"No hay peor desentendido que el que no quiere entender" (El Criticón II 183).
Sin duda, señores, el señor Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana e impulsor directo de ese invento político por el que han decidido, él y el Parlament catalán, que Catalunya es un ente jurídico distinto de la nación española; debería, después del rapapolvo que le ha propinado el Tribunal Constitucional, disculparse ante sus conciudadanos y presentar su dimisión irrevocable por el daño que les ha hecho: a la autonomía catalana y a los españoles residentes en esta región; haciéndoles creer que Catalunya tenía porvenir separada de España, que sería bien recibida en Europa y que la vida de quienes habitaban en ella sería mucho mejor siendo un nuevo estado independiente. Los millones de euros que la Generalitat ha venido destinando de los impuestos recaudados de los ciudadanos, a alimentar este disparatado proyecto; hubieran estado mejor destinados a pagar las deudas que tienen con sus proveedores, a paliar la pobreza de una importante parte de la ciudadanía y a mejorar el funcionamiento de las instituciones.
La rotundidad con la que, el Alto Tribunal, ha despachado el tema catalán, por mayoría absoluta, no tiene por donde atacarse si todavía se pretende, como quieren intentarlo Mas, Junquera, Homs y toda la cuadrilla irredenta de separatistas, buscarle un atisbo de esperanza para su causa. El hecho de que, el TC, haya dicho que: el tener ideas políticas no es un delito, que todas las opciones tienen cabida en el ordenamiento jurídico español y que es posible solucionar los problemas de una consulta autonómica siguiendo los cauces legales establecidos por la Constitución y las leyes; no tiene otra lectura que la que se ha venido repitiendo, insistentemente, por el Gobierno de la nación, desde que el señor Mas jugó al órdago de pedir la independencia de España (manteniendo, como premisa indispensable para cualquier negociación con el Gobierno de la nación, que la celebración de una consulta sobre "el derecho a decidir" era una condición sine qua non): se puede negociar todo menos un autogobierno catalán, porque la Constitución española en sus artículos 1 y 2 no permiten que nada destruya la unidad de España.
Todas las vueltas que se le quieran dar van a chocar, a partir de ahora, con la declaración de nulidad de todo el proceso independentista catalán. Y eso será así por mucho que, un empecinado presidente de la Generalitat, se siga empeñando en dar coces contra el aguijón, negándose a rectificar, pretendiendo cubrir su fracaso diciendo que el proceso va a continuar y afirmando que se van a dar los rodeos necesarios para superar todos los obstáculos que se les vengan poniendo. Se ha declarado ilegal la convocatoria unilateral de un referéndum y también que la soberanía resida en el pueblo catalán. A partir de ahora, desde el punto de vista legal, van a tener que comenzar de 0 e iniciar, si es que persisten en su absurda pretensión, el camino de la legalidad. Es muy curioso que, el propio señor Mas, haya repetido, incesantemente, que ellos siempre se moverían dentro de la "legalidad" y que no iban a incurrir nunca en actuaciones ilegales ¡Ahora es el momento, don Arturo, de demostrar lo que vale su palabra y ser consecuente con sus promesas!
Hay que decir que las puertas del Parlamento, como ya existe una declaración en este sentido, también se las van a cerrar; por lo que sus posibilidades de conseguir su aprobación para la consulta solicitada, se les van a esfumar. Otro líder, que hubiera fracasado ante su pueblo, engañándolo con falsas promesas y haciéndole concebir esperanzas ilusorias, hubiera tenido la dignidad de dimitir y dejar que se nombrara un nuevo gobierno o convocar nuevas elecciones. Al respeto, tenemos que decir que, como es de todos sabido, el último cartucho que le quedaba al señor Mas para el caso que se le negara la posibilidad de acudir a la consulta pública, era la de convocar nuevas elecciones en las cuales los separatistas podrían incluir, en su programa de gobierno, una consulta para ofrecer a sus votantes la posibilidad de apoyar la independencia.
Conviene recordar que no estará permitido que cualquier gobierno que pudiera suceder al actual en Catalunya, fuera de derechas, izquierdas o de carácter independentista, pudiera poder poner en duda el hecho clarificado por el TC, de que "la soberanía del Estado español reside exclusivamente en el pueblo español", no, por supuesto, en el pueblo catalán o el gallego o vasco, ¡en todo el pueblo español! en el caso de que el Parlamento de la nación, con todos los requisitos exigidos por la Constitución, decidiera someter a un referéndum el concederle un estatus especial a los catalanes.
Capítulo aparte merece la forma grosera, impropia de personas civilizadas y absurda en unos señores que ocupan unos escaños, precisamente porque la Constitución española se lo ha permitido y, evidentemente, torpe por cuanto demuestran a las claras que los únicos argumentos que se les ocurre aportar en contra de la resolución del TC, en la que habla de "pluralismo" y "legalidad", consisten en descalificar a sus componentes, tal y como, un despendolado señor Tardá, de ERC, ha afirmado, diciendo que: "la institución
vuelve a demostrar que está corrompida y que se sus jueces les puede más la tripa que el cerebro", demostrando con ello la clase de sujetos que integran la formación a la que pertenece. Una diputada del CUP, Isabel Vallet, no ha querido ser menos y ha afirmado que, su partido, "no reconoce" la sentencia del TC, "no se la reconoce como una decisión válida". Esta señora se ha quejado de que, el TC, haya tardado 8 años en decidir sobre la ley concursal y, no obstante, le ha bastado con un año para decidir sobre el tema soberanista catalán . ¡no ha tenido en cuenta, tan "sagaz" política que, para decidir sobre el tema separatista catalán basta con leerse dos artículo cortos de la Constitución española: el 1º y el 2º) Muchos pensamos que, con unos cuantos minutos, ya había suficiente!
¿Supondrán estas actitudes inconformistas y estos reproches, hechos a la totalidad de magistrados del TC (habían decidido recusar a tres de ellos), un rechazo a la Constitución y a todas las leyes estatales?, ¿El señor Homs, de CIU o el señor Bosch de ERC, decidirán declararse en rebelión contra el Estado? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que, aunque el Gobierno de la nación se ha declarado satisfecho con la declaración del TC, ahora, al señor Rajoy, se le habrán acabado las excusas, dilataciones, negociaciones y componendas para andarse con remilgos en lo que respeta al nacionalismo catalán; porque ha sido el mismo TC quien le ha abierto las puertas para atajar actos contrarios a derecho, como este mismo que ha sido declarado nulo. Lo que sí ha quedado demostrado es que con paños calientes, con ignorar los problemas, con intentar "comprar" a base de millones al Gobern catalán, no se ha conseguido otra cosa que ayudarles a financiarse su propia estrategia en contra del resto de España.
No sea, señores, que una vez que se ha conseguido lo más, ahora que tienen la oportunidad de ejercer su mayoría en el Congreso de Diputados, permitan que, desde la impunidad que se les ha concedido, hasta ahora, a los que quieren la independencia; se siga la misma política de apaciguamiento y concesiones, como si nada hubiera pasado. Puede que, de ser así, muchos patriotas no lo entendiéramos más que como una deslealtad y una traición a la patria. O así es, señores, como desde la óptica del ciudadano de a pie, vemos esta cuestión.
Miguel Massanet Bosch