No suelo sentir simpatías por los miembros del PSOE, especialmente si se encuentran entre sus dirigentes. No obstante, sí me parecieron atinadas las primeras actuaciones de la nueva presidenta del PSA, la señora Susana Díaz porque fue valiente al reconocer que, en el caso de los ERE fraudulentos, se tenían que depurar responsabilidades y parecía decidida a acabar con cualquier asomo de corrupción dentro de su partido. Puede que, como todos los políticos, tuviera sus pecadillos políticos, como el no haber pasado por unas "primarias" para acceder a su actual cargo (curiosamente todos sus opositores se fueron retirando oportunamente); pero, en líneas generales, parecía tener lo que les suele faltar a los políticos: juventud, frescura, ganas de trabajar, un sentido práctico de la ética y de la Justicia. Pero eso fue antes.
En Andalucía, como por desgracia se está haciendo demasiado frecuente, unos ocupas fueron desalojados por la policía de las viviendas de las que se habían apropiado. Como es ya algo habitual se armó la gran trifulca en las calles con la presencia, además de los afectados por el desalojo, de aquellos que surgen espontáneamente (suelen ser siempre los mismo o al menos los de la misma procedencia) para levantar los ánimos, inducir a la desobediencia y denunciar a las autoridades por permitir que, legalmente, se restituyeran las viviendas a sus legítimos propietarios, fueran estos quienes fueran que, en esto, la ley no distingue. Hete aquí que, como no podía ser menos, la Consejera encargada de la consejería de Fomento, Elena Cortés ( una señora que ya dio muestras de su talante revolucionario y laicista cuando, en el 2008 no dejó de tocar la bocina cuando una hermandad pasaba por debajo de su balcón, en Córdoba) decidió unilateralmente reinstalar a algunos de los desalojados en pisos de propiedad pública, destinados a otras personas necesitadas que estaban esperando su turno, incluidos en una lista de más de 12.000 aspirantes. Hasta aquí lo hechos.
Enterada la señora Díaz de la ilegalidad cometida por la señora Cortés, dando preferencia a unas personas recientemente desocupadas a aquellas que llevaban años esperando que se les adjudicaran; decidió suspender provisionalmente de sus funciones a la consejera de Fomento, a cuyos efectos dictó el correspondiente Decreto. Pero el problema es que, la señora Cortés, es una comunista afiliada al PC andaluz, con el que el PSA tiene un acuerdo que le permite seguir gobernando. Conviene recordar que, quien obtuvo más votos en Andalucía, el 20N del 2011, fue el PP con 1.982.091, seguido del PSOE que consiguió 1.590.844; sin embargo, al no conseguir la mayoría absoluta, los comunistas y socialistas se juntaron para arrebatarle el gobierno a la derecha. Las consecuencias de tal acto no tardaron en aparecer, cuando el PC amenazó con romper la coalición si no se restituían las cosas a su estado anterior.
Y, como suele ocurrir, la señora Susana Díaz, la que parecía dispuesta a comerse el mundo, que se mostraba decidida a mantener a toda costa la legalidad, ha cedido (no se sabe si motu propio o porque, a la cúpula del PSOE, no les ha interesado que, en su feudo de Andalucía, se produjera una situación de interinidad, con un gobierno en minoría, que pudiera perjudicarlos ante las próximas elecciones europeas). Aquí ha quedado claro que el señor Cayo Lara, alguien a quien la legalidad le resbala por la epidermis de su rostro, ha puesto toda la carne en el asador para conseguir que los suyos sigan partiendo el bacalao, y algún que otro pellizco a los presupuestos, según se desprende de la instrucción de la juez Alaya. Lo sentimos por la señora Díaz y, más lo lamentamos, por los andaluces que, al menos los que votaron al PP, han tenido que ver como su Parlamento está puesto en cuestión, con varios de sus actuales y anteriores miembros al borde de la imputación y con otros que están directamente imputados en el procedimiento iniciado por la jueza andaluza.
Y aquí no nos queda más remedio que comparar, tanto en cuantía como en personas relacionadas e imputadas en la trama, los dos procedimientos que hoy en día ponen en cuestión la honra de los dos partidos mayoritarios (al menos durante esta legislatura). El primero: en el caso Gurtel, en la que un tesorero aprovechado ha cometido una serie de presuntos delitos capaces de asombrar pos su temeridad, su desvergüenza, su deslealtad y su imaginación a cualquiera de los grandes especuladores de la Historia –como fueron: Charles Ponzi que llegó a vender la Estatua de la Libertad y la torre Eiffel; o Jeorge C. Parker que estuvo vendiendo el Puente de Brookling dos veces por semana durante varios años o, para concluir, el mismo Victor Lusting, un falsificador y gran artista del engaño que anunció que la marca París iba a ser desmantelada y puso diferentes bienes en concurso, incluida la torre Eiffel – que, con sus mentiras y torticeras maneras, ha conseguido poner en serias dificultades al PP del señor Rajoy.
Los socialistas no han parado de lanzar andanadas; descalificaciones y e intentos de adelantarse a la Justicia; convirtiéndose en jueces y parte a la vez, sin esperar que el veredicto de los jueces determine si hay o no delito en la actuación de algunos miembros del PP; ya han dictado su propia sentencia condenatoria, que airean a los cuatro vientos cada vez que les conviene hacerlo. Y la segunda, esta vez con la Junta Andaluza puesta en la mira de la Justicia, en la que un caso de unos ERE fraudulentos ha destapado una trama mafiosa en la que se habla de miles de millones de euros entre fraudes, despilfarros y malversación de caudales públicos, amén de apropiaciones indebidas, que afectan a un número elevado de funcionarios socialistas y miembros de la UGT no sólo de Andalucía, sino que parece que se extienden a otras autonomías españolas. La discrepancia está en que, a diferencia de sus adversarios políticos, los socialistas, el Gobierno no se ha lucrado ni ha sacado el provecho político de tan graves hechos y se ha limitado a mencionarlos en escasas ocasiones.
Aquí se ve la diferencia de comportamiento, de respeto por la Justicia y de maneras políticas, entre aquellos, los socialistas, que han hecho de la búsqueda cicatera de conductas impropias, intimidades o presuntos delitos para atacar encarnizadamente al adversario político; aunque para ello deban mentir, injuriar o sacar sus propias concusiones sin esperar el dictamen de la Justicia y aquellos, los populares, que prefieren que sea aquella la que dictamine antes de exigir las correspondientes responsabilidades políticas. Y todo ello queda evidenciado si se compara la actitud de socialistas y comunistas, en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucia, promoviendo una campaña feroz de injurias, insultos, descalificaciones, acosos y amenazas contra la jueza Mercedes Alaya, para impedir, o al menos intentarlo, que pueda seguir con su trabajo sin intromisiones impertinentes. El reverso de la medalla lo tenemos en el caso Gurtel donde el PP ha guardado un discreto silencio, respetando en todo momento las actuaciones del juez Ruz, aunque, en muchos casos, no hayan sido, precisamente, de su agrado.
No obstante, algo debe ocurrir a muchos ciudadanos andaluces cuando, a la vista de tanta porquería, de personajes de izquierdas que no han tenido reparo en saquear a trabajadores que debían cobrar unas indemnizaciones por su despido; de sindicalistas que se han hecho millonarios robando a mansalva y dirigentes que han permitido, cuando no han participado, actos ilícitos para su propio beneficio y en perjuicio de aquellos trabajadores a los estaban obligados a defender. O así es, señores, como desde la óptica de un ciudadanos de a pie, contemplamos semejantes abusos.
Miguel Massanet Bosch