"El peligro de los representantes del pueblo es que con harta frecuencia se limitan a representarlo en sus defectos…" A. Guinon
Según los ilustrados "La palabra griega "democracia" ("el gobierno del pueblo") fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos (los ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos ni extranjeros) y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad". Ello ya nos da una idea del tiempo que este sistema político de gobierno ha estado implantado en una gran parte de las naciones del mundo, incluso en aquellos tiempos en los que una parte de sus habitantes quedaban excluidos a la hora de elegir a sus representantes, para formar parte de la élite gobernante. El concepto de "democracia representativa" el que parece que hoy en día predomina en la mayoría de gobiernos occidentales, se define como "Sistema de gobierno en el que los cargos o roles políticos protagónicos son cubiertos por personas que han sido elegidas por sus conciudadanos para que los ejerzan en su representación, por medio de procesos de votación que aseguran la expresión sin tergiversaciones de la voluntad ciudadana. Otro cargos políticos pueden ser cubiertos a partir de nombramientos por los electos (como es el caso de ministros y secretarios respecto del Presidente, por ejemplo)."
Sin embargo, no son pocos los que, cuando no se ven favorecidos por los votos, quedan fuera del poder o se sienten relegados por su escasa representación en los órganos legislativos, ejecutivos o judiciales, sienten la tentación de utilizar métodos poco ortodoxos ocontrarios a las leyes o procedentes del ejercicio arbitrario de las normas democráticas, para intentar socavar el poder democrático, aunque ello signifique abominar de la misma esencia que la sustenta, como es la voluntad de las mayorías populares expresada en las urnas a favor de una determinada opción de gobierno. Y aquí es donde, las izquierdas españolas, demuestran su verdadero cariz antidemocrático y sus tendencias absolutistas y totalitarias; cuando pretenden suplir la voluntad expresada, mayoritariamente, por el pueblo español en su conjunto, el que comprende a todas las autonomías que forman esta nación, por un truco que consiste en intentar hacer prevalecer el resultado de despiezar la unidad del país para, fragmentada, pretender considerar la voluntad de los ciudadanos de la autonomía, expresada a través de consultas emanantes de los gobiernos o asambleas autonómicos ( nombrados en virtud de las normas constitucionales del Estado) como una expresión "legítima", con valor superior a las leyes estatales y, entre ellas, la propia Constitución española; de tal manera que su resultado pudiera llegar, como se pretende con la consulta catalana, a legitimar un acuerdo de escisión de la autonomía de la nación española.
Y hete aquí que, en estos mismos momentos, como si se hubieran puesto de acuerdo o aprovechando la circunstancia de que el caso catalán ha puesto el tema de moda; en varias de las autonomías españolas se está poniendo sobre el tapete el realizar diversas consultas al pueblo de cada una de ellas, sin que se haya acudido al procedimiento de someter a las Cortes españolas el tema objeto de la consulta, para recabar la consiguiente autorización para su celebración., Si, en Catalunya, se ha entrado en una fase en la que, cualquier intento de darle aliento al procedimiento electoral para la suspendida consulta proyectada para el 9N, se ha convertido en un incumplimiento de la suspensión cautelar del TC; parece que también en el País Vasco, más prudentes, pero igualmente dispuestos a enfrentarse con el gobierno Central, se está pergeñando el borrador de consulta que pudiera llevar a un desafío parecido al catalán; nos aparece, en la insularidad canaria, el señor Paulino Ribero, presidente del Gobierno de Canarias, que aparenta querer añadirse a esta serie de gobernantes comunitarios dispuestos a ponerle las cosas difíciles al legítimo gobierno de la nación.
Si, en los otros casos mencionados, el reto al Estado tiene que ver con la soberanía de España; en el caso del líder canario se trata de un enfrentamiento a la autorización concedida por el Estado español a Repsol, la petrolera española que está interesada en perforar a unos sesenta quilómetros de las islas para averiguar si, en las profundidades, existen reservas de petróleo suficientes para justificar ser puestas en explotación. Dejemos constancia de que el recurso del cabildo ante el TS fue desestimado y que, de resultar positivas las catas que se están practicando, es posible que casi el 50% de las necesidades energéticas españolas fueran cubiertas por estos pozos. El señor Ribera parece que tampoco se siente impresionado por actuar por su cuenta y sin la debida autorización, cuando ya ha fijado para el 23 de noviembre la celebración de la consulta y ya tiene redactado el contenido de la pregunta a la que se deberá responder: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
Aparte del hecho de que, así como está formulada la cuestión con un sí o un no, no se aclara lo que se contesta, debido a que admite diversas respuestas todas ellas de distinto significado; lo que se puede cuestionar es el hecho absurdo de que, por mero interés político, el señor Ribero se atreva a poner la cuestión como una alternativa, cuando lo que es evidente que una cosa no empece la otra. ¿Por qué no puede haber una prospección a 60 kilómetros de la costa y seguir el turismo visitando las islas? Los estudios ambientales, minuciosos por otra parte, no han encontrado motivo alguno para que la explotación fuera causa de disminución del turismo. Pero, señores, es que, desde el mismo punto de vista de la repercusión social suena a chiste el que hable de los beneficios del turismo para las islas cuando, en estos momentos, el desempleo que se registra en ellas alcanza el 32%. ¿De verdad es tan necesario el turismo, en el caso improbable de que se resintiese por causa de los trabajos de Repsol, si resulta que, en plena campaña turística, se mantiene un desempleo tan elevado?
Si resulta que los pozos fueran explotables, es evidente que ello reportaría miles de puestos de trabajos para los habitantes de las islas, un aumento de comercios y establecimientos para atender a la demanda de los cientos de técnicos, directivos y empleados que serían necesarios para la explotación del hidrocarburo, que beneficiarían durante todo el año a los establecimientos de restauración que, en la actualidad, puede que sólo consigan estar ocupados durante los periodos de vacaciones. Por otra parte, si las Canarias reciben los beneficios de subvenciones, por parte del Gobierno, para atender sus carencias, es lógico que, cuando se trata de la posibilidad de que una explotación petrolífera ayudase de forma importante a solucionar el problema energético del país; las Canarias, aparte de beneficiarse ellas mismas, deben colaborar para que el resto de España salga también beneficiada.
El Gobierno debe poner coto a este intento repetido de desestabilizar el país; debe cortar por lo sano estos retos, por parte de algunos gobiernos autonómicos, de chantajear al Estado y olvidarse de que las leyes están para ser cumplidas y no para ser esquivadas mediante actuaciones ilegales. La Ley está para ser respetada y la Constitución para ser aplicada cuando se pone en cuestión la unidad y el funcionamiento del Estado de Derecho. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos en peligro de ruptura la unidad de los pueblos de España. Y no es una broma.
Miguel Massanet Bosch