"La traición se comete muchas más veces por debilidad que por un designio premeditado de traicionar" (F. la Rochefoucauld)
El Tribunal Constitucional dictó, a instancias del Ejecutivo, dos resoluciones sobre la pretensión de los catalanes para hacer una consulta por "el derecho a decidir"; mediante la cual se sometían a los catalanes dos cuestiones: ¿Es Catalunya un estado? y, en el supuesto de que lo fuera, una segunda: ¿Es Catalunya un estado independiente? El alto tribunal negó la constitucionalidad de una consulta convocada por la Generalitat y gestionada con todos los requisitos de un referendo de carácter oficial.
Cuando el "astuto" señor Mas salió con su segundo invento, consistente en hacer la misma consulta, con idénticas preguntas, solo que, en este caso, convocada presuntamente por entidades privadas como la ANC y el Omnium Cultural y gestionada por voluntarios no funcionarios, para quitarle el carácter oficial y convertirla en una especie de rastreo de la opinión pública catalana, sin darle la solemnidad ni la categoría de una consulta pública, el Gobierno, no con la celeridad que requería el escaso tiempo que restaba hasta el día de la anunciada votación, el 9N, volvió a recurrir esta segunda intentona de la Generalitat, ante el Alto Tribunal que, como no podía ser menos, dejó claro que tampoco se podía intentar saltase la suspensión decretada para el primer caso, mediante una burda segunda intentona, propuesta con el mismo fin e idénticas preguntas. Hasta este momento daba la sensación de que, al menos en apariencia, el señor Rajoy y su equipo estaban dispuestos a hacer algo para impedir que, como habían anunciado en numerosas ocasiones, el famoso referendo no pudiera llevarse a cabo.
Veamos si dejamos claro este tema: El Gobierno, ante el desafío soberanistas hubiera podido reaccionar (mucho tiempo antes de lo que lo ha hecho, por supuesto) adoptando dos posturas. La primera, intentar llegar a acuerdos con los separatistas de Mas y Junqueras sobre aspectos adicionales que pudieran tener cabida dentro lo recogido en la Constitución española; dejándose para una posterior oportunidad el recurrir a los tribunales si ello fracasaba (no olvidemos que las sentencias de los tribunales españoles que no agradaban al Gobierno de la Generalitat, se ignoraban, no se ponían en práctica ni los fiscales se preocuparon de pedir su ejecución). La otra posibilidad consistía en poner en cuarentena las resoluciones que se consideraban contrarias a ley, de los políticos catalanes, obligándoles a ajustarse a la legalidad y a cumplir a raja tabla con la normativa y las resoluciones judiciales que les afectaban. Utilizando los medios que les otorgaba la legislación vigente.
El señor Rajoy parece que ha optado por un sistema mixto que, como está visto, nos ha conducido a la actual situación en la que nunca el problema catalán había estado tan candente, tan envalentonados sus dirigentes; tan desconcertado el Gobierno central y tan confusos, desanimados, irritados y enfurecidos los españoles, que continúan creyendo que la Constitución española debe aplicarse, por igual, a todas las autonomías españolas sin que, en modo alguno, el Estado pueda permanecer indiferente, apático e inoperante ante el evidente desafío llevado a cabo por los catalanes que, por si fuera poco, los cargos públicos que, en teoría no debían intervenir para no darle carácter oficial a la consulta, han sido los primeros que, a través del señor Rigol y del mismo señor Mas ( ya no hablemos de las bravatas del señor Junqueras de ERC), han querido asumir todo lo referente a la provisión de las urnas, las papeletas, la colaboración en el recuento de los votos y, finalmente, el darles publicidad a los resultados como, en realidad, ha ocurrido. Todo el proceso ha estado perfectamente supervisado desde la Generalitat, aunque, solo aparentemente, la ejecución estuviera en manos de entidades particulares. El propio señor Mas, en un desplante chulesco, se ha atribuido "toda la responsabilidad" de todo lo relacionado con esta consulta ilegal.
No vale que, ahora, el PP quiera decir que era el TC quien tenía que actuar. Esta excusa no tiene más valor que el de confirmar la debilidad del actual Ejecutivo y su deseo de desviar, hacia aquel tribunal, el unánime rechazo del pueblo español y, por supuesto de la mayoría de los que los votamos, pensando que serían capaces de mantener en vigor las promesas que nos hicieron en su campaña electoral; hacia esta actuación cobarde y desleal para la nación española; cuando no se ha hecho nada, no han actuado ni siquiera los fiscales y, los pocos jueces que lo han hecho, han rechazado la mayoría de denuncias de organizaciones, partidos y ciudadanos que han querido que la Justicia actuara para impedir la apertura de las mesas electorales. ¡Mintieron! Y siguen mintiendo cuando ha sido evidente que ni las negociaciones secretas que han mantenido el señor Arriola con el señor Rigor, han servido para otra cosa que para que los nacionalistas advirtieran la mojigatería y debilidad del Gobierno.
En Derecho existe la figura de "reserva mental" que, se puede dar en el ámbito contractual y que tiene lugar "cuando se emite una declaración de voluntad como querida pero internamente se desea otra cosa". En lenguaje más llano se puede decir que existe reserva mental cuando uno de los dos contratantes se reserva, secretamente, la intención de no cumplir el contrato. Aquí señores, no nos queda más remedio que ver un acuerdo soterrado entre Rajoy y Mas, para que el President catalán pudiera salvar la cara ante un proceso que no tenía salida para él. ¿Con qué objeto? Seguramente porque el señor Rajoy y su equipo no tenían lo que hay que tener para decir a los separatistas ¡de aquí no se pasa! El PP de Rajoy ha utilizado de forma torticera el acudir con sus recursos al TC porque, de haber tenido intención de encontrar apoyo legal para aplicar la Constitución y poner en marcha el Art. 155, mandando a alguno de los responsables de la traición a la patria a la cárcel, no hay duda que los dos autos del TC le servían al PP para poner en marcha los procedimientos previstos en nuestra Carta Magna para acabar, de una vez, con la rebelión catalana. El peligro está en que el TC tome nota y, en próximas ocasiones, se lo mire con lupa antes de actuar.
El resultado no puede haber sido más desolador. Porque, señores, si don Mariano pensaba que con esta trampa iba a salir airoso del asunto, no podía haber estado más equivocado. La derecha y el centro español no pueden entender tanta cobardía ni el motivo de que, sin necesidad, se le haya dado tanto fuelle a un nacionalismo que, al fin y al cabo, sólo ha sacado 1.800.000 votos que piden la independencia (de un total de cerca de 6.000.000 de presuntos votantes, es decir no alcanza el 30%). ¡1.880.000 votos pueden ser la causa de que España se rinda vergonzosamente ante los señores Mas y Junqueras! No señores, el PP parece que ha firmado, con este grave error, su liquidación completa, so pena de que dimita el actual gobierno y entre otro, completamente renovado, que lo salve de la quema.
Vamos a ver quien es el guapo que, después del baño de autoestima, seguridad y confianza en sí mismos que acaba de darse el nacionalismo catalán, es capaz de impedir la convocatoria de elecciones para conducir al país a la independencia o, si nos apuran, que el señor Junqueras, en un arrebato propio de su antecesor Companys, se atreva a declarar, unilateralmente, la independencia "dels paísos catalans". Es evidente que el señor Pedro Sánchez, del PSOE, sigue en su estupidez de buscar una España federal, cuando todavía no se ha dado cuenta de que, cualquier remedo a la independencia que piden los catalanes, no tiene futuro alguno. Pero el chico, con ello, pretende perjudicar a su adversario político el PP. Ninguno de los dos partidos, si siguen las cosas como hasta ahora, van a comerse un rosco en las próximas legislativas. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos abatidos el derrumbe de España.
Miguel Massanet Bosch