"El árbitro considera la equidad, el juez la ley" Aristóteles.
Parece imposible que todo este trabajo haya podido llevarse a cabo por una mujer con la ayuda de la policía y los demás miembros de su juzgado.
Parece increíble que una persona de un aspecto tan frágil, de una mirada distante y serena y de una feminidad que acredita con una evidente coquetería en su forma de vestir y arreglarse, que demuestra que, la pulcritud y buen gusto, no están reñidos en absoluto con la eficiencia, la capacidad y la competencia en el difícil trabajo que le está encomendado. Sus cualidades: el valor, la firmeza, la capacidad de trabajo, el empeño en defender sus decisiones y el no amilanarse ante los intentos de las estancias judiciales superiores, que no le han regateado disgustos, intentos de entorpecer su labor e, incluso, de arrebatarle la instrucción de parte del expediente, para entregarlo a otros instructores; la sitúan como un caso inusual de pundonor y eficacia, verdaderamente sorprendente y ejemplar.
La seguridad en sí misma que viene demostrando en todas sus decisiones y actuaciones; la valentía con la que se ha enfrentado a todos los que la han criticado, han querido asustarla e incluso amenazarla, para que desistiera de la persecución de todos los que han intervenido, directa o indirectamente, en el desvío de fondos públicos destinados a los trabajadores afectados por los EREs de empresas sitas en Andalucía; bastan por si solos para dar fe del temple de esta jueza que, actuando por encima de lo que su profesión le exige, está desbrozando uno de los casos más importantes, más escandalosos y con mayor número de presuntos delincuentes comprometidos de los que se ha tenido conocimiento desde que las democracia se implantó en España.
Ella sola, sin el apoyo de casi ninguna de las instituciones de la Justicia y la evidente hostilidad de la Junta de Andalucía, el PSOE e IU junto a la oposición abierta de los sindicatos, con especial mención a la UGT andaluza, apoyada por el señor Cándido Méndez que, por muchas pruebas que se le presenten de los chanchullos cometidos por los miembros de su sindicato en Andalucía, no da su brazo a torcer, empeñado en negar lo evidente y en acusar a la señora jueza de haber actuado por motivos políticos y no por motivos estrictamente jurídicos. Claro que, el señor Méndez, debiera hacerse repasar la vista porque da la sensación de que no se entera de la mitad de lo que viene sucediendo dentro de su sindicato o, lo que todavía sería peor, que sabiéndolo o intuyéndolo se dedica a mirar hacia otro lado.
El caso es que, durante aproximadamente cuatro años, la jueza andaluza ha desarrollado una labor titánica, ha resistido con inusual temple y firmeza los ataques, manifestaciones, descalificaciones y amenazas de todos aquellos a los que ha ido desenmascarando, desde el momento en que empezaron a aparecer las pruebas de lo que se ha revelado como una de las mayores estafas de la democracia, cuando unos fondos del Estado destinados a compensar a trabajadores afectados por EREs, eran desviados hacia otros capítulos en los que el sindicato metía mano para su propio provecho. Hasta ha tenido que enfrentarse al CGPJ que pretendió que agilizara la tramitación de la instrucción y a la propia Audiencia Provincial de Sevilla que quiso, ya en el mes de marzo de este año, que la causa se elevara al TS con el pretexto de que algunos de los imputados eran aforados. También se intento que la causa se desgajara en varias partes para distribuirla entre distintos juzgados.
A la juez Mercedes Alaya se le habrá podido reprochar que, el caso de los EREs fraudulentos, haya necesitado casi cuatro años para sustanciarse; pero lo que nadie le puede restar ni un ápice del mérito de haber conseguido imputar, a través de sus pesquisas y la colaboración de la policía, a 201 presuntos delincuentes de entre los cuales los hay aforados cuya documentación ya ha sido enviada al TS por la juez Alaya. Y no se trata de chorizos vulgares, desgraciados que se hayan ganado la vida vendiendo cajetillas de tabaco; no, no señores, aquí están incluidos personajes como los ex presidentes de la Junta, señores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos aforados debido a que, el PSOE, ya se ocupó de que, cuando abandonaron la presidencia de la Junta de Andalucía, darles cargos públicos en los que conservar su aforamiento. Tanto es así que, en el escrito en el que la juez Mercedes Alaya eleva al Supremo, quedan incluidos siete personas aforadas ya que, aparte de los dos expresidentes de la Junta figuran 5 exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Ávila.
No irán al supremo, por no estar aforados, otros dos exconsejeros: Antonio Fernández y Martín Soler, a los que acompañará la antigua ministra, Magdalena Álvarez que tuvo que renunciar a la vicepresidencia del BEI. Durante la instrucción del expediente han resultado implicados responsables bancarios como el presidente de Unicaza, Braulio Medel o J.Mª Bueno expresidente de El Monte, así como influyentes abogados como los Bufetes Garrigues y Villasís y conocidos empresarios como José González Mata dueño de Uniter o José María Ruiz Mateos y sus seis hijos. Habrá que añadir a los antes citados a alcaldes socialistas como los de: El Pedroso (Sevilla), Camas (Sevilla, Cazalla de la Sierra (Sevilla) amén de una serie de concejales (5).
Tampoco se han librado los sindicalistas, una veintena de ellos, acusados por su papel por las ayudas investigadas. Aparte del señor José Luis Montesinos, secretario general de FITEQA-CCOO y el exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla de UGT, también están implicados otros 18 sindicalistas de ambos sindicatos. Mencionar al conocido Juan Lanzas que, aparte de labrarse una importante fortuna personal, "colocó" a tres cuñados suyos como "intrusos" en otras tantas empresas para que se beneficiaran de los ERE, aunque no hubieran trabajado en ellas. Lo mismo parece que hizo el ex Director General de Trabajo, señor Francisco Javier Guerrero que colocó a 5 "intrusos" de personas de su entorno. ¡Un verdadero ejemplo del funcionamiento de la Junta de Andalucía y de sus representantes!
Parece imposible que todo este trabajo haya podido llevarse a cabo por una mujer con la ayuda de la policía y los demás miembros de su juzgado. Choca el ver como una jueza, pueda abarcar un trabajo que ha quedado plasmado en más de 200.000 pliegos y que, entre tanto, algunos jueces de la Audiencia Nacional, se dediquen a actuar en temas como el de los "crímenes del franquismo" u otros casos ajenos a lo dispuesto en la nueva Ley de Justicia Universal, que ellos han pretendido desvirtuar actuando de forma tal que, el TS, ha tenido que tirarles de las orejas por haber interpretado incorrectamente lo dispuesto en la mentada Ley. De ello podemos deducir la urgente necesidad de que el Gobierno se decida a entrar a saco en la Administración de la Justicia, poniendo a cada cual en si sitio y eliminando a aquellos que no están capacitados para administrar justicia, volviendo al sistema de oposiciones y eliminando este invento del "cuarto turno" que alguno definió como "un refugio de profesionales fracasados en otras especialidades del Derecho" que, ciertamente, ha aportado más policitación y menos ciencia jurídica a lo que es la Administración de Justicia.
Sería una injusticia que la labor de Mercedes Ayala no recibiera el premio que se merece, ya que son este tipo de jueces los que necesitamos para que la Justicia recupere la confianza de los ciudadanos. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, quisiéramos que se implantase la verdadera Justicia º.
Miguel Massanet Bosch