
Tal es la pregunta que sobrevolaba ayer el Congreso de los Diputados cuando Rosa Díez, en nombre de Unión Progreso y Democracia, trataba de obtener del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un compromiso de que el poder ejecutivo empleará la autoridad conferida por la Constitución para obligar a un gobierno autonómico a aplicar la ley y cumplir las sentencias judiciales. A estas alturas nadie puede creer a Mariano Rajoy cuando dice que él no tiene más remedio que aplicar la Constitución, ya que en Cataluña ha dejado de tener vigencia. Han permitido una especie de secesión parcial por la vía de los hechos consumados. Y todavía presumen, Rajoy y otros dirigentes del PP, de ser el único baluarte frente al secesionismo.
Díez recordó a Cristóbal Montoro una serie de incumplimientos flagrantes llevados a cabo por las instituciones catalanas más importantes: el gobierno y el parlamento autonómicos. Cuestiones fuera de toda duda o interpretación que afectan seriamente a los ciudadanos. El ministro eludió responder de forma directa y trató de desviar la atención con un discurso inane sobre el nacionalismo. A estas alturas, el principal problema no es el nacionalismo, sino un gobierno – el del señor Montoro – que se toma el Estado de derecho del mismo modo que los nacionalistas: como algo que se invoca sólo cuando les viene en gana y que se protege, como mucho, después de los intereses particulares.
Ya no estamos hablando de reformar el modelo territorial de Estado o la Ley Electoral. Reformas como éstas serían las que modernizarían el país, las que regenerarían nuestra pobre democracia. No, de lo que hablamos ahora es de lo mínimo exigible a cualquier gobierno o a cualquier partido con algún sentido de Estado: que haga cumplir la ley, que no permita el engaño ni el fraude, que persiga a los que se sitúan por encima de cualquier institución. Y, por más que nuestra Constitución sea mejorable, dispone de los mecanismos necesarios para que Rajoy cumpla con su deber, singularmente el artículo 155. Si no los emplea, suya es la responsabilidad.
Montoro contestó a Rosa Díez con algo que hemos oído muchas veces: que el Gobierno trata de evitar tensiones. ¿Es que no entiende que la tensión ya existe? Sólo que no la sufre el Gobierno, sino los ciudadanos que – como dijo la portavoz de UPyD – quedan desamparados, a la pura intemperie, como en épocas predemocráticas. Cuando entre un ciudadano y la oportunidad política los gobernantes eligen a la segunda, es que estamos cerca de tocar fondo. A este escándalo cotidiano se enfrentan los españoles sin que ocupe las portadas de la mayoría de los medios.Parece que la extrema debilidad del Estado no fuera noticia, cuando prácticamente es la única que hay, ya que explica todas las demás: el paro estratosférico, la creciente pobreza, la corrupción, el sometimiento de la justicia, el avance de los totalitarios, el retroceso de lo público.
La debilidad del Estado no se aprecia sólo en el poder ejecutivo, sino también en el legislativo; el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno ha llevado al diputadoCarlos Martínez Gorriarán a preguntarse si seguimos en un régimen parlamentario. Montoro, por su parte, en lugar de tomarse la interpelación de Rosa Díez como una invitación a actuar y una garantía de apoyo incondicional en defensa de la ley, creyó que estaba ante otra escaramuza política que se podía despachar con las vaguedades de costumbre. Mientras tanto, millones de españoles contemplan perplejos cómo el Gobierno – su gobierno, lo hayan votado o no – les deja en la estacada.