(Publicado en República de las ideas-Caffe Reggio, aquí)
Gente importante del Gobierno se pavoneaba en una reunión con profesionales y empresarios de la facilidad del Gobierno para legislar, la rapidez con las que arman normas que entran inmediatamente en vigor. Los presentes, con experiencia en la materia, se miraban entre asombrados y atónicos por la osadía. Los sucesivos gobiernos han deteriorado la habilidad legislativa con el paso del tiempo y la degeneración de la democracia. Un fenómeno que tiene que ver con la pérdida de calidad de los altos cuerpos del estado (los nuevos abogados del estado son cada año menos competentes y otro tanto para otros cuerpos cualificados) y con el creciente dominio de la acción legislativa y gubernamental por políticos de partido que no salen del ámbito de interés del propio partido y la baja política.
Durante los últimos años del franquismo suplieron la legitimidad por la solvencia normativa, las leyes de aquello años estaban, básicamente, bien elaboradas, redactadas y puestas en vigor. Esa calidad se ha ido perdiendo con el paso de las legislaturas y está llegando al desastre en la actual.
El último decreto ley de medidas económicas con una compleja arquitectura interna que le hace incomprensible sin un biblioteca al lado, que modifica artículos de 26 leyes, tuvo ayer seis páginas del BOE para rectificar errores, unos de redacción, otros de referencia y alguno de contenido. ¿Cómo explicar que de la Presidencia del Gobierno sea incapaz de una edición cuidada de normas importantes? El propio uso del decreto ley para cambiar otras leyes indica mala práctica.
La Ley de Reforma Política de 1976, piedra angular de la actual democracia, con exposición de motivos ocupaba dos páginas del BPOR. Los Pactos de la Moncloa de 1977, esenciales para la salida de la crisis y la modernización de España, ocupaban menos espacio que el último decreto-ley que el Parlamento ha aprobado estos días, y el decreto Boyer de 1985, decisivo para la recuperación posterior no necesitó más de tres páginas.
De entonces acá cada legislatura hace peor trabajo, más complicado, menos comprensible, más sensible a los intereses que ocultan no pocos párrafos. El Gobierno actual merece la medalla al mérito en esa carrera a la mala práctica legislativa; es el que más decretos-ley convalida por período, el que envía textos más largos y enrevesados y el que tiene que publicar más correcciones de errores. Son hechos objetivos, que no inducen ni pesar ni propósito de enmienda; todo lo contrario, sacan pecho y dicen que son los demás lo que lo hacen mal y no entienden nada. Además de torpes, presuntuosos.
La ministra de Sanidad sostiene que sus propuestas han sido las más consultadas pero se olvida de mandarla al Consejo de Estado. Y la Vicepresidenta vicetodo, abogada del estado de corto recorrido, es incapaz de taponar tanta chapuza. La peor ley es la confusa que dura poco; y eso ahora es bastante habitual. El problema viene de atrás, los gobiernos anteriores tampoco fueron muy diligentes, pero el problema es que la deriva es a peor; hoy peor que ayer, aunque mejor que mañana.