HAY que tener cuidado con los comités de expertos, porque a veces sirven para algo. Cristóbal Montoro, que debe ser más listo de lo que parece, adoptó medidas cautelares. Una, principalmente: exigió al grupo de hacendistas que sus recomendaciones condujeran a un resultado neutro. Es decir, que propusieran lo que quisieran pero que, al final, los ingresos del Estado se mantuvieran en el actual 37% del Producto Interior Bruto. Eso es curioso. Las mayores economías europeas, Alemania y Francia, rinden a sus Haciendas en torno al 50% de la producción total. A España, en cambio, le va bien con el 37%. Le va tan bien que, como sabemos, sobra dinero cada año al cuadrar el presupuesto.
Ese porcentaje, el 37%, no revela la auténtica presión fiscal. La presión real la soportan los asalariados, los autónomos y, de forma genérica, lo que pueda quedar aún de clase media. Quienes tienen mucho dinero tienen también los recursos necesarios para esconderlo, cosa que admiten los expertos del comité, y las grandes empresas no pagan más del 12%.
Veremos en qué queda la reforma. Serán Montoro y en último extremo Rajoy quienes decidan. El hecho de que vaya a presentarse después de las elecciones europeas, y no antes, permite sospechar que no despertará entusiasmos ni provocará ansias masivas de votar al PP. Importa poco. Aunque el informe de los expertos contiene propuestas de sentido común y otras que sólo pueden tener sentido para un hacendista (como subir el IVA en un país que necesita consumir más para salir del hoyo), la reforma que necesita España es la del fraude. La famosa economía sumergida, y no el sistema impositivo, es la que mantiene la recaudación muy por debajo de la registrada en los países más prósperos de nuestro entorno. Los sistemas de módulos, las facturas creativas, la burda evasión de dinero en maletines o en simples bolsas de basura, el variopinto instrumental del fraude, es lo que nos distingue. Quien paga los impuestos que le tocan vive ahogado, pero la administración (que, a todo esto, parece requerir cada año más empleados) no recoge lo suficiente.
El ministro Montoro no consultó a expertos para adoptar aquella genial medida contra el fraude, la amnistía fiscal para los ricos, que dio la medida de sus intenciones. Lo que reforme ahora no cambiará lo esencial: el 37%.