Las autonomías vuelven a confirmar su disciplina presupuestaria contra el vocerío centralista
Dos sentencias forman jurisprudencia. Dos años seguidos marcan tendencia. Las comunidades autónomas exhibieron en 2013 la mayor disciplina presupuestaria —su menor desviación— de la crisis. En 2012 hicieron el mayor sacrificio, al reducir el déficit a la mitad, a 1,84 puntos (desde el 3,41% de 2012); el año pasado aún arañaron unas tres décimas a esa cifra.
Los datos de 2012 ya indicaron que el esfuerzo autonómico superaba al de la Administración central. Y que los más austeros fueron los municipios: esto último se repetirá para 2013. Y Centro y Autonomías habrán ido más o menos parejas en su desviación. Lo detallarán las cifras oficiales.
En todo caso parece seguro que por segundo año las finanzas autonómicas no han sido el desastre con que nos martillea el centralismo separador. Las prédicas sobre el despilfarro chocan con las cifras: ha habido mal gasto y lo sigue habiendo, pero globalmente es menos significativo. La causa del déficit sigue siendo más el ingreso insuficiente que el gasto desbordado.
Este año y el próximo seguirá el ajuste: las comunidades reducirán todas las partidas de gasto (salvo los intereses de la deuda) y deberán reducir su déficit a la mitad. En 8.000 millones, a partes iguales de más ingresos y menos gastos. Y aun hay quien las sigue culpando de todos los males, sin ponderación alguna.
Tampoco será ponderada la crítica a la (probable) bastante mayor desviación de Cataluña, sin tener en cuenta que había realizado el anterior ejercicio un brutal ajuste, el 24% del total. De hecho, la agitación ya empezó a principio de este mes cuando el presidente extremeño, José Antonio Monago, mezcló indebidamente recursos del sistema de financiación y préstamos del FLA y del plan de proveedores (lo que le recriminó Paulino Rivero), para concluir que “Extremadura paga y Cataluña cobra”. Obvió que según la balanza de 2005 su región es receptora neta por entre el 15,7% y el 17,7% de su PIB; y Cataluña, contribuyente neta, entre el 6,5% y el 8,7%.
La lindeza de Monago trabaja en pro de los separatistas: si Cataluña cobra, su segregación fiscal no supondría problema para la Hacienda común. ¿Por qué no permitirle entonces la independencia? ¿O un sistema confederal como el del concierto vasco? Así, el judío catalán ya no cobraría.
Otra carencia de ponderación inversa la encontrarán en un texto de Oriol Martínez y Vicent Pastor en el reciente libro colectivo “Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència” (Col.legi d'Economistes, Profit Editorial). Para argumentar algo obvio, que Catalunya sería viable por sí sola —otra cosa es que a nadie le convenga y que fuese peor para todos—, sus autores exaltan como una maravilla todos los datos de la economía catalana: tamaño, competitividad, peso industrial, excelencia científica y exportadora, grado de apertura, turismo, base de inversión extranjera… Pues si todo es tan genial militando en el conjunto de España, ¿por qué proponen arriesgarlo con experimentos, al menos, inciertos?