Reconstruir la unidad

Los diez años transcurridos desde la matanza del 11-M son un tiempo suficiente para acabar con las divisiones entre los españoles sobre el mayor atentado terrorista sufrido en Europa. Madrid, que fue la capital del dolor, debe ser ahora el escenario del restablecimiento de la unidad en torno al recuerdo de las 192 víctimas y los más de 1.500 heridos provocados por la barbarie. No es normal que un crimen contra la humanidad haya provocado tantos enfrentamientos internos, en lugar de resaltar el respeto y la solidaridad con los familiares de las víctimas, manchado por el cuestionamiento de la investigación policial y judicial de lo sucedido.

España tenía muy poca experiencia en terrorismo yihadista. Ni sus responsables políticos ni sus fuerzas de seguridad estaban preparadas para un zarpazo semejante. La derecha extrema y su clientela mediática pretendieron negar las evidencias y explicar el cambio de mayoría política en 2004 a base de teorías conspirativas. Todo eso ha provocado un daño considerable a la confianza que una sociedad necesita en sus instituciones. Lo positivo es que se ha aprendido a prevenir otras amenazas, mejorando los instrumentos del Estado de derecho frente al peligro yihadista, al tiempo que se ha logrado evitar la confusión entre el mundo musulmán y el islamismo violento.

Todavía hay teóricos de la conspiración que ven agujeros negros en todo lo indagado. Sin embargo, tanto jueces como fiscales, policías y expertos en terrorismo internacional coinciden en que lo fundamental ha sido suficientemente acreditado y aclarado. Desde que en 2007 la Audiencia Nacional dictara su sentencia, se han producido media docena más de resoluciones en tribunales de Europa y de Marruecos, que han continuado profundizando en los hechos y aprobando nuevas condenas a colaboradores del múltiple atentado.

También parecen cosa del pasado los bulos relacionados con la supuesta colaboración de policías y jueces en ocultar la verdad para culpar al terrorismo islamista, que en su día llevó a algunos a impulsar actuaciones judiciales contra policías sometidos a un particular calvario después de los atentados. Los jueces han archivado esas causas. Tras la insistencia de los que consideraban a ETA como parte de la conjura, el exdirector del periódico que más colaboró en las teorías conspirativas acaba de reconocer que “probablemente” ETA no estuvo implicada. Y uno de los mayores expertos en terrorismo ha documentado la amplia coalición de grupos yihadistas que intervinieron en el atentado, cuya decisión se tomó antes de que el Gobierno de Aznar incorporase a España a la invasión de Irak y, por descontado, antes de la convocatoria de elecciones generales para marzo de 2004.

Sin olvidar lo sucedido —precisamente, falta en España memoria de nuestra historia— es tiempo de valorar el modo en que la convivencia democrática y el mantenimiento de las libertades se han impuesto sobre el irresponsable clima de sospechas creado por los bulos; un objetivo digno de mantenerse, que también pasa por restablecer fronteras entre el periodismo responsable y el que actúa como rehén de personajes sin escrúpulos.

Lograr estos consensos sería muy conveniente para considerar efectivamente abierto un tiempo en el que los demócratas no necesiten demostrarse mutuamente que lo son cada vez que un nuevo agente patógeno pretenda contagiar el espacio público, ni sacar ventajas partidistas de la división entre ciudadanos dignos e indignos, entre lúcidos y ciegos, sobre temas terroristas. El respeto a las víctimas y a sus familias debe ser la base de la voluntad colectiva de una sociedad decidida a mirar hacia delante.