Existen muchas formas de presionar a la gente y no todas deberán ser, necesariamente, utilizando la amenaza explícita, el palo en alto o el recurrir al sistema de aterrorizar a la gente a la que se quiere forzar. Se habla, por los entendidos, de la «amenaza emocional» que, en cierta manera, es un sistema, a veces muy sutil, de jugar con los sentimientos ajenos para conseguir de la persona o personas sobre las que se utiliza tan taimado método, que cedan o se sometan a la voluntad del chantajista; en muchos casos sin que el perjudicado o afectado por tal manipulación, se aperciba de que su voluntad ha sido forzada en el sentido en el que estaba interesado el autor de la artimaña utilizada.
Es evidente que, en política, todo lo que se pretende imponer a la fuerza, de una manera poco sutil, forzando la voluntad del pueblo o apelando a las amenazas, tiene poco recorrido y si, a pesar de ello, se insiste en aplicarlo en contra de la opinión de la mayoría de la ciudadanía, aunque pudiera ser beneficioso para todos y se correspondiera con una necesidad imperativa del país, seguramente tendría un resultado insatisfactorio o acabaría por ser una carga excesivamente pesada para el gobierno que se hubiera valido de tal procedimiento. De ahí la necesidad, muchas veces no entendida por los gobernantes, de intentar comunicar al pueblo con la máxima claridad, llaneza y cuantas veces fuere necesario, los motivos, causas, circunstancias y la oportunidad de tomar aquellas decisiones, en apariencia, tan contrarias al sentir de la ciudadanía.
No obstante, la democracia, este sistema político que tanto ha sido ponderado desde las derechas a las izquierdas; para ser eficaz, para conseguir resultados positivos y llevar a la práctica lo que la voluntad de la mayoría les ha pedido a sus mandatarios, a través del voto en las urnas; debe tener necesariamente sus reglas y sus leyes, con el fin de que, los ciudadanos, se vean impelidos a ajustarse a unas normas de convivencia, a un respeto por las libertades de los demás y a una Justicia que impida que unos se aprovechen, atenten, sometan o saquen provecho injusto, de aquellos más débiles que no sepan, no puedan o estén incapacitados para defenderse de sus tretas maliciosas.
Esto supone que «el gobierno del pueblo por el pueblo» tiene sus condicionamientos, puesto que es evidente que, una nación que fuere gobernada por todos sus habitantes, sería el mayor fracaso y la mayor necedad que un pueblo podría proponerse. Los ácratas han sido los más fieles defensores de este sistema de ausencia de autoridad, de máxima libertad para que todos hagan lo que les parezca sin otra limitación que lo que su cuerpo les dicte. En estos casos siempre acaba por imponerse la ley del más fuerte, que es lo que suele suceder cuando la humanidad quiere regresar a sus orígenes tribales, a aquellos momentos en los que los que dirigían cada tribu solían ser unos dictadores brutales que, no obstante, solían ser los más fuertes, los que mejor sabían cazar, luchar contra las tribus enemigas y conducir a los miembros de su comunidad hacia los territorios mejores de caza. La democracia supone que los ciudadanos tengan opción de elegir a sus mandatarios y ello se consiga acudiendo a las urnas para que, cada persona, pueda expresar libremente, por medio de su voto, en quien ha decidido depositar su confianza. La mayoría de votos concede, a quien ha salido beneficiado por ella, el derecho a ser el que gobierne la nación por un determinado periodo de tiempo.
Para que todo siga por los cauces democráticos se ha establecido la división de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno independiente del resto pero, a la vez, controlado cada uno de ellos por los otros dos. Los que no han salido vencedores de las urnas, contrariamente a lo que suele suceder en nuestro país, tienen la obligación de dejar gobernara a los vencedores, aunque ello suponga renunciar a sus propias ideas y programas. Naturalmente que, a estos, les concierne denunciar, criticar, pedir la revocación y quejarse, mediante sus intervenciones en sede parlamentaria, de los errores o las actuaciones del partido gobernante que, a su juicio, pudieran resultar perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía. Si el gobierno debe ser a favor de todo el pueblo la oposición tiene la obligación de actuar en la misma línea y no sólo en lo que les pueda resultar beneficioso electoralmente.
Dicho esto, no se puede olvidar que en esta nación, en esta España tan puesta en cuestión, vienen proliferando una serie de partidos políticos, formaciones de descontentos, activistas antisistema, grupos separatistas, anarquistas y libertarios de trasfondo comunista que, aunque suelen darse a conocer como demócratas y apelan con harta frecuencia a los derechos de la democracia, cuando actúan ilegalmente en contra del sistema; en realidad, no son más que terroristas políticos cuyos verdaderos propósitos son crear desorden, confundir a los ciudadanos, criticar a los que gobiernan y crear malestar y disturbios en las calles, cuando se saben incapaces de lograr, a través de las mayorías en los colegios electorales, lo que intentan imponer por medio de alborotos públicos o ataques contra las fuerzas del orden.
Hemos tenido ocasión de presenciar como, una vez que el PSOE dejó, por su falta de pericia y por sus errores garrafales de sus gobiernos, a la nación española a los pies de los caballos, a un paso de la bancarrota y a las puertas de un rescate por parte de Bruselas (que hubiera supuesto un verdadero desastre para el pueblo español); algunos partidos con representación parlamentaria, como ha sido el caso del grupo del señor Llamazares, un fanático del comunismo estaliniano o el mismo PSOE que, en ocasiones, se ha comportado deslealmente con respecto al legítimo gobierno de la nación cuando se han encargado, con verdadero ahínco, de poner barrotes en las ruedas de la gobernación del país. Las calles han recogido a grupos antisistema como los del 15M o los que han interferido en la normal marcha de la Ley, como el de la catalana Adda Colau que, con la pretendida escarapela revolucionaria de proteger a los desahuciados por no pagar sus hipotecas, han pretendido interferir ilegalmente en las funciones de la Justicia, en nombre de otra «justicia» apócrifa, decidida unilateralmente por ellos, unas minorías que no son representativas, en modo alguno, del pensamiento mayoritario de los españoles.
Por desgracia, los medios de comunicación pública, guiados por su instinto crematístico y buscando desesperadamente el incremento de la audiencia o lectores de sus medios, no han tenido escrúpulo alguno, cuando no han promovido intencionadamente, en apoyar a estos grupos levantiscos, dándoles presencia en los programas de opinión, en los artículos de prensa y en todos los lugares desde los cuales les ha sido fácil hacer propaganda de sus opiniones que, si en algo se caracterizan, es en que no son programas verdaderos de gobierno, sino un cúmulo de ofertas de mejoras sociales, promesas igualitarias y de mejora de vida, imposibles de conseguir cuando, y ahí está la maldad de sus actuaciones, ellos conocen perfectamente que lo que ofrecen es inalcanzable y no es más que un truco malicioso para que la gente los vote y, cuando estén en el poder, actuar como lo vienen haciendo los gobiernos totalitarios de Irán, Venezuela, Bolivia y el resto de gobiernos bolivarianos de Suramérica ( a los que ellos vienen aconsejando y recibiendo compensaciones económicas a cambio) en los que las oposición ha sido silenciada y los ciudadanos privados de los más elementales derechos democráticos. O así es como, señores, como desde la óptica de un ciudadano de a pie, se contempla como, parte de nuestros conciudadanos caen inocentemente en las trampas de estos corsarios de la política.
Miguel Massanet Bosch