Ernesto Ekaizer (Publicado en blogs.elpais.com/analitica, aquí)
El Gobierno ha procedido a decapitar al fiscal General Eduardo Torres-Dulce.
Como por la ley de 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno no puede cesar al Fiscal General del Estado con el argumento de que no le gusta, ha pactado que entregue su cabeza.
Ya dijimos aquí que este era el curso de acción a raíz del último de los episodios: la querella contra Artur Más a raíz de la consulta del 9-N.
http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/se-busca-fiscal-general-del-estado.html
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comenzó hace tres semanas la búsqueda de un candidato para ocupar el cargo de Torres-Dulce.
Por esta razón, la salida se aplazó unos días.
No se va Torres-Dulce en defensa de la independencia judicial frente a las reiteradas intervenciones del Gobierno de Rajoy.
El Gobierno le ha destituido de facto.
Como hemos señalado, el desencadenante del cese encubierto ha sido la gestión de la querella contra Artur Mas por parte de Torres-Dulce.
La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, anticipó en un programa de televisión que la querella estaba prácticamente elaborada en la Fiscalía General del Estado y consideró que se tenía "bases sólidas".
El entonces fiscal general del Estado reaccionó con irritación.
Podía presentarla desde Madrid pero prefirió que fuera la Fiscalía del TSJ de Cataluña la que analizara la situación y decidiera en consecuencia. Sin embargo, dicha fiscalía rechazó la idea de presentar una querella en la que, según sus miembros, no había indicios de delito. Torres-Dulce, después de esta negativa, consultó a la Junta de Fiscales de Sala y envió la querella desde Madrid.
Pero no ha sido el único punto.
Uno de los enfrentamientos más recientes giró en torno a Gürtel.
El pasado 26 de noviembre, tras conocerse el auto del juez Ruz sobre la conclusión de la pieza separada Gürtel 1999-2005, a Torres-Dulce se le preguntó si compartía la calificación del juez y las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, respecto a declarar partícipe a título lucrativo a la entonces ministra Ana Mato.
El entonces fiscal general del Estado contestó que, en efecto, compartía esa calificación. Porque dicha calificación fue la conclusión a la que llegaron las dos fiscales y el juez.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al referirse al asunto el 2 de diciembre pasado, explicó que la resolución del juez Ruz "no es de recibo" y añadió que la figura de partícipe a título lucrativo, que Ruz aplica a Mato y también al PP, era un asunto "cogido por los pelos".
La decisión de destituir/decapitar, con el consentimiento del afectado, a Torres-Dulce ha tenido lugar a pesar de los esfuerzos del fiscal de plegarse a importantes presiones gubernamentales y del PP. Este fue notoriamente el caso del cese de Martín Rodríguez Sol, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un amigo de Torres-Dulce, por llevar adelante la investigación sobre una operación encubierta del Ministerio de Interior en torno a un borrador de la UDEF sobre asuntos de corrupción en Cataluña, de noviembre de 2012.
Finalmente, unas declaraciones de Rodríguez Sol sobre la necesidad de buscar un encaje para un eventual referéndum catalán llevó a su destitución en marzo de 2013 por Torres-Dulce, pese a ser éste último padrino de uno de los hijos de Rodríguez Sol.
Hay que situar el desenlace de la salida de Torres-Dulce también en el marco de la llamada Operación Ruz, a saber, la decisión de Carlos Lesmes, aprobada por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el pasado 9 de diciembre, de sacar a concurso la plaza que ocupa en comisión el juez Ruz y afectar así la marcha del proceso de instrucción del caso Gürtel.
La decisión condiciona la independencia judicial de Ruz porque está pendiente el auto de apertura de juicio oral, previsto para mediados de marzo de 2015, sobre la pieza separada 1999-2005, y hay muchas diligencias en curso sobre varias piezas separadas adicionales, entre ellas nada menos que la contabilidad B del PP o los llamados Papeles de Bárcenas que exigían, como mínimo, la prórroga, absolutamente legal, de la comisión de servicios hasta su vencimiento de dos años, el 24 de junio de 2015.
Protesta de los magistrados del Supremo
Pero la situación de Torres-Dulce no es la única.
Uno de los magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, anunció el pasado martes, día 16, en un pleno convocado a instancias, disfrazadas claro está, del Gobierno para tratar el tema del descuento de condenas de presos etarras, que iba a dirigir una carta al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que fuese entregada al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Según explicó, quería manifestar su rechazo por las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que insinuaba un posible delito de prevaricación por parte de los magistrados de la Audiencia Nacional. Señaló que los que quisieran poodían adherirse a su carta. Ninguno de los magistrados se refirió a su anuncio.
Pero esta mañana, la carta anunciada a título personal fue acogida de manera activa por los magistrados que comenzaron a firmarla esta mañana. Acusan, con lenguaje medido pero sin disimulo, al ministro del Interior de poner en solfa la independencia judicial.
Trece son los magistrados que la han firmado. Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral no han firmado; el magistrado Carlos Granados, emerito, estaba ausente hoy. Y tanto el anterior presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, emérito, como Perfecto Andrés, emérito, también se adhirieron.
Se dirigen a Manuel Marchena en relación a las declaraciones del ministro en las cuales, el pasado 10 de diciembre, consideraba "lamentable" la resolución de la Audiencia Nacional (sección primera de lo Penal) sobre el mecanismo de descuento de condena de presos etarras en aplicación precisamente de una sentencia del Supremo de marzo pasado, en la que fue ponente el magistrado Miguel Colmenero.
El ministro llega a insinuar que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.
Los trece magistrados firmantes (Varela, Maza, Colmenero, Giménez, Ferrer, Conde-Pumpido, Berdugo, Soriano, Palomo, Jorge Barreiro, Saavedra, Monterde y Andrés) no se limitan a denunciar pasivamente las afirmaciones de Fernández Díaz sino que piden a Marchena que informe a Lesmes sobre la "desazón" que sienten por las manifestaciones del ministro.
"Pues bien, quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna al respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos a la Presidencia de esa Sala Segunda [Marchena], que haga saber al Presidente del Tribunal Supremo [Lesmes] nuestra desazón por tales manifestaciones. Asi como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de éste la reracción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denpara que haga saber al presidente del Gobierno recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos", señalan los trece firmantes.
No se recuerda entre los magistrados una carta parecida en la que se plantea una exigencia como la de planteada en el escrito, en el sentido de que el presidente del Gobierno actúe "institucionalmente" para frenar a un ministro.
Lesmes, ¿considerará apropiadas las declaraciones de Fernández Díaz que cuestionan las resoluciones, conforme a Derecho, de los magistrados de la Audiencia Nacional, habiendo estos actuado a su vez en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo pasado?
¿Se excusará Fernández Díaz?
¿Hacia qué lado mirará Rajoy?