- El Gobierno aprobará mañana el recurso contra la consulta alternativa de Artur Mas
- ESPECIAL Toda la información sobre el sucedáneo de consulta en Cataluña

Artur Mas en la sesión de control del Parlament, el miércoles. / ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)
La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Fuentes de esta institución han confirmado a Efe la aprobación del dictamen, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de mañana viernes.
MÁS INFORMACIÓN
- El Gobierno inicia los trámites para impugnar la consulta del 9-N
- Mas presiona por correo electrónico a 700 alcaldes para que cuaje el 9-N
- La consulta alternativa sobre la independencia divide a los catalanes
- PSOE y PSC discrepan sobre la impugnación de la consulta del 9-N
- Mas exige a las emisoras privadas que emitan publicidad gratis sobre el 9-N
- El Constitucional tiene un precedente de un recurso basado en fotocopias
Los mismos argumentos que el Gobierno de España utilizó para pedir el aval al Consejo de Estado para considerar inconstitucional el decreto de convocatoria de una consulta en Cataluña el próximo 9 de noviembre, los ha vuelto a pedir para "el proceso participativo" de ese día. Este órgano consultivo, a través de su Comisión Permanente, ha analizado las características y, al considerar que son las mismas, avala de nuevo la petición del Gobierno. Su dictamen será incorporado mañana a toda la documentación que estudiará el Consejo de Ministros y que culminará con la petición al Tribunal Constitucional que paralice esa consulta, o "sucedáneo" de referéndum como lo denominan las fuerzas políticas contrarias a la misma. Solo el Estado tiene capacidad para convocar referendos y no las comunidades autónomas cuya competencia para hacer consultas solo se refieren a asuntos locales y no que afecten a toda España. Este es el principal argumento que esgrime el Gobierno.
El Ejecutivo ha hecho partícipe al Consejo de Estado de su tesis de quese dan las condiciones para impugnar "la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Catalunya para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Catalunya el día 9 de noviembre mediante un denominado proceso de participación ciudadana". El conflicto de competencias entre administraciones es el principal argumento que se utiliza, aunque también el Gobierno alude al incumplimiento soterrado de la Generalitat de la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la consulta hasta que estudie el fondo del decreto aprobado por el Gobierno catalán y la ley de consultas emanada del Parlamento de Cataluña.
Después de días de cierta incertidumbre sobre si el Gobierno iba a o no a tratar de paralizar la consulta el pasado lunes dio el paso y fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien lo anunció porque esa consulta "es contraria a la Constitución, perjudica los derechos de los catalanes y no tiene garantías".
Después de la decisión del Consejo de Estado, que se espera favorable a la decisión del Gobierno, queda la redacción del recurso ante el Tribunal Constitucional en cuya tarea ya está la Abogacía del Estado. No obstante, en fuentes jurídicas se da por seguro que el Tribunal no se reunirá hasta el próximo martes; cinco días antes de que los catalanes están convocados a pronunciarse sobre si quieren que Cataluña sea un Estado independiente de España. Los argumentos en contra pueden ser los mismos aunque en esta ocasión el Gobierno no puede incluir la inconstitucionalidad de que participen funcionarios de la Generalitat.