierno parece que no se dan estas circunstancias y permite que sigan día tras día con sus desafíos al Estado de Derecho. Lo mismo viene sucediendo con el tema del independentismo catalán que, ante la general estupefacción de los españoles, sigue intentando un diálogo que no tiene sentido, mantiene sus ayudas económicas a Catalunya y permite que, el problema catalán, vaya adquiriendo más cuerpo entre los catalanes que ven como a cada paso que ellos dan hacia su objetivo, el Gobierno responde con un paso atrás. O así es, señores, como valoro desde mi puesto de ciudadano de a pie, estos últimos acontecimientos políticos.
Miguel Massanet Bosch