(Publicado en La Vanguardia-Caffe Reggio, aquí)
EL ÁGORA
En lo jurídico, me considero modestísimo discípulo de Herrero de Miñón y de Tomás Ramón Fernández. Cuando ejercí como letrado de la Diputación Foral de Bizkaia (1978-1988), su tesis sobre los territorios forales como fragmentos de Estado –concepto tomado del jurista alemán George Jellinek, autor de una monumental Teoría del Estado (1900)– ofreció luz a la inserción singular del País Vasco en el Estado constitucional de 1978. Su teorización sobre la actualización de los derechos históricos vascos en el nuevo ordenamiento jurídico fue importantísima para que los tres territorios repusiesen en plenitud instituciones tradicionales y recuperasen –Bizkaia y Gipuzkoa, porque Álava lo mantuvo durante el franquismo– el sistema paccionado del concierto económico cuya especificidad reside en la cuasi soberanía de las haciendas radicadas en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, sin perjuicio de los rasgos, parecidos pero diferentes, que a través de la ley de Amejoramiento del Fuero se aplican en la Comunidad Foral de Navarra. Todo ello desembocó en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que es un título habilitante para que el autogobierno de Euskadi disponga de trazos confederales.
Por eso, el 29 de septiembre del pasado año, escribí en este mismo espacio de La Vanguardia lo siguiente: “Una reforma constitucional instada a través de la iniciativa legislativa que la Constitución atribuye al Parlament podría materializarse en una disposición adicional (sería la 5.ª) que se comportase como la 1.ª, referida a los territorios forales, es decir, como título habilitante que excepcionase a Catalunya, confiriendo a su autogobierno una asimetría que concluyese con el malhadado café para todos”. Y más adelante, insistía: “Una eventual pero posible disposición adicional 5.ª en la Constitución sobre el estatus de Catalunya tendría parentesco con el sistema de adiciones propias del constitucionalismo más flexible y adaptable, que es el anglosajón, y permitiría un desarrollo de su contenido con mayor dosis de discrecionalidad (no de arbitrariedad) política. Este planteamiento, reformista pero audaz, es, parece, el único que supera aventurerismos e inmovilismos”.
El pasado día 9 de abril, Herrero de Miñón –a las veinticuatro horas de la negativa del Congreso a la delegación de facultades del Estado en la Generalitat para convocar una consulta soberanista– reiteró dos de sus tesis más insistentes y poco atendidas a pesar de su funcionalidad: vayamos a una mutación constitucional por vía de la adición de una disposición y evitemos así una –al menos ahora– improbable reforma global de la Constitución de 1978. Este planteamiento recoge en medios jurídicos de Madrid una alta aceptación, algunos silencios que permiten entrever cierto asentimiento y la negativa pugnaz del independentismo catalán que quiere, sí o sí, una consulta el 9 de noviembre con el guión de dos preguntas concatenadas que atentan contra la claridad. Si de verdad hubiese espíritu de diálogo –y no una campaña de marketing apelando tramposamente a él como mero agarradero dialéctico–, CiU ya debería estar negociando en el Parlament una nueva proposición para incluir en la Constitución una nueva disposición adicional. No hace falta que la oferte el Gobierno; basta y sobra que la proponga el legislativo catalán, que contaría, esta vez sí, con abundantísimos apoyos y respaldos.
El compromiso de considerar una propuesta de reforma constitucional –y podría ser del carácter de la esbozada por Herrero de Miñón– está claramente reflejado en el discurso del presidente del Gobierno en el pleno del día 8 de abril en el Congreso y recogería casi con seguridad la complicidad de los socialistas y otras fuerzas e invitaría al Gobierno y al PP a considerar muy seriamente su procedencia. ¿Por qué no se emprende esta vía, porfiando en la soberanista, que no prosperará en modo alguno? Los políticos son soberbios y los radicales, obtusos. Y cuando unos y otros se vinculan en un sostener y no enmendar tesis, por inviables que sean, no piensan tanto en la sociedad y en su concordia como en el triunfo de sus criterios, prefiriendo que decaigan en el desastre antes que en la transacción. Esto es lo que está ocurriendo en Catalunya. Enroque tozudo, ilegal desde el punto de vista constitucional e inviable desde el político. De modo tal que en Madrid la previsión de un escenario conflictivo se ha asumido con las mismas dosis de resignación que de determinación. Mucho más, después de comprobar con qué grado de facundia se desafía la legalidad en la que se sustenta el autogobierno catalán, que recoge de su historia el sistema institucional propio con una fortaleza inédita desde la supresión de las constituciones catalanas en los decretos de Nueva Planta.
Andalucía y paro
La comunidad andaluza es la región europea con el más alto porcentaje de parados de Europa. Nada menos que el 36,6%. Y en la franja del desempleo juvenil, supera el 66%. Ambos guarismos son insoportables y delatan que el flujo de transferencias desde otras comunidades hacia Andalucía –la más poblada y la segunda en extensión– y de las que en su momento se produjeron de los fondos de la UE no han transformado en nada la estructura clientelar y la cultura social de aquella comunidad que, pese a esa lacra, sigue impertérrita en sus pautas y usos culturales y sociales, altamente improductivos y escasamente competitivos. Las comunidades españolas donantes tienen derecho a inquietarse: una cosa es la solidaridad y otra el subsidio permanente.
Andalucía y corrupción
En todas partes cuecen habas, pero en algunos lugares lo hacen a calderadas. Como en Andalucía. No parece bastante bochornoso el fraude corrupto de los ERE cuando emerge otro escándalo: desvío de decenas de millones destinados legalmente a la formación de parados. La sociedad que más precisa empleo cualificado observa atónita, como el resto de España, cómo parte de la clase dirigente andaluza se lucra con el dinero que trata de corregir sus lacras. Si a estas corrupciones indignantes se suma el desempleo, ¿cómo entender que el socialismo allí no se haya desplomado después de más de treinta años de gobierno tan ininterrumpido como ineficaz? Alguien ha dicho, con acierto, que el verdadero problema de España es Andalucía. O sea, su régimen.