El rey Felipe VI clausuró esta semana una cumbre a lo largo de la cual se agradecieron a los empresarios sus esfuerzos realizados para superar la crisis del coronavirus. "Juntos siempre llegaremos más lejos, pero también en mejores condiciones", aseguró el monarca.
Pues bien, las empresas con ejercicio natural presentarán la declaración de 2019 hasta el próximo 25 de julio. Y en este sentido, Gestha identifica las operaciones de planificación fiscal internacional como la utilización de instrumentos o estructuras híbridas, la adquisición de participaciones con apalancamiento financiero, los territorios de fiscalidad ventajosa, los precios de transferencia, las operaciones de reestructuración empresarial o los pagos de dividendos y cánones con «conduit companies» (sociedades interpuestas que se benefician de un Convenio) o la exención por dividendos o plusvalías como las causas del agujero en las cuentas públicas y de la discriminatoria tributación respecto a las PYMES, especialmente tras el aumento del gasto público necesario para Sanidad y las ayudas y subvenciones a personas y a empresas para paliar la crisis motivada por el COVID.
Por ello, las grandes empresas deberían demostrar su responsabilidad con la sociedad mediante el pago de impuestos, especialmente en estos momentos en que muchas compañías y sectores afectados por la crisis económica del COVID están solicitando ingentes ayudas públicas.
La culpa es de los 5.397 grandes grupos empresariales, cuya carga real del impuesto sobre Sociedades se encuentra por debajo de la mitad que la que soportan las pequeñas y medianas empresas
Sin embargo, la realidad es tozuda. Y nos muestra que las empresas siguen ingresando 21.000 millones de euros menos al año que en 2007, a pesar de que los beneficios empresariales, antes de impuestos y tras los ajustes intragrupos, se han recuperado un 23,3% en ese mismo periodo de tiempo.
De esta manera, la recaudación de Sociedades en 2019 continúa desplomada un 47%, siendo el único impuesto que no ha recuperado la recaudación previa a la anterior crisis económica.
La culpa, fundamentalmente, es de los 5.397 grandes grupos empresariales, cuya carga real del impuesto sobre Sociedades se encuentra por debajo de la mitad que la que soportan las pequeñas y medianas empresas, debido a que acaparan el 75% de los 466.990 millones de los dividendos y plusvalías que no tributan en Sociedades, cuyo volumen total está aumentando significativamente en los últimos años.
De ahí que la AEAT debería aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas que mejor están resistiendo a la crisis y muestran su insolidaridad con el impago y la evasión de impuestos. Y, además, sería necesario que, en paralelo, los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) pudieran asumir mayores responsabilidades para ampliar el control permanente con auditorías operativas para promover el uso eficiente del gasto público e indicadores que midan la calidad del servicio, y con un control posterior que permita la investigación de irregularidades y corrupción.