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Después de Washington, Bruselas es el segundo centro de poder político del mundo donde más grupos de presión se arremolinan para tratar de influir en las decisiones de los legisladores. De hecho, se calcula que hay cerca de 30.000 ‘lobbistas’ trabajando entre la Comisión y el Parlamento Europeo, una cifra equivalente al número de funcionarios del Ejecutivo comunitario y, desde luego, muy superior a la que se extrae del actual Registro voluntario de transparencia, que apenas sobrepasa los 6.000.
Unión Progreso y Democracia considera que los grupos que actúan en defensa de intereses no solo ciudadanos, sino también sectoriales y empresariales, cumplen un papel beneficioso en la toma de decisiones, en el sentido de que sus conocimientos sobre un determinado sector siempre son de ayuda para asesorar al servidor público. Pero entiende también que los actuales mecanismos control y de transparencia son insuficientes, especialmente en el Parlamento Europeo. Por ello, en su programa para las elecciones del 25 de mayo, la candidatura magenta insiste en la necesidad de regular apropiadamente la actividad de estos grupos, con propuestas que incluyen un registro obligatorio de lobbies y un código de conducta acorde a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción.
Durante toda la legislatura, el eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, ha apoyado desde su escaño todas las iniciativas encaminadas a aumentar esa transparencia. La última, precisamente, fue aprobada en el pleno del mes pasado, cuando la Eurocámara realizó una serie de recomendaciones sobre esta materia como restringir a los lobbies no registrados el acceso a los edificios del Parlamento, establecer incentivos para fomentar la participación en el registro de transparencia y reforzar la estructura y la dotación de personal del mismo.
También recientemente, la número 4 de la candidatura magenta, Beatriz Becerra, reiteró la intención de UPyD de luchar para que el próximo Parlamento Europeo apruebe un registro obligatorio de lobbies. “Lo principal para saber de qué hablamos es que se identifiquen los lobbies”, dijo en un debate sobre este tema.
A pesar de sus lagunas, la legislación europea en materia de grupos de presión está a años luz de la existente en España, donde ni siquiera existe un registro voluntario de lobbies. Por ello, a principios de año, Unión Progreso y Democracia registró una batería de preguntas en el Congreso para saber qué va a hacer el Gobierno para evitar la llamada “puerta giratoria” de diputados y senadores, así como de diputados autonómicos y concejales, una vez que dejan sus cargos.
Ilustración: ¡Que vienen los lobbies!