Resulta impactante ver como se quejan, quienes se han enfrentado a España, por el simple hecho de que la fiscalía pueda interponer una querella.
Nos preguntamos ¿qué era lo que los catalanes nacionalistas esperaban que ocurriera después de su desafío a la nación española del pasado 9N? Cuando se escuchan las declaraciones de sujetos como el señor Homs, con su autosuficiencia, su desprecio por el Estado de Derecho y su desenfado, cuando miente con la misma facilidad con la que cualquiera se tomaría un vaso de agua, no se puede pensar más que, en España, ya no existe autoridad, ni jueces, ni Justicia ni quienes tengan la suficiente valentía para acabar, de una vez, con esta lacra sediciosa que parece ha invadido nuestra tierra y amenaza con acabar con este nación que, hace apenas unos pocos años, era la envidia de toda Europa. O ¿es que el señor Mas y todos los que forman parte de su estado mayor, pensaban que se puede insultar a España, se la puede ningunear, se la puede denigrar y ofender sin que ello comporte una reacción por parte de la Justicia española? Pues, puede que tuviera razón.
Somos muchos los españoles que nos hemos lamentado de que se cerraran los ojos por parte de las autoridades mientras, en flagrante contradicción y desacato a la Constitución y a las resoluciones emanadas del TC (en el sentido de suspender ambas consultas populares convocadas, en fraude de ley, por aquellos que intentan separar a Catalunya de España) cuando el separatismo ha ido actuando con plena impunidad. Con desfachatez y tono de desafío, los separatistas apoyados por la Generalitat, sacaron las urnas a la calle y las colocaran en los lugares arbitrados para celebrar la consulta; una consulta ilegal destinada a cometer un acto ilegal, como era poner en cuestión lo que la Constitución española dispone a cerca de la unidad indivisible de la nación española. Todo ello mediante una consulta convocada por quienes no estaban autorizados por ley para hacerlo, sin que la policía, la Guardia Civil o quien estuviera habilitado para ello como, por ejemplo, los Mossos de Escuadra de la Generalitat, tomaran las medidas pertinente para impedirlo confiscando las urnas, sellando los locales destinados a la votación e impidiendo que, los que fueron a votar (todos ellos, como era de esperar, partidarios de que Catalunya fuera independiente) pudieran infringir la legalidad.
Sin embargo, la "prudencia" del Gobierno, su convencimiento de que la consulta no iba a tener una repercusión importante en el pueblo catalán; el innato optimismo del Ejecutivo que, desde Madrid, han sido incapaces de captar lo que sucede en esta autonomía catalana y la nefasta información que parece que van recibiendo por parte de la infumable señora Sánchez Camacho, claramente incapaz de dirigir al PP catalán y culpable, en gran medida, de la grave situación en la que los catalanes separatistas han colocado a la nación española; debido a los bandazos que ha ido dando en su política catalana (primero colaborando con Convergencia, después reclamando un pacto fiscal especial para Catalunya y, finalmente, ante la evidencia de su fracaso, pretendiendo aparentar que es la mas "dura" en su enfrentamiento con Mas y los suyos); han conseguido que, como se suele decir, "entre todos la mataron y ella sola se murió".
Choca leer los comentarios de la prensa catalana; escuchar las opiniones de periodistas, articulistas y tertulianos, todas ellas coincidentes en criticar a la Junta de Fiscales de Sala de Madrid que apoyó la iniciativa del Fiscal General de presentar una querella contra el señor Mas, la señora Ortega y la señora Rigau, como organizadores y presuntos responsables de los delitos que se pudieran haber cometido en la organización de la consulta. Se habla de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Para todos estos señores parece que no existen motivos suficientes para querellarse con quienes, junto a otros que también deberían haber sido objeto de querella, han estado presumiendo de engañar al TC y de pasarse por la entrepierna las leyes de España y las sentencias de sus tribunales.
Y uno se pregunta ¿es qué no hay nadie en este país que sepa leer los artículos de nuestra Carta Magna, las disposiciones de nuestro Código Penal y las constituciones de todos los países de la UE?, ¿se imaginan que en Francia, Alemania, Holanda o cualquier otra nación de nuestro entorno, se planteara que una provincia pudiera pedir independizarse de ella, la reacción que ante ello tendrían sus respectivos gobiernos? Pues vean, señores, la forma de reaccionar, en nuestro país, de nuestras autoridades; incapaces de actuar con la firmeza que se precisa para cortar de tajo tales movimientos subversivos, ¡pero no cuando ya han adquiriendo demasiada virulencia, cuando las masas ya están soliviantadas engañadas por la demagogia de sus dirigentes y cuando se les haya permitido que, impunemente, hayan hecho lo que les haya venido en gana!
Resulta impactante ver como se quejan, quienes se han enfrentado a España, por el simple hecho de que la fiscalía pueda interponer una querella, que está por ver si será aceptada por el TSJC o se desechará. Es posible que tengan razón los que se quejan de que se haya judicializado demasiado esta cuestión porque, si se trata de un tema simplemente político y de tipo administrativo, ¿ porqué el señor Rajoy y su Gobierno no apeló al procedimiento eficaz y mucho menos complicado de aplicar el artículo 155 de la Constitución, ante un comportamiento evidentemente ineficaz en lo económico, ilegal en el cumplimiento de las sentencias de los tribunales; atentatorio contra los derechos educativos de los ciudadanos y prevaricador cuando han decidido, usurpando funciones del Estado, sobre temas como la celebración de consultas ilegales.
Me pregunto si, un ciudadano cualquiera, se negara a acatar la prohibición del Congreso respecto a una petición que hubiera hecho, la suspensión del TC respecto a la puesta en práctica de aquella petición y, a pesar de todo ello, desobedeciera a ambas instituciones y efectuara aquello que se le prohibió ¿qué ocurriría? Pueden ustedes fácilmente imaginárselo. Estamos hablando de graves delitos contra la unidad de España que, curiosamente, parece que nadie quiere castigar o se atreve a hacerlo. ¿No será que aquello de los pactos secretos y de las conversaciones privadas concluyeron en un acuerdo sobre la ruta soberanista? Todos hablan de solución política, Todos parecen dispuestos a ceder ante el soberanismo para evitarse problemas, Los únicos que, contra viento y marea defienden su postura son los separatistas catalanes. ¿Es este el prólogo de lo que piden los socialistas, un estado federal? Mucho me temo que hay cosas que no sabemos y que quizá en unos pocos meses nos sorprendan.
Lo peor es que, esta España, ya no es aquella en la que todos se sentían españoles, que fueran del color que fueran hubieran muerto por defender su patria, que todos los españoles nos sentíamos un solo pueblo respetando las particularidades de cada región. El error comenzó con las autonomías, con los estatutos que les conferían unas funciones que antes pertenecían al Gobierno. Entraron los socialistas de Rodríguez Zapatero e implantaron sus propias doctrinas, empezando por introducir en la enseñanza sus particulares ideas sobre la familia, sobre la religión, sobre la ética y la moral, sobre la economía y sobre el sexo. A partir de ahí la filosofía relativista se fue apoderando del pueblo español, hasta llevarnos a la situación de hoy en día, en la que nadie levantaría un dedo para defender a la nación y, por raro que parezca, el nacionalismo de algunas comunidades autónomas es más fuerte, más enraizado y, si me apuran, más agresivo que el que confiesan tener muchos españoles respecto a su patria. O así es como, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vemos como el Estado va cediendo ante la amenaza separatista. Mala cosa.
Miguel Massanet Bosch