EDITORIAL
En un paisaje de amenazas, el Estado de derecho debe encuadrar la prevención del terror
Recortar las libertades públicas para mejorar la seguridad es un planteamiento demasiado ambiguo. Los Gobiernos presionan para ampliar sus capacidades preventivas frente a la amenaza yihadista que pesa sobre Europa, pero el problema consiste en concretar lo que esto quiere decir. España cuenta con la suficiente experiencia en la materia como para saber que las libertades del conjunto de la población deben mantenerse al tiempo que se identifica, vigila y neutraliza a los terroristas.
Es verdad que Europa no se enfrenta ahora al problema de descubrir y controlar a los componentes de una organización como ETA, sino a múltiples células de obediencia confusa y cuyos integrantes no dudan en hacerse inmolar, llegado el caso. La lucha es diferente, si bien exige medidas con amplio consenso político y los debidos controles judiciales. Esas condiciones son válidas tanto para los ficheros de pasajeros de líneas aéreas como en lo que se refiere a la cooperación requerida a los operadores de Internet para que identifiquen contenidos de incitación al odio y al terror. La investigación policial tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, sin olvidarse del contrapoder (normalmente, judicial) llamado a dar garantías a los ciudadanos sobre el buen uso de las capacidades de acción que se atribuye al poder ejecutivo.
Asistimos a incitaciones para restablecer los controles de las entradas y salidas en el espacio Schengen, que hasta ahora asegura la libertad de circulación en 26 Estados. Hay que decir claramente que el problema no es Schengen. Lo que Europa necesita es una Agencia de Investigación a escala europea, quizá un organismo similar al FBI estadounidense. Los Gobiernos pasan de puntillas sobre este importante asunto, porque desean reservarse el espionaje y la defensa, instrumentos imposibles en manos de Europa mientras no exista una unión política.
Lo que está inmediatamente a su alcance es la sistematización del intercambio de la información policial y de inteligencia recogida en cada país. Si existen miles de yihadistas, hay que impedirles la libertad de deambular entre los países europeos o la de ir y venir a zonas de entrenamiento terrorista o áreas de guerra. Alemania ha decidido invalidar los pasaportes y documentos de identidad de los sospechosos, y la Comisión Europea está dispuesta a respaldarlo a escala continental. La severidad penal constituye otro aspecto vidrioso cuando se habla en términos preventivos, pero no cabe otra solución que acordar un margen de confianza a las autoridades especializadas en esta lucha.
Aceptar la generalización del miedo sería peor que tomar decisiones encaminadas a mejorar la seguridad. La condición es que no desemboquen en un estado de excepción encubierto, ni que se facilite la construcción de mecanismos de vigilancia de comunicaciones que puedan usarse para robar información de personas, empresas o Gobiernos. Cada medida restrictiva de la libertad debe estar encuadrada estrictamente en el Estado de derecho.