El Partido Popular ya no puede evitar el impacto de la decisión de enviar al banquillo a 40 personas relacionadas con la trama Gürtel, comunicada ayer por el juez Pablo Ruz, que pesará sobre las campañas electorales en el año en que se juega en las urnas todo su poder estatal, autonómico y municipal. Aunque las elecciones generales se celebren antes de la realización del juicio en la Audiencia Nacional, a este partido ya no le queda margen para sostener —como ha hecho de manera persistente— que los hechos investigados son ajenos a la organización y a sus dirigentes.

Por una parte, la resolución de apertura de juicio formula las acusaciones concretas contra 40 personas; por otra, decreta que debe juzgarse al PP por haberse aprovechado de fondos de origen ilícito, que deberá reembolsar, y por los que el juez le reclama que preste una fianza de 245.000 euros —lo mismo que señala otra fianza, más baja, para la exministra Ana Mato—. Entre los enviados al banquillo se encuentran antiguos cargos del partido, entre ellos tres extesoreros de la dirección nacional (Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta), además de exalcaldes populares en ciudades de la Comunidad de Madrid, que han llenado decenios de actividad política. En suma: una vasta trama de corrupción envenena a la derecha desde hace seis años, le deja a la intemperie y le cierra las posibilidades de ponerse de perfil.

Por descontado, nadie es judicialmente culpable de algo hasta que se dicten las sentencias definitivas, lo cual puede tardar varios años en producirse. Tampoco cabe excluir vicios de procedimiento en alguna fase de la larga instrucción de este asunto, susceptibles de aminorar o anular el impacto penal de lo investigado. También es verdad que los hechos que van a juzgarse se refieren solo a los años 1999-2005, y que otras piezas de investigación continúan su curso, de modo que hay más asuntos relacionados con el PP a los que les queda recorrido judicial.

Hemos señalado tiempo atrás que, en las democracias más serias, los principales responsables de una organización política tan afectada habrían salido a dar explicaciones y asumir las consecuencias, permitiendo la defensa de los afectados sin implicar más de lo necesario la imagen del partido. El PP ha dejado pasar todas las oportunidades para hacerlo. Ya no es tiempo de perderse en los vericuetos del futuro procesal del caso, sino de saber cómo se va a gestionar este asunto.

En política carece de sentido quedarse quieto a la espera de que escampe. Los estragos de imagen son grandes, pero también la capacidad futura de un partido enfrentado, por una parte, a una competencia electoral descarnada; y por otra, a un futuro judicial cargado de acontecimientos. El margen de maniobra política puede ser más reducido de lo que creen los que siempre se han empeñado en huir hacia adelante.