"Dejar de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera." Nicolae Iorga
Podemos estar dispuestos a apretarnos el cinturón en beneficio de los españoles que no tienen trabajo, que se encuentran en situación de pobreza o que padecen enfermedades que les impiden cualquier tipo de actividad laboral; incluso hemos aceptado que se recorten salarios, se congelen pensiones o que millones de ciudadanos estén pasando por situaciones precarias a causa de los recortes que han sido necesarios implantar para que el país no llegara a caer en manos de los censores europeos, dispuestos a cebarse en nuestra patria, imponiéndonos las extremas condiciones y sacrificios propios de un rescate.
Pero, señores, hay algo por lo que no estamos dispuestos a transigir, por lo que supone de actividad delictiva, de sinvergonzonería trapichera, de robo al resto de la ciudadanía y de abuso de la confianza que los ciudadanos les otorgamos para que administraran nuestros bienes cuando, a través de los impuestos, deberían estar destinados a ser invertidos en beneficios o servicios a favor de todos los españoles; y es que, para vergüenza de las personas de bien, han aparecido una serie de aprovechados, ladrones de guante blanco, funcionarios o políticos corruptos, que aprovechándose de la crisis económica y de las subvenciones establecidas por el Gobierno para intentar paliar algunos aspectos de la misma, no sólo se han beneficiado de caudales públicos para sus partidos, para sus francachelas y para dilapidarlo en banquetes, drogas y otros despilfarros semejantes, sino que, muchos de ellos no han tenido empacho en enriquecerse personalmente a costa de dineros públicos destinados a ayudas a parados o trabajadores afectados por ERE's .
Ya se sabe que es casi imposible pedir que todos los funcionarios, políticos, cargos públicos, sindicatos o empresarios sean personas honradas y que, un pequeño porcentaje de ellos decida delinquir para vivir lujosamente a costa del Erario público. Sin embargo, lo que se está destapando de un tiempo a esta parte, ya supera los peores pronósticos que se pudieran hacer, de modo que apenas nos reponemos de una información sobre un caso de supuesta corrupción, como fue el caso Gürtel, que ha ensombrecido la credibilidad del partido en el Gobierno cuando, precisamente, los socialistas se jactaban de su honradez y meticulosidad en el manejo del dinero de los contribuyentes; una cascada de malas noticias los han puesto en el paritorio de la policía, que ha denunciado nuevas corruptelas que, en esta ocasión, les afectaban a ellos o a su sindicato, la UGT.
Si al principio fueron denuncias sobre los ERE fraudulentos de Andalucía, uno de los mayores casos, en democracia, de apropiaciones de subvenciones destinadas a trabajadores afectados por los ERE ( también se beneficiaron del delito una serie de supuestos trabajadores que, sin trabajar en las empresas afectadas por los expedientes, habían sido incluidos en las listas de beneficiarios); posteriormente han sido denuncias referentes a cursos de formación de parados que, tanto sindicatos como empresarios, simulaban que se llevaban a cabo para beneficiarse de las cantidades que el Gobierno les asignaba para ello. O bien simulando que se llevaban a cabo sin que ello fuera cierto o bien, realizándolos de una forma simulada que no cumplía con las normas que se exigían para que tuvieran validez y efectividad; todo ello con el fin de recibir fraudulentamente las subvenciones previstas para ellos.
Finalmente, se vuelto a abrir la caja de los truenos para el PSOE, esta vez en Castilla-La Mancha, en cuya comunidad, según el diario El Mundo, durante el mandato del señor Barreda, se produjo otro caso escandaloso de una financiación ilegal del PSOE en Castilla-La Mancha, que apunta también a implicaciones a nivel nacional. Se habla del señor Emiliano Garcia Page como la persona encargada en temas de comunicación y puesta en escena de las medidas y los actos que están relacionados íntimamente con lo que se especifica en la información periodística. Es evidente que, si se confirmaran las acusaciones de El Mundo, este caso, denominado caso Cuadrifolio, sería el equivalente del caso Gürtel del PP, sólo que, en esta ocasión, afectaría de lleno al PSOE; por cierto que en un momento especialmente inoportuno para la candidatura de la señora Valenciano, que se ha pasado todo sus últimos mítines cargando contra el PP y mencionando los casos de presunta corrupción que atañen a dicha formación política.
En cualquier caso, no serían más que otros casos que añadir a los que afectan a la familia Pujol en Barcelona, o al señor Iñaki Urdangarín y la infanta o a los otros cerca de 1.500 casos en los que aparecen como imputados políticos y funcionarios, pendientes de que los jueces dicten sentencia.
La sensación que nos produce, a los simples ciudadanos de a pie, es que la imparcialidad de la Justicia, visto lo visto, no parece quedar muy bien parada cuando vemos, asombrados, la cantidad de casos en los que están implicados personajes de Sindicatos, partidos políticos, funcionarios (incluso de la Administración de Justicia, por ejemplo, el de juez Elpidio Silva por supuesta prevaricación), sin que la responsabilidad de aquellos que debieran preocuparse porque estas conductas delictivas no tuvieran lugar; aquellos que tienen la obligación, in vigilando, de velar porque los dineros públicos sean destinados a sus fines específicos, parezca que sea tenida en cuenta, salvo en raras ocasiones, como es el caso de las repetidas imputaciones de la juez Alaya hechas a los señores Chaves y Griñán, ambos ex presidentes de la Junta de Andalucía y, aún en este caso, la cantidades de impedimentos, descalificaciones y desautorizaciones provenientes de la propia Audiencia Provincial de Andalucía y del CGPJ; que más parecían estar a favor de los supuestos imputados que de apoyar la empresa, verdaderamente faraónica, llevada a cabo por la juez.
Vemos desproporcionada la labor de Hacienda y su meticulosidad en poner recargos, sancionar, multar y perseguir a los pequeños contribuyentes; a los que cada vez se les obliga a utilizar medios, para hacer sus declaraciones, que suponen unos conocimientos que una gran parte de la población, debido a la rapidez con la que los adelantos en materia digital se van produciendo, no tiene o, si los tiene, no están a la altura de lo que se les pide que hagan. Choca con la exquisitez mostrada por la inspección de Hacienda cuando se trata del caso Urdangarín y de su esposa la Infanta. Parece que, en este caso, sirve como excusa lo de "la ignorancia de la Ley", algo que, si se hubiera tratado de un simple contribuyente desconocido, mucho nos tememos que ya estaría resuelto con una fuerte multa y pagando todos los recargos correspondientes.
Es evidente que España necesita un baldeo de arriba abajo, empezando por los políticos y funcionarios y creando, cuanto antes, un órgano independiente de Vigilancia, formado por: expertos jurídicos; funcionarios de Hacienda; expertos en auditorías contables; funcionarios de policía especializados en delitos económicos, etc. que pudieran actuar con entera libertad y autonomía, tanto del Gobierno como del resto de poderes del Estado; cuyos nombramientos correspondieran al Consejo de Estado, por mayoría absoluta. Es evidente que no se puede pedir al pueblo español que pague más impuestos cuando una parte de ellos, por ineficacia o falta de vigilancia, van a parar a manos de indeseables que se enriquecen con ellos. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, sentimos irritación ante semejante desmadre.
Miguel Massanet Bosch