Estamos asistiendo, al más completo estoicismo, indiferencia y pasividad del CGPJ
Es evidente que en este país hemos entrado en unos momentos de contradicciones en los que, por un lado, parece que el panorama económico empieza a mostrarse menos tenebroso y se aprecian mejoras que ya resultan perceptibles y, por la otro, en lo que respeta al funcionamiento de nuestras instituciones presuntamente democráticas, parece que estamos llegando a un punto en el que unas van por un lado y las otras por el otro, según de donde soplen los vientos de la política, de los políticos, de los partidos políticos y de los infiltrados políticos en las instituciones, sin que, a la vista de lo que está sucediendo, de la sensación de que ninguna de ellas se libra de semejante epidemia.
Estamos asistiendo, al más completo estoicismo, indiferencia y pasividad del CGPJ, ante un acoso, intento de chantaje, amedrentamiento, descalificación y obstrucción al trabajo encomiable y valiente de la juez Mercedes Alaya; uno de los pocos jueces que parece que, en España, tiene las agallas suficientes para enfrentarse a la campaña política y de descrédito que le vienen planteando, con verdadero empeño y crudeza, aquellos partidos, sindicatos y poderes fácticos que se sienten amenazados por la diligentes investigaciones ordenadas por la juez; todo ello con el aparente visto bueno de algunas instancias judiciales; intentando hacerla desistir de su trabajo en pro de aclarar las evidentes pruebas de que, en Andalucía, cuando levantas el borde de la alfombra de los poderes fácticos, aparece toda la podredumbre acumulada durante más de 30 años de domino socialista, con todos los añadidos de corruptelas y malversación de caudales públicos que, años de manipulaciones, cohechos, despilfarros, corrupciones y abusos, han ido acumulando en el debe de los que, aprovechándose de sus cargos y abusando de los ciudadanos, se han apropiado o dilapidado dineros públicos destinados a trabajadores en situación de desempleo o a otras obras de mejor destino.
Duele, especialmente la pasividad (si no la complacencia) con la que el CGPJ contempla como desde el fiscal, la Junta de Andalucía las direcciones de los Sindicatos y aquellos que se ven involucrados en la presunta trama de apropiación de subvenciones públicas para enriquecerse personalmente o dedicarlas a fines, sin duda, opuestos a aquellos para los que estaban destinadas. Veamos a ver, señores: si un juez decide que 19 de los 20 detenidos por los vandálicos sucesos del día 22 M, que produjeron lesiones a 67 policías, algunas de carácter grave, sean puestos en libertad; amparando su decisión en que "no había observado en ellos intención de causar daño"; si el TSJC, después de ordenar a varios colegios catalanes a que impartan un 25% de clases en castellano, decido suspender su propia decisión porque los directores de las escuelas afectadas, inducidos por la Consejera de Enseñanza de la Generalitat, señora Rigau, presentan sendos recursos en contra de tal decisión; en el bien entendido de que bastaría que se hubieran ejecutado las anteriores sentencias sobre el mismo tema para que no hubiera sido necesario reiterar la orden.
Si resulta que un Juez de Instituciones Penitenciarias, saltándose a la torera la opinión del señor fiscal y de la forense, decide que hay que excarcelar a un miembro sanguinario de ETA, Uribetxebarría Bolinaza, con varios asesinatos a sus espaldas, por padecer un cáncer terminal que, según los médicos que firmaron el informe, no tenía más que unos pocos meses de vida y , luego, el susodicho etarra, no sólo lleva casi dos años en su casa, de copeo en copeo, sin que de la más mínima señal de agravamiento de su dolencia; sin que se haya prestado a asistir a los preceptivos reconocimiento médicos a los que estaba obligado y sin que ni el Juez de vigilancia ni la fiscalía parezcan haberse dado cuenta de esta anomalía; aunque es evidente que debería retornar a la cárcel donde, por otra parte, existen hospitales penitenciarios que podrán atender con toda eficacia la enfermedad del paciente; porque parece ser que se ha descartado, para desesperación de los parientes de sus víctimas. Ahora, ha sido confinado en su domicilio porque se ha descubierto otro delito que, al parecer, le afecta directamente y por esto el juez de la AN, Ismael Moreno ha acordado "prisión provisional incondicional y comunicada", en su casa, por supuesto.
Si, en Catalunya, sigue el proceso soberanista a pesar de la resolución del TC, que declaraba nulo el acuerdo soberanista del Parlamento catalán. Lo que en ella se recoge supone que cualquier referéndum que se solicite no se circunscriba a Catalunya sino a toda la nación española. Recurren a cualquier posibilidad, por remota y absurda que sea, con tal de alargar el proceso, retraso que les permitiera convencer a los catalanes de que siguen teniendo posibilidades de salir airosos en su proceso soberanista. Han decidido que, de la mentada resolución del TC, se puede concluir que existe una vía para conseguir llevar a cabo, por la "vía legal" un referéndum en Catalunya; olvidándose, arteramente, de que, para ello han de cumplir las etapas ordenadas por las leyes y la propia Constitución; lo que supone, que el Parlamento de la nación española así lo decida y que todos los españoles así lo acordaran. Una utopía inalcanzable.
Si, hasta el clero catalán, encabezado por el señor Cardenal Obispo de Barcelona, colabora activamente en el proceso independentista aunque, para ello, deban recurrir, como ha sido el caso del abad del Monasterio de Montserrat, tradicionalmente ligado al independentismo catalán, a engaños; como ha sido el afirmar que la Santa Sede avalaba el proceso separatista. El abad Joseph María Soler, monje benedictino, aseguró el 23 de febrero pasado, que "un eventual estado catalán sería reconocido por el Vaticano", lo que motivó el júbilo de muchos católicos catalanes nacionalistas. Claro que, como el Papa Francisco, no es persona a la que se le pueda preparar una encerrona semejante pronto, a través de la nunciatura apostólica, ha quedado clara la postura del pontífice, mediante un comunicado del nuncio, en los siguientes términos: "esta Nunciatura en España quiere precisar públicamente que las mencionadas declaraciones del Abad son opiniones de su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan en absoluto la posición de la Santa Sede.
Puede que hayamos entrado en un principio de recuperación pero, el Gobierno, debe ser consciente de que: ni a los Sindicatos, empeñados en seguir negando cualquier mejora en el panorama laboral, ni a la mayoría de partidos de la oposición, a los que les espanta la posibilidad de que, antes de las nuevas legislativas, se produjera una sensible mejora de la situación española, que pudiera ser rentabilizada electoralmente por el PP; van a permitir que el clima de tensión, las algaradas callejeras, los ataques despiadados a la política gubernamental y las descalificaciones personales al señor Rajoy y a todo su ejecutivo cesen, al contrario, a medida que el panorama económico de signos de mejora, se van a hacer más intensos y continuados. La política de paños calientes va a llegar un momento en que demuestre su falta de solidez y puede que ocurra demasiado tarde para ejercer la fuerza que le concede, al PP, la mayoría absoluta de que dispone.
Muchos son los miembros del partido que se dan cuenta del peligro que entraña dejar la iniciativa en manos de una oposición beligerante y de unos separatistas dispuestos a todo para salirse con la suya; pero no parece que la cúpula tenga este mismo criterio. O así es, señores, como vemos, a través de la óptica de un ciudadano de a pie, este cúmulo de errores.
Miguel Massanet Bosch