"Nada se parece más a un hombre que un rey" Carlos XII, rey de Suecia.
El largo silencio que se ha producido desde aquella imputación, libremente aceptada por la infanta Cristina, nos da la sensación como si, sobre el famoso caso Noos y los que fueron sus principales involucrados; hay entrado en un proceso de hibernación, como si alguien estuviera interesado de que no se hablase de ello, no se removieran las cenizas de aquel brasero, en busca de ascuas, y no se echara más combustible para que no se volviera a revivir la llama de la curiosidad ciudadana, sobre un caso que, por las personas que han formado parte de él, por la categoría de los actores principales y por los presuntos delitos que se les imputan, despertaron la alarma, la sorpresa y, finalmente la indignación de aquellos ciudadanos que estaban convencidos de que, hechos semejantes, nunca podrían ocurrir en la Casa Real española.
Sin embargo, señores, todos sabemos que muchos incendios son muy difíciles de apagar si el viento sopla sobre la zona siniestrada. Es cierto, por tanto, que todos los esfuerzos que, evidentemente han existido, por parte de los monárquicos, por el Gobierno y por la misma oposición, en especial el PSOE; para echar tierra sobre tan escandaloso asunto han ido fracasando el uno tras el otro y, aunque se logre reducir el tamaño de las llamas, siempre hay un rescoldo que hace que las llamas recobren su fuerza y amenacen con consumir lo poco que queda de la consideración del pueblo español, hacia el sistema monárquico.
No ha dejado de sorprendernos la noticia (aunque todos ya la intuíamos) que dos escritores han revelado, en una obra conjunta titulada "La intocable, Cristina, la infanta que llevó la corona al abismo", algunos hechos que, de ser ciertos, pueden poner en una posición incómoda y desairada a los protagonistas de ella. Se habla de una reunión secreta que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, en la que estuvieron presentes S.M el Rey don Juan Carlos; el presidente del Gobierno, señor Rajoy; el ministro de Justicia, señor Gallardón y el Fiscal General del Estado, señor Torres Dulce. Motivo de la misma: estudiar los medios para evitar que la infanta Cristina pudiera quedar atrapada en el proceso que pone a su marido, Iñaki Urdangarían, a las puertas de ser condenado por una serie de delitos por los que parece tiene bastantes probabilidades de que sea condenado.
El que el yerno de los reyes de España sea condenado por una caso de evasión de impuestos y otros delitos que, al parecer, se cometieron valiéndose de su parentesco con la Corona, ya es de por sí bastante grave como para que la popularidad de la Monarquía sufra un importante descenso; pero si en todo este feo asunto quedara igualmente involucrada la propia infanta Cristina, pudiera que fuera el golpe mortal para que la monarquía, incluido el sucesor del trono, príncipe Felipe, quedaran definitivamente desahuciado por el pueblo español para seguir en su cargo. Por ello, se explica que quienes tienen interés, por distintos motivos, de que el sistema monárquico se perpetúe en esta nación, no es raro que se preocupasen por ello. Sin embargo, lo que ya no tendría justificación es que se hubiera intentado buscar un atajo, por medio del cual se utilizaran presiones, consejos, advertencias o cualquier otra triquiñuela, para influir en los jueces en cuyas manos está el caso, para que tomaran resoluciones, se olvidaran de pruebas o fueran devaluadas intencionadamente, para lograr dejar fuera del proceso a la hija del rey. El que Urdangarín cargue sobre sus espaldas todo el peso de la Justicia ya se tiene asumido por los poderes públicos, pero que la infanta Cristina pudiera salir con una condena por participar, colaborar o beneficiarse de los chanchullos delictivos de su marido; esto, señores, no se podría dejar pasar.
Lo malo de todo este dramón es que parece que, los informes que solicitó el juez José Castro de la Agencia Tributaria, para que le aclararan la posible existencia de dos delitos fiscales del señor Urdangarín, cometidos en los años 2007 y 2008; volvieron a confirmar que había cobrado, a través de Aizoon, diversos trabajos que, supuestamente, se hicieron para varias empresas. En ambos casos la Agencia Tributaria corrobora que existen dos supuestos delitos fiscales. Contrariamente a lo que han venido sosteniendo los abogados de la defensa del Duque de Palma (ex Duque de Palma) en sus alegatos, negando la existencia de fraude fiscal, argumentando que las cantidades posiblemente defraudadas no llegaban al límite de los 120.000 euros anuales (a partir de cuya cifra ya se considera delito fiscal) y, en consecuencia, no existía causa contra el señor Urdangarín. La respuesta a la providencia del juez Castro, de 5 de Mayo, de la AT ha confirmado que las cantidades que el señor Urdangarín dejó de ingresar, por IRPF, alcanzaba el importe de 182.00 euros en el 2007 y 155.138 euros en 2008; en ambos casos cantidades superiores a los umbrales de 120.000 euros tolerados para evitar la consideración de delito.
Lo que sucede es que a todos nos queda la duda, duda a la que añade la sensación de injusticia que se produciría si, todo el peso de la Ley, recae únicamente sobre el yerno del Rey y, por cuestiones, que podríamos denominar como "de Estado", pudiera darse la circunstancia de que otros posible partícipes, si no como autores, como cómplices, encubridores, colaboradores necesarios o que se beneficiaron de los resultados de las ocultaciones a Hacienda; resulte que pudieran esquivar la acción de la Justicia. No creo que los españoles, siempre atentos a lo que sucede en este país, en el que tantos casos de corruptelas se van descubriendo, pasaran por alto que por cuestiones de "alta política" de intereses relativos a la necesidad de mantener viva una institución que es evidente que, en el SigloXXI, es una anacronía sin razón alguna de ser, máxime, cuando España tiene una Constitución y, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad a la instauración de la democracia, hoy en día ya somos capaces de elegir el sistema democrático que mejor cuadre a los tiempos modernos en los que vivimos.
En todo caso, si es cierto que se celebró una reunión secreta para intentar darle carpetazo al tema de la imputación o posible encausamiento de la infanta Cristina, y los que participaron en ella no fueron capaces de evitar que, como parece, el tema trascendiese de modo que haya sido publicado en un libro por dos señores que, al parecer, consiguieron hacerse con la información; entonces, señores, deberemos convenir que el servicio de seguridad de la Zarzuela, los empleados o alguno de los que pueden circular libremente por aquel palacio no han sido capaces de evitar que una reunión de tanta trascendencia pudiera salir a la luz. Todo ello suena a chapuza, a intrigas palaciegas, más propias de tiempos de la Regente que de un siglo en el que las naves espaciales visitan otros mundos con toda seguridad.
No podríamos entender que la Justicia, en España, estuviera supeditada al Ejecutivo o a lo que conviniese a la institución monárquica, porque, si es cierto que el Rey goza de inmunidad, ningún otro miembro de su familia tiene derecho a ampararse en ella. O así es como, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, contemplamos con preocupación un posible retorno a las monarquías absolutas, tan malas como las repúblicas totalitarias.
Miguel Massanet Bosch