Cuando, en una nación, todos pretenden gobernar, todos se ven capacitados para decir, a quienes fueron votados por el pueblo para llevar las riendas de la nación, lo que deben hacer, de qué forma y con qué medios o se erigen en improvisados "sabios", valorando las cuestiones desde una óptica estrecha, basada en una visión parcial y en función de unos criterios que pudiéramos definir como "profesionales", sin tener en cuenta otros aspectos de índole moral, ética, cultural e, incluso, de salud pública; es obvio que algo está funcionando mal. Si lo que debería encauzarse, a través de los representantes del pueblo, hacia las Cortes de la nación, se intenta tramitarlo desde enfoques, medios o conductos que no se corresponden con lo especificado por las leyes o mediante la normativa constitucional; todo ello recae en perjuicio del funcionamiento institucional, de los medios reglamentarios y de la confianza de la ciudadanía en quienes tienen la misión de gobernarles y dictar las leyes oportunas.
Podríamos incluir en este caso de extralimitación en los cometidos que le son propios, quizá por un exceso de celo, a la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ( nos preguntamos qué finalidad pueden tener este tipo de asociaciones cuando se trata de funcionarios públicos para los cuales, su único patrón, es el Estado) que, al parecer, han pedido un debate público para tratar sobre la posible legalización de las drogas blandas y la prostitución; con el objetivo, ¡pásmense ustedes!, no de que ello fuera beneficioso para los ciudadanos o porque los informes médicos así lo aconsejaran o, incluso, porque ello contribuyera a alegrar la vida a los ciudadanos desmoralizados por la crisis por la que están pasando; sino porque este sería un medio, a juicio de los inspectores que defienden estas medidas, para aumentar la recaudación fiscal y un remedio para evitar el fraude fiscal en España.
A mi se me ocurre que, puestos a ello, no deberíamos desaprovechar la ocasión para legalizar también la trata de blancas, la explotación de esclavos o, porqué no, la legalización de la cocaína, la heroína y los barbitúricos ya que, si lo que se trata es de conseguir recaudaciones sustanciosas, no hay duda que por su precio de venta, por su difusión y por sus efectos adictivos garantizarían una larga lista de posibles contribuyentes a los que hacerles pagar impuestos que, sin duda, sería una forma extraordinaria de nutrir las arcas públicas. Lo que no acabamos de entender es cómo garantizaría la legalización de tales productos el que las mafias, los camellos, los tratantes y todos aquellos que se enriquecen a costa de la prostitución y las drogas, fueran blandas o duras, iban a estar dispuestos a declarar sus fardos o negocios fraudulentos a Hacienda, cuando hasta ahora les va divinamente trayéndolas de matute.
Claro que, estos inspectores de Hacienda, no son los que tienen que decir lo que los españoles queremos; lo que nos conviene desde el punto de vista moral y ético; lo que la sanidad pública tiene que decir sobre los efectos de una liberalización de las drogas tendrían en la población española; los costes de atención de una creciente población que, ante las facilidades concedidas por el Estado, empezara a consumir drogas y contribuyese a un aumento de morbosidad del país. Todo ello, sin duda, contribuiría a consumir parte del aumento de recaudación que fiscalmente se pudiera obtener, aún en el hipotético caso de que las esperanzas de los que proponen tan singulares métodos, se cumplieran; que tendrían que invertirse en más gastos médicos, medicinas, estancias hospitalarias etc.
Si el caso de las drogas ya resulta poco menos que una sinrazón no lo es menos el de la "legalización" de la prostitución. Sin duda el que estén legalizadas o no, no va a influir en erradicar la profesión "más antigua de la humanidad" y, mucho menos, a que las prostitutas se avengan a pagar impuestos por su profesión más lucrativa. Veamos si nos aclaramos. La prostitución de siempre, ha quedado dividida entre las meretrices de categoría; las esclavas sexuales manejadas por las mafias internacionales y las pobres putas callejeras, a la caza de incautos que les pidan sus servicios en un rincón o dentro de un coche en lo que se podrían denominar "servicios rápidos" o "metisacas" muy difíciles de controlar por los inspectores de Hacienda so pena de que la institución se gaste los cuartos en una extensa red de espías. Las primeras suelen ser "propiedad"
de ricachones que tienen sus sistemas propios para evitar pagar, los segundos seguirán actuando en la clandestinidad porque sus delitos no pueden ser legalizados y las terceras, no hay medio humano para controlarlas y, en su caso, la recaudación obtenida sería ínfima.
Y, al respecto, parece ser que se vuelve a poner sobre el tapete algo que les pone muchos inspectores de Hacienda. Si señores, la figura del "soplón" o delator, confidente, acusica, denunciante, chivato o informador; este repugnante personaje que se vende, hipoteca su honor y envilece lo que toca; parece que se pretende revivirla para ponerla al servicio de Hacienda, algo que nos recuerda los tiempos de la Inquisición de Torquemada, donde estas repugnante criaturas se convirtieron en el terror de ciudadanos, lo mismo que el caso de los jacobinos en la evolución francesa.
El sistema de Estado Policial nos recuerda este tipo de las llamadas "democracias bolivarianas" que, al estilo bolchevique de la KGB, tenía a sus confidentes en cada casa de viviendas para informar a sus superiores de cualquier asomo de lo que ellos solían definir como "traición a la patria" que, en muchas ocasiones, no era más que no ceder al chantaje del sujeto que intentaba sacar provecho de su "cargo". Desde luego, no estamos de acuerdo con que "Hacienda somos todos" en virtud de estas iniciativas de los inspectores, se convierta en un medio más de extorsionar a la ciudadanía, teniendo en cuenta que estamos en un Estado de Derecho que, por falta de vigilancia de quienes debieran haber controlado a bancos y cajas, hemos entrado en una crisis en la que, lo primero que hizo el Gobierno, fue aumentar los impuestos de modo que, hoy en día, somos el país que paga más impuestos de toda la Europa comunitaria. En este plan "Hacienda no es nadie"
Si tenemos que ser sinceros, si nos atrevemos a denunciar semejantes boutades y si creemos que un país democrático no puede utilizar semejantes medios coercitivos; es, sencillamente, porque una sociedad moderna no puede ser chantajeada por el Estado. La función de los inspectores, y por eso cobran, es conseguir por si mismos, con sus visitas, sus investigaciones y sus conocimientos, desentrañar los ilícitos fiscales que se puedan esconder detrás de una contabilidad, de una declaración de la Renta o de las auto-declaraciones del IVA. Nadie se opondrá a que se sancione a quienes defrauden al fisco pero, lo mismo diremos que, el acudir a métodos que nos recuerdan aquellos sistemas medievales para hacer confesar, a los presuntos reos, algún delito por medio de las horripilantes "ordalías del agua ardiente y del hierro candente", contrarios a la ética, a las libertades, al sentido común y a las buenas costumbres, nos parece una práctica denigrante, contraproducente y de peligrosa puesta en práctica porque, si la denuncia es falsa y la persona acusada de fraude a Hacienda es inocente, puede que no se conforme con evitar la multa y decida querellarse contra quien o quienes la hayan acusado falsamente.
Sería conveniente que alguien del Gobierno saliera a explicar lo que piensan en la Moncloa de semejante absurdo. O así es como, señores, desde la óptica del ciudadano de a pie, vemos inquietos estos síntomas de totalitarismo estatal.
Miguel Massanet Bosch