M. Serraller (Publicado en Expansión.com, aquí)
Los inspectores denuncian que se acumulan 1.661 casos de «esta lacra».
La situación de corrupción generalizada que se está dando en España concentra el debate del XXIV Congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), que se celebra en Bilbao. En el día en que Rato y Blesa declaraban como imputados, la Organización propone 34 medidas de lucha contra la «lacra de la corrupción».
Este colectivo detecta tres problemas: la dificultad de investigación de estos delitos, que tiene como consecuencia que los que se descubren se deben a casualidades o a denuncias; la falta de condena e ingreso en prisión; y la escasa recuperación del dinero.
Los inspectores han blandido como ejemplo un mapa de la corrupción en España que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Muestra que los tribunales instruyen 2.173 procedimientos de especial complejidad. De ellos, 1.661 afectan al fraude fiscal y al blanqueo, pero también a falsedades documentales, prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias o malversación. De estas 1.661 causas, se identifican 302 como macroprocesos por el volumen o por la complejidad.
Respecto de la distribución de casos por comunidades autónomas, figura en primer lugar Andalucía (541), seguida de la Comunidad Valenciana (200 casos), Madrid (153), Canarias (149) y Cataluña (128). A los que se suman los 14 que instruye la Audiencia Nacional y que afectan a más de una comunidad. Las que menos casos tienen son La Rioja (4 casos), País Vasco (7), Navarra (10) y Aragón (12).
Sensación de impunidad
Entre las causas de la lacra, los inspectores destacan, según señalaron en el Congreso, la sensación de impunidad, la insuficiencia de los órganos fiscalizadores, y la ausencia de una política de concienciación social.
Además, señalan la existencia de multitud de órganos con competencias en materia de lucha contra la corrupción: las unidades de la Policía (Udef) y Guardia Civil (Udico), el Ministerio Fiscal, el Sepblac y la Agencia Tributaria.
La conclusión a la que llegan los inspectores es que hay que unificar la lucha contra la delincuencia económica y crear un único órgano que la coordine, la Oficina Nacional Antifraude (ONAF).