Los ciudadanos de a pie, los españoles que vivimos en Catalunya y presenciamos la impunidad y aparente despreocupación del Gobierno español con la que, la Generalitat y sus líderes políticos nacionalistas y separatistas, van progresando y adquiriendo confianza en aquello que ellos califican de "astucia" y otros pensamos que no se trata más que del último cartucho que le queda al señor Mas y a todos los que comparten su apuesta soberanista, para poder convencer a sus seguidores, a los que prometió que se celebraría una consulta por el "derecho a decidir", de que no ha variado un ápice en su política de desafío al Estado español y de que, este nuevo proyecto de una consulta "no oficial", pero convocada por la Generalitat y los partidos soberanistas, es un modo "astuto" de evitar la suspensión cautelar del TC y de sortear lo que pudiera ser, con toda seguridad, una resolución contraria a la celebración de tal esperpento por ser absolutamente inconstitucional.
La realidad de todo este asunto es que, de no aparecer antes del día 9N la que, con toda seguridad, no sería más que otra de estas resoluciones inútiles del TC, debido a que los efectos que pudiera tener el resultado de la seudo consulta al pueblo catalán, con todos su defectos, carencias de garantías y de legitimidad, ya habrían calado profundamente en los espíritus separatistas que anidan en una parte importante de la ciudadanía catalana y, con toda probabilidad, tanto el Omniúm Cultural como la Asamblea Nacional Catalana, con el firme apoyo de la ERC del señor Junqueras, ya estarían clamando por la declaración formal por la Generalitat de la independencia de la "nación" catalana.
No sabemos lo que tendrá en mente nuestro presidente del Gobierno; ignoramos los planes del Ejecutivo para impedir que se celebre esta segunda consulta sustitutiva de la que se anuló (si es que de verdad tiene algunos) y tenemos nuestras dudas, que se van reafirmando cada día más a medida que se acerca la fatídica fecha, de que detrás de todo este teatro no haya un acuerdo bajo cuerda entre el Ejecutivo y el señor Mas, para que éste pueda salvar la cara ante sus seguidores y, después, acuda a las tantas veces mentadas elecciones que, para el Gobierno, serían autonómicas pero que, para los separatistas, se trataría de una consulta plebiscitaria, con lo cual estaríamos de nuevo ante la misma situación de desafío a la unidad de España y un intento desestabilizador de convertir al país catalán en un estado independiente.
El problema de estas cuestiones relativas al independentismo es que, cuando se prolongan excesivamente, cuando se permiten que se enquisten, cuando se deja que las teorías de unos pocos vayan calando en otros muchos, llega un momento en el que, los indecisos, empiezan a identificar los problemas cotidianos, a los que se enfrentan normalmente los ciudadanos, con lo que ellos califican como "obcecación" del gobierno de la nación en perjudicar a los catalanes, en privarles de sus legítimos derechos o en pretender convertirse en un Estado opresor que les "roba" o les impide ser un pueblo próspero, al limitarles lo que, para ellos, serían sus libertades. El error de nuestros actuales gobernantes ha sido no utilizar la amplia mayoría que consiguieron en las pasadas elecciones del 20N del 2.011 para acabar, de una vez, con los primeros intentos de enfrentamiento de algunas autonomías con la autoridad del Estado.
No se actuó con eficacia, no se tomaron las providencias adecuadas y se permitió que, en Catalunya, se abusara de sus prerrogativas estatutarias, se incumplieran las sentencias de los tribunales y se hiciera caso omiso de las débiles réplicas del Gobierno Central a su actitud levantisca y revolucionaria. Demasiados miedos, demasiada tolerancia y demasiado "diálogo" inútil y contraproducente, que no han conseguido otra cosa que el que hayamos llegado a la actual situación en la que los remedios, si es que se atreven a aplicarlos, ya deberán ser de un calado evidentemente más traumático y tajante, con todas las consecuencias que para el orden y seguridad de los ciudadanos puedan derivarse de ello.
Un Gobierno silente, a la defensiva y, evidentemente, acosado desde varios frentes (entre ellos el grave problema de la corrupción) que le impiden contar con el apoyo de los partidos de la oposición, especialmente, de la de la izquierda, que ya está intentando sacar provecho electoral de las dificultades por las que pasa aunque, con la boca pequeña, se muestren contrarios a los planteamientos separatistas; en estos momentos se encuentra en peores condiciones para enfrentarse, con todos los resortes que le permite la Constitución, a un sentimiento que, por desgracia, se ha ido extendiendo a través de los últimos años hasta convertirse en algo más que un simple desacuerdo de orden administrativo o pecuniario, para alcanzar la dimensión de ser considerado como un ataque frontal a los catalanes, un agravio nacional, al que están dispuesto a enfrentarse. ¿Cómo?, ¿hasta qué punto?, ¿con qué medios o con qué resultados? Esto señores, de momento, es una incógnita.
La Generalitat ya ha dado los primeros pasos cuando ha conseguido que miles de ayuntamientos se muestren dispuestos a colaborar; las urnas estén dispuesta y las papeletas con la preguntas, impresas; contando con la colaboración de más de 29.000 voluntarios para apoyar en la consulta. Las instrucciones para ir a votar se han publicado y se trasmiten por radios y TV, ¿qué más hace falta para que el Gobierno de la nación acuda al TC o, simplemente, ordene a la Justicia que haga que se apliquen las leyes que impiden que, desde una autonomía, sus dirigentes, asuman unas competencias de las que carecen, por mucho que hayan pretendido justificarlas por una Ley, la Ley de Consultas catalana, que está en suspenso y que, los artículos que no lo están, no sirven ni pueden ir en contra de lo que, en nuestra Constitución, está definido como contrario a la ley, sin que haya posibilidad de interpretaciones que pudieran dar pábulo a semejantes arbitrariedades.
El empeño de nuestro Gobierno de pretender dulcificar las relaciones del Estado con la comunidad catalana, como se ha venido demostrando a través de los fracasos de los últimos años, no ha hecho más que fortalecer las aspiraciones de quienes ven en ello una debilidad del Estado, que les ha permitido avanzar en sus intentos de autogobierno mientras, con ello, han venido consiguiendo que el resto de España haya seguido contribuyendo a que Catalunya pagara sus deudas, renovara sus famosos bonos "patrióticos" y abonara los correspondientes intereses, al tiempo que empezaban a preparar su propia Constitución, sus instituciones, empezando por su propia Hacienda, y financiase sus embajadas en un buen número de países extranjeros.
No se puede descartar que, la postura de la UE, hasta ahora opuesta a que ninguna nueva nación, que se desgajase de alguno de los países que la integran, pudiera entrar a formar parte de la CE y de su sistema financiero, como ya se le advirtió a Escocia; llegara un momento en el que, por presiones políticas, por cambios de su Parlamento o por motivos de su propia subsistencia, pudiera aflojar la rigidez actual en este tema y favoreciera una actitud más condescendiente con lo que, la actitud poco enérgica del actual gobierno español, acabaría por favorecer posturas nacionalistas ,como la catalana o la del país vasco, que no dudarían en acudir en busca del apoyo a sus correligionarios de las instituciones comunitarias para insistir en sus ideas separatistas.
O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos el temor de que la unidad de España corra peligro de romperse.
Miguel Massanet Bosch