(Publicado en El blog de Álvaro Anchuelo, aquí)
Es pronto para realizar una valoración del Informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, recién publicado y con más de 400 páginas. No obstante, antes de su lectura completa y análisis detenido, es ya posible tener unas primeras impresiones, basadas en las grandes líneas que se han ido haciendo públicas en los medios de comunicación.
Siempre que se nombra una Comisión de expertos, conviene comenzar preguntándose quién la ha nombrado y con qué criterios de selección. En el caso que nos ocupa, la ha elegido el ministro Montoro entre personas competentes pero ideológicamente afines. Curiosamente, su presidente también formó parte del comité de expertos para la reciente reforma de las pensiones. Esto condiciona sus resultados, que no pueden ser tomados como la voz objetiva de la Ciencia. Para UPyD, serán un elemento más para el debate, sin sentirnos en absoluto condicionados por lo que dice el informe.
El sesgo ideológico de la Comisión ayuda a entender (demasiado) sus recomendaciones. Por ejemplo:
- Se pide subir (otra vez, tras las fortísimas subidas recientes) el IVA. Se trata del más regresivo de los impuestos. Recae con más fuerza sobre las rentas bajas, que se consumen casi en su totalidad. Proponen pasar del 10% al 21% alimentos básicos como la carne y el pescado.
- Se propone aumentar aún más la fiscalidad sobre la vivienda habitual, ignorando las fuertes subidas recientes del IBI.
- Se mantiene la fiscalidad privilegiada de las rentas del capital, con su régimen dual en el IRPF y sin tocar siquiera figuras como las SICAV.
- Se propone eliminar el impuesto sobre el patrimonio.
En conjunto, se trata de una propuesta decepcionante, no demasiado útil. Se ignoran buena parte de las grandes cuestiones sin las que una reforma fiscal de calado es imposible:
- No se liga a la reducción de gastos superfluos y del despilfarro. Sin ello (exceso de entes administrativos y no administrativos en las CCAA, necesidad de fusionar ayuntamientos y suprimir diputaciones…) una disminución de impuestos significativa no es posible.
- No se aborda la lucha contra el fraude fiscal, ni el papel y los medios de la AEAT, pese a que una de las razones de que los que pagan menos de lo que deberían lo hagan es ésta, que provoca unos 70.000 millones de euros dejados de recaudar cada año.
- Tampoco aborda apenas la otra vía por la que los que pagan menos de lo que deberían lo hacen: la elusión fiscal, el evitar legalmente el pago de impuestos. No se taponan esas vías (sociedades pantalla, instituciones de inversión colectiva o paraísos fiscales), excepto mínimamente, mediante la medida referida al sistema de módulos.
Entre tantas medidas, también es posible hallar algunas acertadas, aunque sean insuficientes:
- La necesidad de rebajar el IRPF, es decir, la excesiva fiscalidad sobre las rentas del trabajo, reduciendo tramos y tipos, además de ampliando el mínimo personal de forma que refleje mejor la situación familiar.
- La conveniencia de ampliar bases, limitando deducciones, en el impuesto de sociedades.
- La necesidad de eliminar un buen número de impuestos y tasas autonómicas, armonizando el resto. Aunque la propuesta de compensar a las CCAA con una mayor cesión de impuestos estatales habrá que estudiarla con cuidado.
- La conveniencia de homogeneizar, mediante un mínimo, el caótico impuesto de sucesiones autonómico.
En conjunto, el efecto recaudatorio se prevé neutro y tal vez pueda resumirse a grandes rasgos en sustituir unos 10.000 millones de euros de imposición directa por unos 10.000 millones de euros de imposición indirecta. O, dicho de otra forma: lo que Montoro nos da con una mano, nos lo quitará con la otra.
Nótese que se plantea un calendario dilatado (2015-2017) por lo que cabe prever que se anticipe la parte agradable a justo antes de las elecciones generales (mínima reducción del IRPF) dejando su complemento (subida del IVA) para después, si ganan.
En resumen, se trata de una propuesta extensa, pero no profunda, conformista y conservadora, que deja sin corregir la mayor parte de los defectos más graves de nuestro sistema fiscal.